Los sectores reaccionarios de derecha siempre están conspirando para tomar el poder por la vía que sea o, en su defecto, buscan aplicar tácticas para impedir el ascenso de algún presidente progresista o mandatario que no le sirva a sus intereses. Así sucede en Guatemala luego del triunfo electoral de Bernardo Arévalo, abanderado del partido Semilla, al que buscan truncar su investidura programada para el 14 de enero de 2024.
Para lograr dicho objetivo, la clase política oligárquica, agrupada en los partidos tradicionales – entre ellos el gobernante derechista Vamos- ha movido sus fichas en el Ministerio Público (MP), ente a cargo de María Consuelo Porras, que se ha dedicado en los últimos meses a allanar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), árbitro independiente que avala los resultados comiciales en este país centroamericano.
En el balotaje, realizado el 20 de agosto pasado, Arévalo consiguió el 60.90 % de los votos válidos, frente a 39.10 % de la contrincante de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.
Ante esto, el MP se ha dedicado a acosar al TSE, y el 29 y 30 de septiembre pasados varios agentes de la fiscalía irrumpieron en la sede del árbitro electoral y se llevaron las cajas con las actas originales de los resultados de la contienda del 20 de agosto. Varios medios publicaron las imágenes, en las que se ven forcejeos tensos entre los uniformados y la magistrada del TSE, Blanca Alfaro.
“Por favor, pasen a ver todo cómo lo dejaron porque nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, dijo la letrada a la prensa presente, según citan varios medios. Alfaro explicó que el MP dijo que retornarán el material posteriormente. “¿Para qué los van a devolver si ya salió de nosotros? No sabemos qué pueden hacer con ellos”, añadió.
La magistrada denunció que fue agredida y lamentó esta situación que, según alertó, es producto de una polarización. De igual forma, dijo que los resultados electorales, que se comunicaron al país, ya están debidamente oficializados. “Ya están certificados y eso no se puede cambiar con una diligencia”.
El MP explicó, de forma muy escueta, que se trata de una “investigación de las denuncias puestas en conocimiento” y que actúan “apegados a la ley”.
Se trata del cuarto allanamiento que hace esta institución al TSE en dos meses, con el pretexto de investigar tanto al árbitro, magistrados y al movimiento Semilla, ganador de la reciente contienda.
“Consideramos que estas diligencias son un esfuerzo para rescatar la democracia y proteger a los derechos de los ciudadanos de nuestro país”, expresó el fiscal encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien señaló de “injerencistas” a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE) y a “gobiernos extranjeros”, en una clara alusión a Estados Unidos, cuando antes eran aliados del mandatario actual, Alejandro Giammattei.
Pueblo pacífico en las calles
Frente a este golpe de Estado en curso contra Arévalo, y en defensa de la voluntad popular, la ciudadanía ha salido a las calles pacíficamente desde hace varios días pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como las dimisiones del fiscal Curruchiche y del juez Fredy Orellana, artífices del entramado que busca socavar la toma de posesión del presidente electo.
Bajo consignas como “¡Fuera corruptos!”, “¡Fuera golpistas!”, “¡Renuncien!”, el pueblo guatemalteco se ha concentrado en varias oportunidades frente a la sede de la fiscalía, en la Ciudad de Guatemala, a la vez que realiza trancas momentáneas con carros, camionetas y motocicletas en varias avenidas y arterias como forma de protesta. Las manifestaciones se han extendido por varios días, ante lo cual el gobierno saliente ha sacado a efectivos policiales para reprimir.
Originalmente, estas movilizaciones fueron convocadas por agrupaciones indígenas del oeste del país, a las que posteriormente se unieron trabajadores, docentes, maestros, transportistas, etc, informa AFP. Asimismo, las marchas son acompañadas por cierres voluntarios de negocios y comercios, por lo que está comenzando a escasear insumos básicos como alimentos.
