“En Haití no hay nada. Y lo poco que hay no se puede comprar. Necesitamos regar el campo para obtener comida”, declaró una ciudadana de ese país a la televisora France24, cuando intentaba cruzar hacia República Dominicana, paso que lleva días cerrado por órdenes del gobierno dominicano, a cargo del empresario derechista Luis Abinader.
El mandatario de ese país decidió cerrar hace pocos días los pasos fronterizos con Haití, tanto por tierra, mar y agua, además de prohibir la entrada de ciudadanos haitianos debido a la reactivación de la construcción de un canal que permite la compartición del agua del río Masacre, flujo que separa a dichos territorios.
La estructura se comenzó a levantar bajo el gobierno del presidente haitiano Jovenel Moïse. Sin embargo, su asesinato en 2021, a manos de mercenarios al servicio de la derecha colombiana vinculados, a su vez, a una empresa privada de Estados Unidos (EEUU), paralizó la construcción que ahora retomó una firma particular de Haití que busca distribuir agua a riegos para la obtención de alimentos en medio de una de las peores crisis.
El génesis de esta calamidad en Haití se remonta al magnicidio de Moïse. Tras la asunción de un gobierno provisional débil y con poco apoyo popular – liderado por Ariel Henry- este país se sumergió en un vórtice de inseguridad que fue creciendo a tal extremo de que pandillas fuertemente armadas controlan la distribución de combustible desde los puertos. Esto ha provocado que los precios de los alimentos aumenten y falle la recolección de desechos en las calles, ocasionando un ambiente insalubre y, con ello, epidemias como la del cólera, que ya deja más de 400 muertos. A todo este cuadro se suman la falta de insumos de los centros de salud, carencia de medicinas y una fuerte inflación.
La situación ha disparado una aguda movilización de haitianos en la región que buscan mejores condiciones de vida en otros países. Una de las naciones históricamente receptoras de estos migrantes ha sido República Dominicana.
La fuerte movilización ha servido de excusa para que el gobierno de Abinader, en supeditación de EEUU, solicite constantemente una invasión militar a Haití con la excusa de “controlar” la situación, pedido que ha encontrado resonancia en las élites gobernantes en Puerto Príncipe y otros gobiernos sumisos a Washington.
Persecuciones racistas
Los haitianos en Dominicana “conforman un grupo altamente vulnerable, tanto social, económica como laboralmente. Se trata, en general, de una migración masculina con muy bajos niveles de escolaridad, situación que es aún más grave en el caso de las mujeres migrantes. Estos inmigrantes se insertan en ocupaciones de menor calificación: los hombres en actividades agrícolas y de la construcción, mientras que las mujeres en el comercio y el servicio doméstico”, cita una investigación de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según cálculos publicados en un medio local, en Dominicana habría actualmente unos 882.227 inmigrantes haitianos y descendientes nacidos allí, más del 8 % de la población total (10.5 millones).
Frente a ello, el gobierno extremista de Abinader ha aplicado unas políticas antimigratorias contra los haitianos bastante férreas que rayan en el racismo y persecución muy al estilo neonazi, planes que generó el rechazo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“La incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a su país de origen. Reitero mi llamamiento a todos los países de la región, incluida la República Dominicana, para que detengan la deportación de haitianos”, llegó a decir Türk, citado por varios medios, que informan que estas palabras irritaron a Santo Domingo.
Según informa El País, el año pasado las deportaciones forzosas aumentaron un 102% al pasar de 85.000, en 2021, a 171.000, según datos oficiales. Éstas fueron aplicadas bajo métodos violatorios de derechos humanos como agresivas redadas que terminaron en detenciones arbitrarias sin el debido proceso, maltratos. violaciones físicas y psicológicas, hacinamiento en centros sin alimentos e insalubres.
El atropello del Ejecutivo dominicano contra los haitianos llegó al punto de que EEUU – el principal país racista de la región- manifestó a finales del año pasado su “preocupación” en una nota, a través de su embajada en Santo Domingo, por la integridad de ciudadanos afro-estadounidenses en el país caribeño. No obstante, el gobierno norteamericano no pidió el cese de esta política extremista, informa La Voz de América.
Mura contra la hermandad
Otra de las fuertes medidas que ha tomado el mandatario dominicano fue la puesta en marcha en 2022 de la construcción de un muro en la línea común entre Haití y Dominicana que abarca un total de 390 kilómetros. Sería una estructura similar levantada por EEUU en su límite sur con México; es decir, contará con vigilancia militar y torres de control.
Como toda frontera, por ella transitan personas que viven en una dinámica particular, basada en el comercio o prestación de servicios tanto de un lado como de otro. No obstante, tras la calamidad en Haití, se ha visto a muchos haitianos ir hacia el vecino país a comprar alimentos, medicinas y enseres necesarios que escasean. Es esta la población que se verá afectada por la decisión discriminatoria de la presidencia de Abinader.
La movilización de haitianos hacia Dominicana no es nada nueva. Desde hace décadas muchas de estas personas han conseguido sobrevivir realizando duros trabajos al otro lado de la frontera en donde viven en las betayes, como se les conoce a las precarias comunidades con casas de latas y letrinas externas localizadas en las siembras de caña de azúcar.
A pesar de tener años en estas regiones apartadas de la capital, muchos de estos haitianos no han podido regularizar su condición legal, y una ley aprobada en 2013 les arrebató la nacionalidad a aquellos que tengan o un padre o madre haitiana aunque hayan nacido en suelo dominicano. Este perverso instrumento legal – ampliamente criticado- tiene carácter retroactivo desde 1929.
Los principales afectados son los haitianos agrupados en los betayes, que durante años se dedicaron a la siembra de la caña, actividad que tuvo un auge durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961) régimen apoyado por EEUU. En esa oportunidad, el dictador reclutó a haitianos como mano de obra barata para los centros agrícolas de Dominicana, a quienes les daba una ficha provisional y eran registrados en libros civiles diferentes a los convencionales. Con el pasar de los años, el Tribunal Constitucional consideró – y todavía lo hace- a estas personas como “ aún en tránsito”, situación que les quita la nacionalidad, tanto a ellos como a sus descendientes, explica El Observador.
