El 2 de octubre próximo, el pueblo de Brasil decidirá quién conducirá los destinos de ese país, luego de cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro que deja alarmantes cifras de precariedad social.
Según sondeos sociales, el ultraderechista llevó el país a indicadores negativos de 1990, y volvió a introducir a Brasil en el Mapa del Hambre que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del que ya se había retirado en 2014.
Una encuesta del instituto Datafolha – realizado a mayores de 16 años en 183 localidades- reveló que un tercio de los brasileños no puede adquirir suficientes alimentos todos los días para su familia.
El estudio precisa que la proporción de personas en esa situación pasó del 26 % al 33 % entre mayo y julio, y que el 67 % de las familias modificó los hábitos de consumo a falta de poder adquisitivo.
Otro dato preocupante del informe – que fue reseñado por varios medios – es que las víctimas principales de este problema son aquellos hogares con ingresos menores a dos mínimos (400 dólares), situación que se agrava ante el constante aumento de precios de los alimentos. El más significativo ha sido el del litro de leche que subió 41 % en 10 meses, para posicionarse en dos dólares.
Lula es la esperanza
Esta crisis, silenciada por grandes medios, ha despertado el descontento hacia el candidato a la reelección Jair Bolsonaro, quien se ha encargado de revertir los éxitos sociales de los gobiernos izquierdistas de Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
Ambos líderes se encargaron de redirigir su atención a los sectores más vulnerables, con lo que lograron sacar de la pobreza a 36 millones de brasileños, por solo enumerar un indicador.
Ahora, la realidad es muy distinta. En Brasil, denominada “la principal economía” de Suramérica por las grandes firmas de inversión, 125 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria y 33 millones padecen de hambre a diario.
Sin embargo, el pueblo no pierde las esperanzas de subsanar esta crisis atroz. Es por ello que Lula figura entre los favoritos para las próximas elecciones presidenciales.
El mismo estudio de Datafolha que denuncia con cifras exactas una escalada de hambre, reveló que el 46 % de los encuestados votaría por el líder del PT para el próximo 2 de octubre y solo el 12 % lo haría por Bolsonaro.
Además, el 56 % dijo que el aumento de 75 a 120 dólares del programa Auxilio Brasil (aprobado por el Congreso) es insuficiente y el 61 % consideró que se trata de una medida de Bolsonaro para ganar votos.
Educación en auxilio
Aparte del aumento del hambre en Brasil, el próximo gobierno de Lula deberá centrar también esfuerzos en optimizar la educación, área que ha sido atacada por la pandemia y por las políticas de Bolsonaro.
Además de sospechas de corrupción de los recursos destinados en el ámbito, el actual mandatario se ha dedicado a desmejorar el sistema educativo básico en tres áreas, con la intención de supeditar “la política educacional a intereses ultraconservadores y privatistas”, denunció en 2021 a un medio internacional Denise Carreira, doctora en Educación y coordinadora institucional de Acción Educativa, una organización no gubernamental.
Según la especialista, uno de los frentes de ataque de Bolsonaro es con la reducción del presupuesto a la educación inicial, media y universitaria.
“Una segunda línea de ataque trata de imponer una pauta de costumbres a la enseñanza, basada en un fundamentalismo religioso, que intenta obstaculizar la democracia y temas como género y educación sexual”, destacó la activista, citada por el medio.
Durante la era de Bolsonaro proliferaron movimientos de “escuela sin partidos”, grupos de activistas de extrema derecha que atacan a supuestas escuelas “izquierdistas” y “comunistas”.
Igualmente se priorizaron las escuelas cívico-militares, codirigidas por militares o policías militares, y la enseñanza en el domicilio, advierte el sitio web.
El tercer frente fue subestimar al Plan Nacional de Educación (PNE), aprobado en 2014, y que fijó 20 metas educacionales, como universalizar la enseñanza primaria e igualar la escolaridad entre negros y blancos para 2024.
Según estadísticas oficiales, en 2020, a dos años de inicio del gobierno de Bolsonaro, los blancos tenían 12,4 años de escolaridad, 1,3 años más que los afrodescendientes, que son el 56% de la población de este país.
El PNE fue ignorado por Bolsonaro para dar paso a corporaciones privadas de educación, que ven a la formación con fines lucrativos.
Solo estos dos tópicos son arduas tareas para el próximo gobierno de Lula, quien, al igual que Gustavo Petro en Colombia, genera altas expectativas en los pueblos de la región, en especial en los sectores más vulnerables afectados por el neoliberalismo imperial
