El nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, se hace llamar “anarco capitalista” y libertario. Profesa ser amante de la libertad y enemigo de la estatización. Sin embargo su discurso es engañoso y contradictorio. No hay nada más opresivo que el neoliberalismo que él promueve y para que éste se imponga necesita de un Estado represivo.
A inicios de semana, el mandatario, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras medidas antipopulares del llamado “plan motosierra”, de las que se desprende una devaluación del peso de 50%, paralización de la obra pública, fin de subsidios a la electricidad y transporte a la Ciudad de Buenos Aires, eliminación de la mitad de los ministerios, entre otras.
El primer paquetazo ya se ha hecho sentir en los bolsillos de los argentinos, y lo más probable – como ocurre con toda receta del Fondo Monetario Internacional- es que el impacto pase a las calles. No obstante, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pieza represiva del expresidente Mauricio Macri, ya ha anunciado su plan que busca ilegalizar toda manifestación gubernamental.
“Sepan que si se toman las calles va a haber consecuencias” amenazó este jueves, mientras explicaba el mecanismo opresivo que contradice la libertad de protesta que se supone que profesa su jefe.
La funcionaria anunció que, ante un delito “en flagrancia” vinculado al bloqueo de las calles, podrán intervenir “de manera inmediata las fuerzas federales”, de acuerdo con “los códigos procesales vigentes”.
“Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal (SPF), van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, declaró Bullrich, quien había sido pre-candidata presidencial y que coincidía con Milei por estas políticas represivas.
Las cuatro fuerzas federales de Argentina son: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La titular de Seguridad dijo que buscará aprobar una para establecer nuevas penas, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal, que establece un castigo de prisión de 3 meses a 2 años a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”, cita RT.
Bullrich detalló que las fuerzas represoras tendrán el objetivo de dejar liberado el espacio de circulación. “Se podrá protestar pero en la vereda” o acera. También añadió que serán identificados los conductores de los buses y todo aquel que facilite la tranca.
Los efectivos también estarán vigilantes en las estaciones de trenes, para detectar a “aquellas personas que vayan con materiales que tengan que ser incautados, con palos, caras tapadas u otras formas de cubrir el rostro”, incluso antes de cometer la tranca.
Página12 recoge los puntos sobresalientes del decreto ya publicado en Boletín Oficial este viernes 15:
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales “intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte”, como por ejemplo en las vías de los trenes. Las nuevas normas tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la capital.
- No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías “debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas”.
- La orden es que las fuerzas policiales y de seguridad despejen totalmente la zona en donde se produzca un corte total o parcial.
- En los procedimientos, los efectivos “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con “armas no letales”. Sin embargo, cita el medio argentino, se aclara que esa fuerza será “graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes” y con “empleo de armas no letales”.
- Los agentes deberán “identificar a los autores, cómplices e instigadores” de las protestas. También poner ojo a los vehículos en los que se transportan los manifestantes.
- “Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores” de las protestas “registrados por las fuerzas de seguridad” —como organizaciones formales o informales, gremios, movimientos sociales o partidos políticos— serán “remitidos al Ministerio de Seguridad”. Si hay extranjeros, se mandarán los datos a la Dirección de Migraciones.
- Ahora, el Ministerio de Seguridad “podrá demandar judicialmente” a los organizadores de los cortes, “por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.
- Se “creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones” y de “infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas”.
Sin protección a los DDHH
Al cerrar su discurso, Bullrich dijo que el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público” deroga el “protocolo garantista de Nilda Garré”.
La ministra hacía referencia – según explica a Página12 la periodista experta en temas judiciales Irina Hauser- a un decreto de mayo de 2011, dice en sus primeros párrafos que fue elaborado para “incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado” (por la actuación de las fuerzas de seguridad). La premisa, señala, es garantizar “la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades”; “no reprimir la protesta social” sino activar canales de diálogo frente al derecho “a circular”.
El referido medio argentino consultó a Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien explicó que “la gran trampa del anuncio de Bullrich es que transforma el derecho a protestar en un delito”. “Va contra los estándares internacionales adoptados por nuestra Constitución. Estigmatiza a los sectores populares que sufrirán las consecuencias más perversas del ajuste, criminaliza a madres y padres que marchan con sus hijos en busca de mejores condiciones de vida. Bajo la mentirosa idea del orden, prohíben la protesta social”.
La resolución que derogó Bullrich era muro de contención a posibles casos de brutalidad policial, de violación de derechos humanos y crímenes de Estado, tal y como ocurrió con la Masacre de Avellenada en 2002, cuando la policía asesinó a Maximiliano Kosteki, de 22 años; y Darío Santillán de 21 años, en medio de una protestas por desmejoramiento de la calidad de vida, debido a paquetazos neoliberales como el que hoy aplica Milei.
Hauser refiere que durante la gestión de Bullrich en este ministerio bajo el gobierno de Macri, el protocolo Garré- que priorizaba la seguridad de los manifestantes y el diálogo, canalizado por civiles, no por las fuerzas- estaba vigente, “sin embargo, fue como si no existiera”. La comunicadora enumeró la fuerte represión de la que fue víctima el pueblo durante las protestas contra la Reforma Previsional en 2017, en la que durante dos días las fuerzas de seguridad, al mando de Bullrich, gasearon, golpearon y balearon con goma a manifestantes y legisladores apostados en las afueras del Congreso.
En varias protestas durante el gobierno de Macri “hubo detenciones a mansalva con el falso argumento de «atentado y resistencia a la autoridad» (incluso gente que pasaba por el lugar), hubo decenas de heridos y gente torturada en comisarías. La Gendarmería fue la fuerza estrella de Bullrich. La que persiguió incluso a (Santiago) Maldonado, en una cacería contra la Comunidad Pu Lof. La Prefectura fue la que mató por la espalda a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi”, refirió.
Pueblo contra estado de sitio
Luego de las medidas económicas de Milei y de la oficialización del plan represivo de Bullrich, el ambiente en Argentina se ha tensado y parece que las calles será el próximo escenario de encontronazos, y, seguramente, violencia.
Para el 20 de diciembre, la organización de izquierda Polo Obrero tiene programada una movilización para protestar contra el nuevo gobierno neoliberal.
El líder de la organización, Eduardo Belliboni, aclaró a la radio local que tal vez se produzca otra marcha antes.
“La gente está aterrorizada por el plan de Caputo», dijo Belliboni, quien calificó las medidas de Bullrich como un «Estado de sitio» que debería ser avalado por el Congreso, informa RT.
“Tal vez sean 40.000 personas (en la marcha), va a ser imposible ir por la vereda con esa cantidad de gente. Nos sacarán de la calle e iremos a un juicio”, señaló el dirigente.
Además, Belliboni afirmó – según cita el medio ruso- que las organizaciones no quieren que haya represión ni muertos. Y adjudicó cualquier situación de violencia que se genere a la ministra Bullrich. “Si quiere hacer una carnicería en la calle, entonces el problema lo tiene la ministra, no la gente”.
Foto principal: Emergentes + Hernán Vitenberg para Emergentes (CC BY-NC 4.0)
