Históricamente, Venezuela no se ha apegado al reconocimiento automático de las sentencias emanadas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque este país es parte del sistema de Naciones Unidas, como otras 192 naciones, y respeta los procedimientos y estatutos del máximo tribunal en La Haya, Caracas siempre se ha mantenido ajena a no reconocer ipso facto los fallos de dicha corte, como hacen también otros 118 países, entre ellos Estados Unidos (EEUU) y Guyana.
La razón principal de esta postura – que está amparada en el artículo 36.2 de los estatutos de la CIJ- es que la soberanía nacional, especialmente los referentes a asuntos de vital trascendencia como la integridad territorial, recae directamente sobre el pueblo y en los Poderes Públicos, cuyos integrantes son elegidos por los venezolanos, tal y como reza la Constitución. Asimismo, dice la Carta Magna, la soberanía se ejerce mediante elecciones libres o referéndums.
Es por ello que en el diferendo territorial con Guyana sobre la Guayana Esequiba, Venezuela ha insistido en no reconocer al máximo tribunal de la ONU, en consonancia con su doctrina histórica de no apego a dicha instancia, y, además, porque Georgetown elevó al mencionado tribunal el expediente de forma unilateral e inconsulta, lo que violenta los principios de esa corte.
Sin embargo, los gobiernos de Guyana y Estados Unidos – tutelados por la corporación Exxon Mobil- pretenden obligar a Venezuela a dar visto bueno a la jurisprudencia de la CIJ y a su vez a que se apegue al carácter compulsorio de sus fallos, de los que ellos mismos se abstienen de asumir como de cumplimiento obligatorio.
La intención es concretar, en abril próximo, el despojo de dicho espacio geográfico de 160.000 kilómetros cuadrados que le fue arrebatado por Londres al país caribeño por el írrito y fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, que fue pactado a espaldas y en detrimento del pueblo venezolano.
En contraparte, y durante toda esta disputa, Venezuela ha reiterado los caminos de diálogo y negociación pacífica con Guyana para encontrar una vía que satisfaga a las partes, tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, que tácitamente da por sentado que el Laudo de hace más de un siglo es fraudulento.
En casi 50 años de relaciones, Caracas y Georgetown mantuvieron los canales de comunicación abiertos. Incluso el 30 de septiembre de 2011, las partes firmaron una declaración conjunta en la que reconocen que la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos Estados seguía siendo un tema pendiente.
No obstante, desde el 2015 – cuando a Venezuela la decretó EEUU como una “amenaza inusual y extraordinaria”, y en medio de los ataques de la derecha nacional financiada por Washington-, Guyana dio un giro a su posición respetuosa al Acuerdo de Ginebra y comenzó a otorgar a la Exxon Mobil permisos de exploración en aguas en disputa, con el fin de apropiarse ilegalmente de yacimientos de crudo.
Frente a ello, Venezuela emitió reclamos diplomáticos y notas de protesta que fueron ignoradas por la contraparte. En 2018, y luego de un ultimátum ilegal otorgado por el hoy exsecretario de la ONU, Ban-ki moon, por la ausencia de mediador para el diálogo, Guyana decide enviar a la CIJ, de forma inconsulta, el expediente y desde entonces la corte se ha pronunciado como competente para decidir sobre este asunto.
“Venezuela forma parte del grupo de países (119) que no reconocemos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Entre ellos Guyana y EEUU. Tenemos además un instrumento privilegiado que es el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo. Por primera vez en la vida se pretende obligar a un país a reconocer por la fuerza a la CIJ a través de países colusionados y dirigidos por los perpetradores históricos del laudo fraudulento: EEUU y Reino Unido y su títere guyanés. Venezuela mantendrá su postura histórica y vencerá!, llegó a decir la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
EEUU acomodaticio ante la CIJ
Uno de los principales factores que atacan a Venezuela es EEUU, que ha cerrado alianzas militares con Guyana, mediante el Comando Sur, con el fin de amenazar e intimidar a Caracas. Sin embargo, EEUU es uno de los países que viola impunemente el derecho internacional y comete crímenes de lesa humanidad en complicidad con la Unión Europea y Reino Unido y sin que tribunal alguno le condene.
En la historia reciente hay dos casos emblemáticos en los que EEUU no reconoció de forma automática los fallos de la CIJ. Uno fue el emitido a favor de Nicaragua en 1986. En aquella oportunidad, Managua demandó a Washington ante La Haya por el caso del financiamiento y entrenamiento de paramilitares y escuadrones asesinos dirigidos contra los sandinistas. La CIJ dictaminó que EEUU violó el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país tercero. De igual forma, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó a EEUU pagar 12.000 millones de dólares en indemnizaciones a Managua, fallo que lleva 37 años de incumplimiento.
En 2004, EEUU no reconoció la sentencia de La Haya que ese año había fallado a favor de México, país que denunció a la nación norteamericana por la violación del debido proceso y el no cumplimiento de la protección consular estipulada en leyes internacionales de la que ambos son parte, contra 52 ciudadanos mexicanos procesados y sentenciados a pena de muerte en Texas. Una vez más, el sistema de EEUU omitió el fallo y siguió adelante con las ejecuciones.
Habló el pueblo
Además, en pleno acto de ejercicio soberano, Venezuela celebró una consulta popular el pasado 3 de diciembre al que acudieron 10.555.092 de venezolanos. En las votaciones, el pueblo ratificó su derecho histórico sobre la Guayana Esequiba (96.37%), reafirmó su apego al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único documento para una salida negociada (98.7%), rechazó el nulo Laudo de París de 1899 (98%), aprobó crear el estado Guayana Esequiba (96.37%) y confirmó lo que históricamente han hecho nuestros gobiernos a lo largo del diferendo con Guyana: no reconocer para esta controversia a la CIJ (95.36 %).
El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la abrumadora participación de los venezolanos en la consulta y al gobierno del presidente guyanés, Irfaan Alí le insiste en zanjar la disputa con diálogo, tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966.
“Estamos abiertos a conversar, por las buenas todo, por las malas nada”, dijo durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno, a propósito de la creación del estado de Guayana Esequiba. Allí, y ante los representantes de los Poderes Públicos, partidos políticos chavistas y opositores, empresarios y medios privados y estatales, el jefe de Estado exigió a Georgetown “respeto el derecho internacional, a las leyes, a la buena vecindad y a la convivencia”.
Foto principal: CIJ
