América Latina atraviesa una nueva era de gobiernos de derechas. Aunque esta fracción política, al tomar el poder, se caracteriza por implementar modelos neoliberales que empujan a los pueblos a la miseria y desigualdad, en esta oportunidad los enclaves actuales derechistas parecen no tener límites con tal de no dejar avanzar a la izquierda y a movimientos sociales que sí buscan reivindicar los derechos de las clases populares.
Los gobiernos extremistas, así como sus voceros en naciones en donde son oposición, no respetan leyes, tratados y pactos, así como convenios internacionales. Ejemplo de ello son los intentos de la ultraderecha venezolana de imponer como candidata única de la oposición en Venezuela a la inhabilitada María Machado. También está en la lista la pretensión del presidente argentino, Javier Milei, de remilitarizar con soldados de Estados Unidos (EEUU) a Suramérica, así como la irrupción ilegal del gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa a la embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, quien ya gozaba de un asilo político.
Bajo el paraguas de impunidad de EEUU y sus aliados y organismos internacionales a su favor – como la OEA – estos tres ejes (Machado, Noboa y Milei) actúan con todo el cinismo, sin que se les señale o acuse. Están dispuestos a torcer toda lógica y normativa con tal de cumplirle a su principal financista: Washington.
Candidata por la fuerza
Desde hace más de dos décadas, el pueblo venezolano ha oído a María Corina Machado en las noticias. Presentada por las corporaciones mediáticas y sus aliados nacionales como una “gerente, líder e ingeniera competente”, Machado se ha dedicado a intentar socavar al Gobierno Bolivariano, con financiamiento proveniente de EEUU. Con dinero ilegal, esta cabecilla de un sector minúsculo de la oposición, fundó una supuesta ONG llamada Súmate, organización que ha servido de fachada para torpedear el camino democrático de Venezuela y orquestar golpes de Estado.
Bajo la apariencia de toda una “demócrata”, Machado ha prometido a EEUU poder derrocar, ya sea por la violencia o los votos, al gobierno chavista de Venezuela. Para las elecciones presidenciales recientes, la hoy inhabilitada ha activado una campaña internacional, a través de redes y medios, que la presentan como la única aspirante de toda la oposición venezolana. En su discurso, omite nombrar que en el país bolivariano hacen vida varios sectores adversarios al presidente Nicolás Maduro, y, por la fuerza, intenta imponerse como la única “salida” o solución para poner fin al Gobierno.
También evade explicar que su inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos responde a una serie de delitos y hechos que contravienen las leyes de la República, como corrupción y traición a la patria.
El Poder Ciudadano impuso a Machado esta medida en 2015 por estar incursa en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, quien fue uno de los que propició las 930 mal llamadas “sanciones” que constituyen hoy un feroz bloqueo contra Venezuela. A su vez, este asedio facilitó la expoliación de bienes y recursos venezolanos en el extranjero, tales como las subsidiarias Citgo y Monómeros, así como 31 toneladas de oro secuestrados por Inglaterra que se suman a millones de dólares en reservas depositados en bancos en Europa y EEUU.
Machado – una de las voces que ha rogado a la Casa Blanca por más “sanciones” contra Venezuela- ha causado daños en la salud venezolana, al imposibilitar la comprar medicamentos antirretrovirales a más de 60 mil pacientes con VIH-Sida, vacunas para niños y adolescentes y el bloqueo a unas 300 mil dosis de insulinas, recordó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una sentencia emitida en enero pasado, tras una solicitud introducida por el equipo de abogados de la derechista.
Entre los alegatos presentados por el TSJ en esa oportunidad está el incumplimiento de la líder extremista, al artículo 191 de la Constitución, que establece que “los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”, en referencia al puesto que ella aceptó en marzo de 2014 para atacar a su país en la OEA como representante alterna de la delegación de Panamá, por lo cual perdió su investidura como legisladora del país.
