Es totalmente írrito y contrario a la normativa internacional la explotación de recursos en territorios en disputa sin previo acuerdo de las partes involucradas. Y es esto lo que pretende hacer el gobierno de Guyana con yacimientos petrolíferos y gasíferos en las aguas de la Guayana Esequiba, extenso terreno de 160.000 kilómetros cuadrados al este del Río Esequibo que históricamente le pertenece a Venezuela.
Georgetown activó en diciembre de 2022 – y sin consultar a su país vecino- la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas, y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas que están frente a la zona en reclamación, indican varios medios.
A pesar de estar incurso en la ilegalidad, Guyana sigue adelante con la fase de presentación y evaluación de ofertas por parte de trasnacionales del ramo, que sacarían provecho de 25 mil millones de barriles de crudo, según informa OilNow, medio que agrega que la adjudicación de contratos está pautada para el 1ero de noviembre próximo.
Lea también: Venezuela batalla contra ejes imperiales en diferendo sobre el Esequibo
Ante esta acción unilateral, Venezuela emitió un comunicado con el que rechaza enérgicamente esta ilegal jornada de pre-negociaciones, “ya que la misma pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países”.
El texto aclara que “Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marítimas y en consecuencia cualquier acción en sus límites es violatoria del Derecho Internacional, mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela”.
“La República Bolivariana de Venezuela reitera que es inaceptable, y violatorio de sus derechos soberanos cualquier concesión ilícita y arbitraria que Guyana otorgue, haya otorgado o pretenda otorgar en las áreas en cuestión, y advierte que estas acciones no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso”, agrega el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
La condena por parte de Venezuela provocó la respuesta del presidente guyanés, Mohamed Irfaan Ali, quien refutó en otro comunicado que su país “se reserva el derecho de llevar a cabo actividades de desarrollo económico” en cualquier parte “de su territorio”, aunque éste esté en disputa.
Ante la soberbia del mandatario guyanés Venezuela publicó otro texto oficial que tacha de arrogancia la convocatoria a licitaciones costa afuera en territorio no delimitado. El gobierno denunció, además, que detrás de este intento de apropiación de recursos, que son históricamente venezolanos, está la corporación energética estadounidense Exxon Mobil.
Esta confabulación entre el Estado guyanés y Exxon Mobil “financia una perversa campaña diplomática, mediática y jurídica para despojar a la República Bolivariana de Venezuela de sus legítimos derechos territoriales”, añade otro comunicado.
Injusto e histórico arrebato
La disputa entre Caracas y Georgetown sobre el Esequibo se remonta a hace más de un siglo.
La ambición imperial del Reino Unido, que subyugó a Guyana desde 1814 hasta 1966, le arrebató este vasto territorio a Venezuela el 3 de octubre de 1899, mediante un fraudulento laudo que ahora la élite gobernante guyanesa defiende.
Mucho tiempo después, el 17 de febrero de 1966, se llegó al Acuerdo de Ginebra, en el que el Reino Unido – como nación regente de Guyana- y Venezuela califican de nulo aquel laudo de 1899 y se abrió paso una resolución negociada.
Durante este tiempo ambas partes mantenían tensas relaciones que se agudizaron en 2015, cuando la transnacional Exxon Mobil, en una exploración injerencista, encontró grandes cantidades de reservas de petróleo en aguas de la Guayana Esequiba que están en disputas, y que por tanto son intocables.
A partir de entonces, la corporación energética, amparada por el imperialismo norteamericano y británico, ha avivado el conflicto entre las partes y empujó a Guyana a tomar inamistosas posturas contra Venezuela como acudir unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el conflicto, mientras que Venezuela siempre abogó por la reactivación de los buenos oficios de la ONU para superar por la vía diplomática este diferendo.
En 2020, la CIJ decidió, tras una demanda de Guyana, que sí tiene jurisdicción en el asunto del Esequibo, y en mayo pasado indicó que en 2024 se pronunciará sobre el fondo del caso para determinar si el Laudo arbitral de 1899 es válido.
El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, aclaró en una ponencia en Caracas, realizada en abril de este año, que la CIJ no decidirá el próximo año la delimitación de áreas marinas y submarinas, por lo que el tema de las concesiones petroleras quedarán exentas. Estas demarcaciones se harán en otro proceso más adelante, dijo, según informa AlbaCiudad.
Moncada denunció que Guyana ha activado una campaña en la región para hacerse ver como una nación “pequeña e indefensa” que es agredida por otra. Por ello, señala que Caracas ve al Reino Unido como parte indispensable de la pugna, punto de vista que será evaluado por la CIJ el próximo año.
Agregó que Venezuela tiene hasta el 8 de abril de 2024 para presentar material, ratificar titularidad y probar nulidad del laudo arbitral de 1899.
“Este es el mayor problema internacional de Venezuela en toda la historia; hace falta unidad nacional para atacarlo. La decisión que tomemos, tomemosla juntos”, expresó en aquella oportunidad el también historiador.
Un artículo del analista Ignacio Urbasos Arbeloa, publicado en 2019 en la página web de la Universidad de Navarra, España, señala que además de Exxon Mobil, detrás del petróleo en aguas del Esequibo – que son históricamente venezolanas- están también la francesa Total, la española Repsol y las estadounidenses Hess y Anadarko.
Foto: Archivo/Pixabay
