Trascendió en medios colombianos la noticia de que una comitiva de alto nivel del flamante presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez viajaba a una región del departamento del Chocó, en el oeste del país, para asistir a una reunión con comunidades cuando fue interceptada por un grupo irregular durante media hora.
El testimonio de Jorge Rojas, miembro de la delegación petrista, da cuenta de una realidad en la que los grupos armados tienen poder territorial por sobre las autoridades en Colombia. Indicó que “hay un reacomodamiento de las violencias, pero además el principal problema es el reclutamiento forzado de niños y jóvenes. Parece ser que es parte de uno de esos grupos que están reclutando a personas en Chocó. Es un desafío al nuevo gobierno el advertir quién se moviliza y quién no”.
En aquella región existe enfrentamientos continuos por el control territorial entre grupos armados, como el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande a nivel nacional.
Esta es una realidad que viene consolidándose desde hace décadas, con un preocupante auge durante los distintos momentos del uribismo en los controles de la Casa de Nariño. La estela de violencia que deja Iván Duque no se puede ocultar por más que éste hable de democracia e instituciones sólidas.
La afrenta discriminatoria a la paz de Colombia ha sido la estrategia predominante de ciertos grupos de extrema derecha que se ven beneficiados por el clima de inseguridad e inestabilidad de la autoridad en las diferentes regiones periféricas del país. Duque los representó sin pudor, y ahora le toca lidiar a Petro con el desastre.
Las cifras de asesinatos selectivos y políticos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos internos y otros delitos punibles son alarmantes, y sin embargo nunca hubo respuesta concreta ante tal situación.
Un informe recientemente publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) da cuenta del legado sangriento y contrapacífico de Duque en sus cuatros años al frente del gobierno colombiano. He aquí los más destacados, datos que abarcan el arco de tiempo desde el 7 de agosto de 2018, día de la posesión del mandatario saliente, hasta el 1° de agosto de 2022.
- Un total de 957 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados, al igual que 261 excombatientes guerrilleros. El mayor número se registró en 2020, 308 víctimas, a pesar de los confinamientos por la pandemia del covid-19.
- Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 ocurrieron 261 asesinatos a firmantes del acuerdo de paz, dos de ellos ocurrieron en Ecuador y 78 (30%) fueron ejecutados en 2019.
- Los tres departamentos con mayor número de ejecuciones a firmantes fueron Cauca (47), Nariño (27) y Putumayo (27). Concentran 39% de los casos.
- Se contabilizaron 313 masacres que dejaron 1 mil 192 víctimas.
- Se presentaron 2 mil 366 amenazas, 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 446 eventos de confinamiento, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que pertenece a la Jurisdicción de Paz (JEP).
- Los departamentos más afectados fueron Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
- El municipio nariñense de Tumaco fue el más golpeado por el asesinato de líderes, firmantes de la paz y masacres.
- Además, los homicidios atribuidos a la Policía Nacional ascendieron a 421 en este cuatrienio.
- Se contabilizaron 83 muertes en el contexto del Paro Nacional de 2021, de las cuales 44 se atribuyen a la Fuerza Pública.
- También se registraron 50 mil 179 homicidios a nivel nacional. La cifra más alta se dio en 2021, cuando se reportaron 13 mil 873 asesinatos.
Entre las organizaciones armadas con más poder y presencia en el país, de acuerdo a Indepaz, se encuentran el Clan del Golfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, que forman parte de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Pero esos son los grupos con mayor fuerza e influencia a nivel nacional. Al menos 53 estructuras armadas hacen presencia en los 32 departamentos del país entre “grupos residuales”, estructuras narcoparamilitares y guerrillas. Durante el gobierno de Iván Duque su actividad ha crecido a medida del número de municipios en los que hacen presencia.
Estos grupos armados operan en territorios donde han sido abandonados por el Estado o éste ha tenido una presencia deficiente, sobre todo durante los últimos cuatros años. La disputa por los recursos naturales y las rentas provenientes de los negocios ilícitos se compagina con el incumplimiento gubernamental de la reforma agraria, la política antidrogas, la sustitución de cultivos ilícitos y del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana, Cuba.
El caldo de cultivo ha sido idóneo a la hora de los “reacomodamientos de las violencias”, como refirió Rojas en su testimonio sobre lo acontecido en el Chocó. Desde que las FARC-EP fueron desmovilizadas y desarmadas, los grupos irregulares antes mencionados más otras organizaciones delictivas han ocupado los espacios antes farianos y ahora se dedican a aterrorizar y socavar el bienestar de las comunidades.
La omisión de las acciones estatales, e incluso la criminalización de los acuerdos de paz para Colombia durante la era Duque, también repercutieron en la pobreza monetaria de la mayoría de la población. En 2021, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el total nacional la pobreza monetaria fue de 39,3% y la pobreza monetaria extrema de 12,2%. Es decir, esos porcentajes representan a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otros rubros como vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.
De acuerdo a dichas estadísticas, desde 2017 comenzó a manifestarse la pobreza monetaria en las zonas rurales, repuntando entre 2018 y 2019, y llegando a estados críticos desde 2020, año primero de la pandemia.
Este es el legado del uribismo del cual ahora el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se tienen que hacer cargo, a pesar de las amenazas y los llamados a capítulo por parte de organizaciones delictivas con alcance transnacional.
Uno de los objetivos de la nueva administración es el de retomar lo establecido por los acuerdos de paz bajo un contexto crítico que sufre la sociedad colombiana y que tiene implicaciones regionales, sobre todo para Ecuador, Panamá y Venezuela.
Está por verse si logrará al menos garantizar un marco de respeto a lo convenido en 2016, tarea ardua si tomamos en cuenta que el uribismo se asentará como oposición política, los grupos armados tienen su propia agenda sin reparo estatal y Estados Unidos domina la doctrina militar y de seguridad nacional de Colombia.
Una victoria política por parte de Petro en el sentido de la paz tendrá consecuencias positivas para el pueblo colombiano, que tiene más de medio siglo clamando por el cese de la violencia estructural que viene acosando a fuego y sangre todo lo que le rodea.
