Aunque los regímenes dictatoriales neofascistas que impuso Estados Unidos (EEUU) en el Cono Sur culminaron hace décadas, aún persisten pequeños sectores políticos que los defienden, en medio de campañas negacionistas que tratan de ocultar los crímenes de lesa humanidad que marcaron a dichos períodos.
La idea de estas fracciones es borrar, a través de conversatorios, foros, y contenido viral en redes, el prontuario de estos tiránicos gobiernos en la memoria colectiva, para conquistar nuevos votantes.
Una de estas voces es la de Victoria Villarruel, candidata a la Vicepresidencia de Argentina por el partido La Libertad Avanza (LLA), del ultraderechista Javier Milei, ganador de las pasadas primarias en ese país.
Villarruel, quien es es actualmente diputada, organizó en la Legislatura de Buenos Aires un acto provocador el pasado 4 de septiembre que “recuerda” a las víctimas de lo que ella denomina “terrorismo”, que no son más que violadores de derechos humanos del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983). Se trata de autores de miles de asesinatos y desapariciones de la dictadura.
La actividad estuvo organizada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización negacionista que ella misma fundó en 2006, cuando la Justicia de ese país reactivó los juicios por crímenes de la dictadura.
La legisladora suele decir que durante el férreo régimen que el pueblo argentino no fue víctima de un terrorismo de Estado, sino que en aquella época se vivió una “guerra”. Con esta teoría busca hacer ver que la junta militar enfrentaba a células o ejércitos de personas fuertemente armadas, nada más alejado de la realidad.
Ante esto, movimientos sociales, organizaciones a favor de los derechos humanos, partidos políticos y agrupaciones como las Madres de la Plaza de Mayo-Línea fundadora levantaron su voz de protesta y se concentraron en las cercanías del recinto para impedir el acto.
“Estamos aquí para que no se falsee la verdad histórica ni se ofenda la memoria colectiva”, leyó una representante de las Madres, frente a una multitud agrupada en la sede del Palacio Legislativo de la ciudad.
Desde una tarima dispuesta, se leyó el documento previo acordado y un comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, agrupación que aglutina a más de 300 movimientos pro derechos humanos que condenan la dictadura. “Lo importante es la unidad en la acción cuando buscan tergiversar la historia”, dice Adriana Taboada, referente de la Comisión Zona Norte, otro de los organismos que luchan contra la impunidad.
“Hablemos de la mala fe de Villarruel que habla de su padre –Eduardo Villarruel– como un veterano de Malvinas y esconde su rol en el genocidio. La que pide ‘memoria’ (completa) esconde el pasado”, apunta Taboada, citada por Página12.
“No olvidemos que la hoy candidata de LLA lleva muchos años trabajando para la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Aquí no estamos solo frente al negacionismo. Estamos ante una reivindicación lisa y llana del plan de exterminio”, remarcó la activista.
Está comprobado que Villarruel era un contacto del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz – uno de los ideólogos de la “Noche de los Lápices”, operativo de secuestro y asesinato de estudiantes de secundaria- y visitaba la mano derecha de éste en la cárcel, Norberto Cozzani. Asimismo, la prensa local refiere que la actual abanderada de Milei a la Vicepresidencia, también llegó a visitar al asesino José Rafael Videla durante su prisión domiciliaria.
Mabel Careaga, cuya madre fue asesinada, insiste en la importancia de que estos organismos y el pueblo se mantenga movilizado ante el avance de la derecha entre la juventud que, en desconocimiento y sometida a una intensa campaña de desinformación, respalda a Villarruel. “Tenemos la obligación de derrotar al negacionismo y de entender que los discursos de odio son las génesis de los genocidios”, subraya, también citada por el medio argentino.
Ante tan evidentes pruebas de que los militares condenados fueron, junto con EEUU, los autores del secuestro, tortura y asesinato de miles de personas, parece inverosímil que estos sectores continuen consiguiendo apoyo entre el pueblo. La causa de esto radica a una refinada y casi perfecta táctica de manipulación que ha promovido Villarruel desde hace más de 20 años, refiere La Izquierda Diario.
La legisladora es una de las abanderadas de la denominada “Teoría de los Dos Demonios”, término acuñado por los alfonsonistas en la década de los años 80, para intentar hacer ver que la dictadura no reprimía a la población civil, sino que “contrarrestaba” a grupos insurgentes de izquierda, que ellos denominan “terroristas”.