Con sentencia firme del Máximo Tribunal del país que ratifica su inhabilitación, Machado intentó violentar las normas e inscribirse ante el CNE para participar en los comicios presidenciales. Frente a esa imposibilidad, la vocera presentó a Corina Yoris como sustituta. Sin embargo, la inscripción de Yoris no fue posible, ya que las dos únicas tarjetas válidas de la coalición autodenominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) eran las de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Mesa de la Unidad Democrática (MUD), agrupaciones que inscribieron a otros aspirantes. Durante este proceso, Machado jugó a la desinformación y confusión entre su militancia, e impuso una falsa narrativa que alegaba que el Gobierno le impedía inscribir su candidatura. Además, Machado se ha dedicado, a ex profeso, a malinterpretar la Ley Orgánica de Procesos Electorales que impide a los partidos ceder su candidatura ya admitida a personas que no fueron previamente seleccionadas. Bajo este relato, con la consigna “hasta el final” -y ventilando unos dudosos resultados de las primarias realizadas el 22 de octubre pasado, en las que ella dice haber acaparado el 92 % de los votos- Machado se encuentra recorriendo el país y promoviendo la violencia, con el fin de sabotear la contienda que ya tiene a 12 abanderados, de los que 11 son de oposición.
Seis personas allegadas a ella, como coordinadores regionales del movimiento que lidera llamado Vente Venezuela, han sido detenidos por estar incursos en cinco planes conspirativos contra el Presidente Maduro y la paz del país.
Entretanto, los grandes medios, EEUU, la Unión Europea y otros gobiernos de derecha de la región han convalidado la matriz que intenta interponer Machado que la presenta a ella como candidata “única” y “absoluta” de la oposición y que su inhabilitación – que está ajustada a la ley- es un “atropello” que va contra el Acuerdo de Barbados, documento pactado en 2023 por el Gobierno Nacional y representantes de una fracción de la oposición para celebrar las presidenciales.
“Yo recibí un mandato del pueblo y lo haremos cumplir”, dijo Machado ante sus seguidores en enero pasado, luego de conocer la sentencia del TSJ. “Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quién es su candidato, punto”, agregó. En sus alocuciones la activista repite frases similares a estas: “No pueden hacer elecciones sin mí”, “la gente decidió que esto va hasta el final porque es una lucha espiritual” y “la lucha es hasta el final”.
A tres meses del evento comicial, el sector de la PUD está fuertemente dividido y baraja todas las opciones para convencer a la egocéntrica Machado dar el apoyo a los dos aspirantes aceptados: Manuel Rosales por UNT y Edmundo González por la MUD. Entre tanto, los otros nueve abanderados opositores estudian también posibles alianzas. Hasta ahora, la mayoría de este sector y sus seguidores se han desmarcado de la violencia de la inhabilitada y se ha mantenido dentro del camino electoral.
Milei da luz verde a tentáculos militares de EEUU en la región
En diciembre pasado, América Latina quedó estupefacta al ver triunfar en las elecciones presidenciales de Argentina al ultraderechista, y autodenominado “libertario”, Javier Milei. Este presunto outsider de la política prometió luchar contra lo que él llama “la casta” – que no es más que la clase política tradicional- y fulminar el Estado para sacar a ese país a flote. No obstante, esta misión no le ha sido fácil, ya que parece que El León no calculó el rechazo a su llamada Ley Ómnibus dado por el Congreso en febrero pasado y el descontento creciente del pueblo en la calle. Frente a estos fracasos, el nuevo mandatario argentino se ha dedicado a fortalecer lazos con ejes de poder que, años atrás, convalidaron y apoyaron a las dictaduras del Cono Sur, como EEUU.
Varios medios reseñan que la intención de Milei es frenar, supuestamente, el avance de China en el sur del continente y darle paso a Washington, su principal socio.
“Lo más importante es mi alineación con Estados Unidos, independientemente que estén en el Gobierno los demócratas o republicanos”, llegó a decir Milei en una entrevista reciente a CNN.
Así, el 4 de abril pasado, el jefe de Estado argentino voló desde Buenos Aires hasta la ciudad patagónica de Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson.
Con traje militar, y frente a Richardson, Milei dijo que “Occidente corre riesgo” y que los argentinos tienen “una afinidad natural” con EEUU, con quienes comparten “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, reseña El País.
“Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada, el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida que convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, agregó.
El mandatario argentino anunció, además, la instalación de una “base naval conjunta” con EEUU, sin aclarar que se tratase de un proyecto nuevo o si el Pentágono participará en la construcción del Polo Logístico Antártico – que tiene un muelle militar en el Atlántico Sur- anunciado por el expresidente Alberto Fernández con anterioridad.
Lo único que está claro es que la legislación argentina prohíbe el ingreso de tropas extranjeras sin la aprobación del Congreso. A su vez, la ley de ese país establece que la presencia militar foránea serán solo por cuestiones de ceremonia, instrucción o ayuda en catástrofes naturales.
