La encarcelación en 2018 del ahora presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, está considerada como uno de los mayores errores judiciales en la historia de ese país. Así lo expresó el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, quien además agregó que dicha operación, supuestamente contra la “corrupción”, fue todo un montaje.
El letrado anuló este miércoles 6 de septiembre todas las “pruebas” recabadas en el marco del mega operativo Lava Jato que destapaba supuestos soborno a políticos, por parte de la empresa constructora Odebrecht. Toffoli alegó que los métodos de obtención de evidencias empleados por el exjuez Sergio Moro y otros funcionarios fueron “heterodoxos e ilegales”, y añadió que la intención de aquel caso era la de “poner a un líder político entre rejas”.
“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones ‘contra legem’ (contrarios a la ley)”, manifestó el juez del STF, citado por varios medios.
Esta persecución judicial o lawfare llevó a la cárcel a Lula de forma ilegal en 2018 por 580 días. En ese año, el líder del Partido de los Trabajadores era el candidato favorito en las elecciones presidenciales. No obstante, la guerra judicial promovida por la oligarquía fue el principal impedimento que frenó su inminente victoria y dio pie al triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro.
El exjuez Sergio Moro y ahora senador fue el encargado de promover Lava Jato. El ahora legislador fue una pieza clave de la ultraderecha brasileña captado por Estados Unidos (EEUU) para iniciar una guerra judicial en contra de Lula.
Toffoli especificó que Moro – ampliamente corrupto y exministro de Justicia de Bolsonaro- incurrió en delitos graves como la tortura psicológica para supuestamente buscar “pruebas” que incriminaran al ahora mandatario. Lamentó que el modus operandi del exjuez dejara “secuelas físicas y mentales” a acusados y testigos, destruyera “activos públicos y privados nacionales” e incluso arrebatara vidas, informan varios medios.
A mediados de la década pasada, EEUU comenzó a reclutar a agentes de las derechas locales – como fiscales, jueces y presidentes derechistas-, con el fin de promover persecuciones políticas o lawfare a líderes de izquierda en la región. El objetivo es lograr una total proscripción o inhabilitación política de estos voceros, con el fin de cerrarles el paso a una eventual victoria electoral.
Fiscal y jueces macristas al acecho
Una de las víctimas de esta táctica ha sido la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), a quien hace un año intentaron asesinar con una pistola, crimen que es investigado y en el que aparecen cada vez más vínculos ligados al expresidente Mauricio Macri (2016-2019) y a otras fracciones políticas neofascistas.
En diciembre pasado, CFK fue condenada a seis años de cárcel por supuesta “corrupción”, en el llamado “Caso Vialidad”, denuncia relacionada con adjudicaciones “irregulares” de obras públicas durante sus dos mandatos (2007-2015). Aunque este caso ya fue sobreseído por otro juzgado, la derecha judicial lo reactivó, acción que contraviene la normativa de Argentina.
El fiscal Diego Luciani promovió el expediente a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes dictaron la sentencia. En medio del proceso – que duró tres años y medio y del cual CFK alertaba que “la sentencia estaba ya escrita”-, tanto Luciani como Uriburu fueron fotografiados jugando fútbol en la casa de Macri, hecho que la defensa consideró como irregular.
Otro de los jueces que está detrás del lawfare contra CFK es Julián Ercolini, quien en octubre del 2022 formó parte de un viaje privado a Bariloche a visitar a una hacienda del magnate británico Joe Lewis, amigo de Macri. En el avión también iban otros magistrados, dos altos funcionarios macristas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dos directivos del ultraderechista grupo Clarín. En unos chats filtrados por Página12, Ercolini intercambia mensajes con sus compañeros y les incita a forjar facturas para esconder la travesía. Tanto el viaje como el accionar del magistrado empañan aun más la imparcialidad de estos jueces ligados a la derecha y que se asociaron para inhabilitar a la exmandataria.
Además de este caso, CFK ha sido víctima de otros cinco lawfare de los que ya ha sido sobreseída de cuatro: “Dólar Futuro”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Memorándum con Irán”. No obstante, jueces derechistas le mantienen abierto el expediente “Cuadernos de la corrupción”, con el que la acusan falsamente de sobornos, entre otros delitos.
Un plan contra el correísmo bien orquestado
Un mecanismo parecido aplicó también la derecha ecuatoriana en contra del expresidente Rafael Correa (2007-2017), hoy exiliado en Bélgica; y su exvicepresidente Jorge Glas, quien salió de la cárcel en noviembre del 2022, tras cinco años de ilegal encierro, debido a la unificación de dos penas de seis y ocho años de prisión en casos políticamente motivados.
El pasado 11 de agosto, el mismo juez Toffoli, quien anuló el lawfare contra Lula, dejó sin efecto las supuestas “pruebas” que involucraron al exvicepresidente de Correa en el caso de Odebrecht. Sin embargo – informa Prensa Latina-, la Fiscalía ecuatoriana refutó que la condena fue lograda “en derecho y con base a abundante prueba” en todo su proceso.
Para que la guerra judicial contra el correísmo tuviera éxito, el expresidente derechista Lenín Moreno (2017-2021) articuló durante su mandato un plan que devengó en el desmantelamiento de las garantías judiciales e imparcialidad de las cortes. En 2018, Moreno desmembró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e instaló uno transitorio (CPCCS-T), a cargo del juez Julio César Trujillo, fuerte abanderado anticorreista. Esta institución autónoma es la encargada de nombrar a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y las Superintendencias, así como ejerce influencia en la designación de fiscales y árbitros electorales. Fue bajo el mandato de Trujillo que el CPCCS-T desconfiguró la institucionalidad establecida y puso a fiscales y jueces al frente de cortes que se dedicaron a activar el lawfare contra la izquierda en Ecuador, con el que han perseguido a casi 15 exfuncionarios de Correa.
