Organizaciones sociales, sindicales y el pueblo organizado se mantienen en vigilia para apoyar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta un lawfare o persecución judicial impulsado por sectores de la derecha.
La movilización obedece a que este martes 06 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 emitirá su veredicto luego de tres años de un juicio en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron 12 años en prisión para Fernández y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la denominada “Causa Vialidad”.
El expediente –al que se le refutaron las “pruebas”- apunta a supuestas “irregularidades” en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.
En su última intervención, Fernández aseguró estar ante “un pelotón de fusilamiento que tiene por objetivo estigmatizar al peronismo” y alertó que la sentencia en su contra está escrita desde el inicio, indica Prensa Latina (PL).
“Demostramos que los hechos que expusieron son falsos. Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme al derecho, sino cual editorial de los medios Clarín y La Nación”, afirmó a finales de noviembre.
“Hay un partido judicial que sustituyó al militar que impedía expresar libremente la voluntad popular y condicionaba la democracia. (…) Esta causa será estudiada en el futuro como ejemplo de este período tan nefasto en el que los juzgados dejaron de serlo para convertirse en representantes de un sector político”, añadió.
La vicepresidenta llegó a presentar una recusación contra Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, ya que estos mantienen una amistad con el expresidente derechista Mauricio Macri, lo que deja en evidencia la parcialidad de la parte acusatoria. Por estos mismos vínculos, también señaló al fiscal Mola, muy allegado a ahora exfuncionarios y partidarios del partido Propuesta Republicana.
En una entrevista ofrecida a un medio de Brasil, la líder de izquierda alertó que todo se trata de un ensañamiento político, ya que refirió que este caso ya fue indagado por otro juez previamente.
“El juez que investigó este caso (Julián Ercolini) es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país”, dijo.
“La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento. Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”, remarcó.
“Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno de Macri, obviamente habrá una condena”, advirtió.
“Se construye la imagen de un ladrón, imputándome delitos contra la propiedad cuando, en realidad, cuando terminé mi mandato, tenía los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”, añadió la vicepresidenta.
En la entrevista recordó que cuando el expresidente Néstor Kirchner, su esposo, llegó a la presidencia – año 2003- y posteriormente ella fue elegida como mandataria tenía el mismo patrimonio con el que dejó la Casa Rosada en 2015. Su declaración jurada ha sido revisada y certificada por las autoridades.
“Aquí se enfrentó el lawfare desde la altura del poder. Fue un fenómeno regional. El fenómeno del ‘Partido Judicial’ pasó con (Luiz Inacio) Lula Da Silva, con Rafael Correa (expresidente de Ecuador) y pasa conmigo”, expresó al medio brasileño.
Según la agencia estatal Telam, el veredicto de este 6 de diciembre podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, por lo cual no se tratará de una sentencia firme. Su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal de este país.
La Asociación de Trabajadores del Estado de Buenos Aires confirmó que permanece en alerta y sus miembros realizarán una vigilia y convocarán a un paro para denunciar los intentos de proscribir a Fernández y otros dirigentes, señala PL.
En esta misma línea, el diputado y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Yasky, expresó que los sindicatos, movimientos y fuerzas políticas trazan acciones en caso de una condena contra la vicemandataria.
También analizan una respuesta el Partido Justicialista y La Cámpora, organización que agrupa a movimientos de izquierda en Argentina.
Además de la violencia judicial en su contra, Cristina Fernández también ha sido víctima de amenazas de muerte. Recientemente un sujeto gatilló un arma en su cara – que afortunadamente no disparó- con el fin de acabar con su vida. Las investigaciones apuntan a sectores del macrismo involucrados en este atentado como autores intelectuales, lazos que no han querido ser indagados por la jueza María Eugenia Capuchetti.