En una entrevista ofrecida el 9 de abril al canal web Neura, Milei dijo que la instalación de la base militar estadounidense en Ushuaia era para “recuperar las Malvinas”, un conjunto de islas arrebatadas a este país por los británicos en 1982.
“Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque, al hacer una base militar en Ushuaia (Tierra del Fuego), nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas”, expresó al referido medio.
No obstante, la preocupación principal de EEUU es la fuerte presencia de China en esa región que posee, por una concesión para 50 años, una base espacial en Neuquén (suroeste). El país asiático – junto a otras trasnacionales de Francia y EEUU- tiene también participación en el comercio a través de la Hidrovía, un importante corredor fluvial de más de 3.400 km de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
En este importante espacio geográfico, Milei permitió la presencia de militares estadounidenses, lo que generó preocupación regional.
En 2019 y en 2022, el gobierno derechista de Paraguay, a cargo de Mario Abdo Benítez, intentó promover un convenio similar, que provocó la condena del gobierno argentino y de los gobernadores del Norte Grande. Sin embargo, tras el anuncio de Milei, finalmente Asunción y Washington avanzaron en la elaboración de un Plan Maestro de Navegabilidad con el apoyo técnico de “ingenieros militares” del norte, reseña Página12.
Todo el avance militar estadounidense en la región se ha dado bajo el auspicio de Richardson, quien desde su ascensión al mando, en 2021, ha visitado a presidentes y jefes militares de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, así como ha ido tres veces a Argentina.
En 2023 durante una reunión de Richardson con el Atlantic Council -organización integrada por ex militares estadounidenses vinculados a la OTAN- la generala expresó: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo, está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile (…) Tenemos 31 % del agua dulce del mundo en esta región”. En el video difundido por varios medios agrega la militar: “con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego. Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen (América Latina) los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo”.
Aparte de violentar leyes internas, las gestiones de Milei, que han favorecido al aumento de la presencia de uniformados del Pentágono en Suramérica, contraviene la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz que pactaron los jefes de Estado y de Gobierno en 2014 al término de la II Cumbre de este organismo realizada en Cuba en 2014.
Este novedoso y avanzado documento es una herramienta clave para la solución pacífica de conflictos y defender nuestra soberanía contra el intervencionismo. La ultraderecha que representa a Milei amenaza a este acuerdo que contiene la voluntad histórica de los pueblos de América Latina y el Caribe de identificarse como defensores de la paz.
Noboa, el asediador de embajadas con luz verde de Washington
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no tiene nada que envidiar a su par salvadoreño Nayib Bukele. Ambos son del ala más reaccionaria de la derecha que acostumbran a pasar por encima de las leyes, convenciones y tratados para imponer sus políticas agresivas.
El último ejemplo lo dio Noboa la noche del 5 de abril pasado con el asalto armado e ilegal a la embajada de México en Quito, para secuestrar al expresidente Jorge Glas, quien se encontraba en dicha sede diplomática argumentando ser víctima de un lawfare. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había otorgado horas antes un asilo político al exmandatario – quien se encontraba refugiado desde diciembre en este espacio- y solo faltaba el salvoconducto para su vuelo al país azteca.
La respuesta de México ante el brutal asedio fue inmediata y AMLO decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador.
La secretaria de Exteriores de México, Alicia Bárcena, expresó: “En consultas con el presidente López Obrador, ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”. La alta diplomática añadió que el personal de la embajada – que también fue agredido- abandonaba de forma expedita a ese país y que acudiría a la Corte Internacional de Justicia para denunciar esta violación al Derecho Internacional.
Frente a ello, México recibió un aplastante apoyo en organismos integradores como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), e incluso en el brazo de EEUU para la región: la Organización de Estados Americanos.
Noboa irrespetó, flagrantemente, el artículo 31 de la Convención de Viena que establece que las embajadas son territorios nacionales y, por lo tanto, inviolables.
La brutal acción generó la enérgica condena de 29 gobiernos de la región, incluso de los más derechistas, como Javier Milei de Argentina, Dina Boluarte de Perú y Santiago Peña de Paraguay. Todo lo contrario ocurrió con EEUU, Canadá y El Salvador. Los gobiernos norteamericanos aparecieron rechazando el asalto tardíamente y de manera difusa. En un comunicado, el Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá calificó de “aparente” el asalto y la administración de Joe Biden se pronunció tras un reclamo de AMLO.