Bajo ese patrón engañoso, ella justifica la represión y, además, exige que el Estado que reconozca como “víctimas” a militares, policías, penitenciarios, empresarios, burócratas sindicales y demás personeros de la dictadura que murieron en enfrentamientos con militantes de las organizaciones de izquierda, aunque la desproporción de fuerza no haya sido la misma. Vullarruel clama “justicia” incluso en circunstancias letales nunca esclarecidas.
De esta manera, y a primera vista, su discurso no parece ser neofascista o incendiario como el de Milei, ya que ha logrado amalgamar y montar un lenguaje retórico, dirigido a instancias internacionales, con el que ha podido hacer ver que los victimarios de hace 47 años ahora son “víctimas”. En un contexto intencionalmente desdibujado, alega ante organismos mundiales de derechos humanos que los represores siempre fueron “antiterroristas”, y así busca la impunidad.
Negacionismo letal
Este mismo método de manipulación emplean sectores extremistas en Chile – que defienden al régimen de Augusto Pinochet-, ante su negativa de suscribir un compromiso en defensa de la democracia y contra la violación a los derechos humanos durante la dictadura, presentado por el mandatario Gabriel Boric, a propósito de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende.
Los líderes y voceros de Renovación Nacional (RN), Unidad Democrática Independiente (UDI) y Partido Republicano (PR), que agrupan a parte de la vieja élite oligárquica nacida al pie de la dictadura, consideran que el acuerdo lo que busca es “dividir”. Agregan que Boric presenta en el texto “una sola visión” o mirada “sesgada” ante los hechos que acontecieron entre 1973-1990.
Estos negacionistas rinden pleitesía a Pinochet, al que han llegado a catalogar como un “gran estatista”. Hace pocos meses, el diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo en sesión: “yo justifico el golpe militar”. Otra legisladora de ultraderecha, Gloria Naveillan, relativizó las agresiones sexuales cometidas por los militares contra las mujeres durante la dictadura, al decir que estas atrocidades se trataron sólo de una “leyenda urbana”.
En este mismo tono se ha pronunciado el neofascista y el varias veces candidato presidencial perdedor, José Antonio Kast, quien expresó durante una campaña: “Pinochet votaría por mí, evidentemente”.
Otro ejemplo ocurrió durante la conmemoración del 40 aniversario del golpe, el 11 de septiembre de 2013. En su discurso oficial, el entonces presidente Sebastian Piñera – que evitó en aquella oportunidad decir la palabra “dictadura”- asomó que Allende abonó el camino para la arremetida.
“El resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y social”, expresó, citado por RTVE.
Luego, en un intento fallido de matizar, agregó: “Ello no significa, por supuesto, que todas las responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron mucho más compartidas de lo que algunos todavía sostienen”.
Otros voceros más radicales ponen en duda la cifra de secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos. Incluso, varios de ellos llegan a decir – igual que sus pares argentinos- que Pinochet luchaba en contra de “terrorismo”.
Está más que comprobado, tanto por investigaciones de organismos nacionales e internacionales que el régimen de Pinochet estuvo marcado por una fuerte represión y genocidio. Años después, el imperio estadounidense reconoció, cínicamente, que ellos fueron los autores del golpe de 1973- como parte del Plan Condor- que dio paso al terrorismo de Estado en ese país, y en otros de la región.
Movimientos sociales, organizaciones de familiares víctimas, partidos políticos y la gran mayoría del pueblo recuerda con mucho pesar este cruento período de 17 años dejó más de 4.000 muertos y 2.000 desaparecidos.
A la par de las conmemoraciones, varias de estas organizaciones se mantienen movilizadas para contrarrestar el negacionismo que intenta ganar cada día más terreno. No obstante, es una tarea cuesta arriba en la era de las redes digitales en la que se impone la post-verdad de las élites que dominan los grandes medios.
Diario Con Vos publicó recientemente los resultados de una pesquisa de la consultora Pulso Ciudadano, a propósito del 50 aniversario del golpe contra Allende. La firma encontró que menos de la mitad de los consultados (47,5%) considera que Pinochet fue un dictador. Tristemente, un poco más de la mitad de los chilenos considera que el condenado por genocidio fue “un presidente”.