En medio de la tensa situación, y a través de un escrito, Giammattei intentó evadir su responsabilidad y señaló a Arévalo como el ideólogo de los “acontecimientos de ingobernabilidad en el país”. En un supuesto tono “conciliador”, el actual jefe de Estado pide al futuro presidente diálogo y negociaciones para una sana transición.
De igual forma, Giammattei realizó una cadena nacional en la que argumentó que no se puede dar Golpe de Estado en contra de quien no haya tomado posesión, en un claro intento de confundir al pueblo.
A modo de respuesta, el movimiento Semilla, publicó una carta abierta este 11 de octubre en su cuenta de X dirigida a Giammattei, a quien responsabiliza de la polarización política que afecta a los guatemaltecos.
“Durante meses el pueblo de Guatemala ha sido testigo de los intentos de Consuelo Porras- la Fiscal General que Ud. reeligió- de anular la voluntad popular. Porras ha emprendido acciones destinadas a burlarse del pueblo de Guatemala, romper la integridad del proceso electoral y negar los resultados” de las elecciones recientes, expresa el partido en el texto, en el que señalan de cómplice al mandatario por guardar silencio ante el robo de actas del TSE por parte del MP.
En el comunicado, Semilla aclara que las masivas manifestaciones no son personalistas. La ciudadanía – dice la agrupación- ha salido a las calles a expresar, de forma pacífica, el cansancio ante el modelo neoliberal que imponen los políticos tradicionales. El escrito finaliza instando al mandatario a denunciar las irregularidades del MP y a apegarse al clamor popular que exige la renuncia de Consuelo Porras frente a la fiscalía.
La organización también aclara que no hace llamamientos a actos vandálicos y violentos, por lo que calificó de infiltrados a todos aquellos grupos o personas que caigan en ello.
Días atrás, Arévalo, por su parte, pidió al Presidente sentarse con las organizaciones de base y frenar el acoso del MP en contra del TSE, reconociendo que se ha cometido un asalto a dicha institución.
“Eso es un intento de alterar el orden constitucional y eso constituye un Golpe de Estado, que se lleva a cabo mediante acciones graduales y de desgaste, desde esta institución que es el MP, pero que el objeto es efectivamente burlar la voluntad popular y el resultado alcanzado en las urnas, si eso no es un Golpe de Estado no sé qué lo pueda ser”, sostuvo días atrás Arévalo, citado por NODAL.
Acosos y amenazas de muerte
Entre las semanas que separaron la primera y la segunda vuelta, el movimiento Semilla había logrado superar un lawfare que buscaba proscribir la candidatura de Arévalo. No obstante, el pasado 28 de agosto – día que se oficializó la victoria del sociólogo y académico-, el juez Orellana ordenó suspender momentáneamente la personería jurídica de esta agrupación, lo cual no impide la toma de posesión el 14 de enero pero sí abre camino al desgaste del movimiento.
Semilla es blanco de acoso sistemático por parte de la derecha que usa al MP como fachada, bajo el pretexto de que para su constitución se falsificaron firmas. Este movimiento, que luego pasó a ser un partido, surgió durante las manifestaciones masivas contra la corrupción registradas en 2015 durante el gobierno del conservador Otto Pérez Molina. La agrupación, conformada por académicos, estudiosos y científicos, se presenta como una vía antisistema en Guatemala, nación hastiada de la descomposición política de la clase gobernante y la galopante impunidad.
El acoso también incluye a Arévalo, quien denunció en agosto pasado planes de pandillas y agentes estatales para acabar con su vida, por lo que tuvo que presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que pidió medidas cautelares tanto a su persona como a su compañera de fórmula, Karin Herrera, vicepresidenta electa.
El País detalla que el equipo de seguridad del mandatario electo obtuvo información preocupante sobre la existencia de un plan denominado “Colosio” el pasado 15 de agosto, a cinco días de la segunda vuelta. “Al menos tres fuentes de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, plantearon ante la CIDH, según cita el medio español.