Por su parte, Bukele ha mantenido un silencio cómplice que ha dado a interpretaciones dudosas y a falsas noticias que la vocería presidencial salvadoreña ha tenido que desmentir.
Horas después de concretarse el secuestro de Glas, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado que reza que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. Añade que Glas “ha sido condenado con sentencia ejecutoriada (en firme) y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”. De este modo, Noboa justificó una acción al margen del derecho. “Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, añadió el texto, citado por varios medios.
En una entrevista a un medio australiano, el presidente ecuatoriano dijo: “No me arrepiento de nada (…) creo que estamos en el lado correcto de la historia”.
Noboa considera que la Convención de Viena y la Convención sobre Asilo Diplomático, aprobada en Caracas en 1954, deben ser reformadas porque, según él, Glas no es un perseguido político y la protección consular, que a su vez podría conllevar a un asilo, violaría la soberanía de un sistema judicial de un país.
“En ese caso, nos estamos involucrando en la soberanía de un país y en el sistema judicial de diferentes naciones”, alegó.
Entretanto, el líder izquierdista, Rafael Correa, condenó este asalto y dijo que esta acción írrita no tenía precedentes en la historia latinoamericana. Noboa confunde al país “con una de sus haciendas bananeras”, añadió el exmandatario hoy exiliado en Bélgica.
Tras la llegada de Lenín Moreno al poder, y luego de su traición al correismo, exministros, exfuncionarios y líderes de la Revolución Ciudadana han pasado a ser víctimas de persecución judicial por parte de jueces al servicio de la derecha, de la que el también expresidente Guillermo Lasso y ahora Noboa hacen parte.
Glas había sido privado de su libertad en 2017, luego de un proceso plagado de irregularidades y sin pruebas que comprobaran su presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht y el presunto delito de cohecho en el expediente de Sobornos entre 2012-2016.
A finales de 2022, y tras haber cumplido la mitad de su injusta condena, Glas recibió un habeas corpus y salió en libertad. Sin embargo, el lawfare derechista prosiguió y Glas fue citado a responder por otro caso de corrupción asociado a un supuesto mal manejo de recursos para ayuda por el terremoto de Manabí en 2016.
En una entrevista con Página12, Correa expresó que con la era de gobiernos derechistas, Ecuador pasó a ser una paria en América Latina.
“Ya teníamos el prestigio por el piso, porque en los últimos siete años convirtieron a Ecuador en el principal exportador de cocaína de Europa y en uno de los países más peligrosos del mundo, cuando yo lo dejé como el segundo más seguro de América Latina”, explicó el exmandatario. “Ahora además entramos en embajadas y secuestramos asilados… quedamos como un país de bárbaros”, remarcó, citado por el medio argentino.
Asimismo, recalcó que el asalto a la embajada de México confirma que el lawfare está más activo que nunca.
“Me guste o no me guste lo que está haciendo México, sus acciones están respaldadas en los tratados internacionales firmados por Ecuador y deben ser respetadas. Por eso Jorge Glas es la mayor demostración de persecución política, porque ni con un narcotraficante hicieron eso. El narcotraficante más peligroso del país se escapó en frente de sus narices y nunca estuvo en una prisión de alta seguridad ni rodeado de tanquetas, mientras que Glas sí”, comparó.
En la historia reciente, este ha sido el primer asalto armado a una sede consular o embajada. Sin embargo, durante el golpe de abril de 2002 en Venezuela contra el comandante Hugo Chávez, el líder derechista venezolano Henrique Capriles asaltó, con una horda violenta, la embajada de Cuba en Caracas, a la que dejaron incomunicada, sin electricidad, agua y demás servicios.
Y en este contexto cabe recordar que el expresidente Moreno, en un acto servil al imperio británico y a la Casa Blanca, y tras el retiro de un asilo, permitió en 2019 el ingreso de la policía británica a la sede consular ecuatoriana en Londres para arrestar al activista Julian Assange, director de Wikileaks, organización que filtró información que confirmó que soldados estadounidenses violaron derechos humanos en sus invasiones militares a Afganistán e Irak. Debido a esta genuflexa postura del expresidente ecuatoriano – considerada como un vil asalto por los pueblos libres del mundo- el ahora activista corre riesgo de ser extraditado al país norteamericano, en donde le espera una cadena perpetua.
