Es ampliamente conocido que Chile tiene la Constitución más longeva de la región, redactada en 1980 bajo la dictadura fascista de Augusto Pinochet, régimen amparado por Estados Unidos. Dicho Texto Fundamental está diseñado para propiciar un sistema extractivista que beneficia a la clase política y oligárquica – representada en los partidos- y no a las grandes mayorías.
Desde la instalación de la psuedodemocracia, en 1990, el pueblo chileno ha pedido en las calles una nueva Constitución realmente reivindicativa en cuanto a derechos fundamentales, como educación, salud, sistema público de pensiones, salarios dignos y reconocimiento a los pueblos indígenas. Ya para comienzos del presente siglo el “modelo chileno” evidenciaba fuertes fracturas y dejaban una imperante desigualdad que fue carburante para las masivas manifestaciones en 2001, 2005, 2006, 2011 y, la más significativa hasta ahora, el Estallido Social del 2019. Aunque las demás marchas sembraron importantes precedentes – e incluso conquistaron algunos cambios superficiales- el Estallido, que se extendió por cinco meses y que exigía una nueva Carta Magna, logró concentrar todo el clamor popular del pueblo por un Chile más justo.
Ante esta nueva realidad, el gobierno de Piñera, ya acorralado y salpicado en grave violaciones de derechos humanos tras una fuerte represión (34 asesinatos, 3.400 heridos – entre ellos 400 lesionados oculares-, y 8.000 detenidos), no tuvo más opción que reconocer la voz del pueblo y activar un plebiscito que dijo sí a una nueva Constitución, texto que sería redactado por una Convención Constitucional, método también elegido por los chilenos en la consulta. Posteriormente, se realizaron las elecciones de los integrantes de dicha convención que estuvo marcada por la diversidad y paridad de género. En ella trabajaron integrantes de organizaciones sociales, trabajadores, indígenas, políticos independientes, líderes de colectivos y especialistas no partidarios, quienes redactaron un Texto Fundamental de avanzada que dejaba atrás el modelo excluyente: reconocimiento a los pueblos originarios, el aborto voluntario, reelección presidencial, eliminación del Senado, educación y salud universal, el fin de la privatización de recursos minerales y pensiones, entre otros logros.
No obstante, la derecha afiló una fuerte campaña de mentiras y falsas matrices en redes y medios en contra del nuevo proyecto Constituyente y en septiembre de 2022, cuando se realizó el plebiscito, ganó la opción del no, resultado que enterró por siempre la única propuesta real nacida de las bases del pueblo.
Justo un día después de conocerse los resultados del plebiscito, el entonces nuevo mandatario, Gabriel Boric, realizó las gestiones para activar otro mecanismo constituyente. Éste, actualmente en curso y redactado por el Consejo Constitucional (CC), no logra animar a la gente a aprobarlo según dicen las encuestas.
La más reciente pesquisa del centro de investigación Cadem arrojó que apenas 23 de cada 100 chilenos mostraron su disposición a aprobar el proyecto de Constitución, que será sometido a un próximo plebiscito el 17 de diciembre.
Esto significa una caída de siete puntos respecto a los datos publicados el 1 de septiembre por esta misma encuestadora, indica Prensa Latina.
Una tendencia parecida ya se venía evidenciando desde hace meses. El estudio Pulso Ciudadano, correspondiente al mes de junio, reseñó que 23,9% votaría en contra del texto y un 17,2% lo aprobaría. Mientras que un 36,7% no sabe y 13,1%. afirma que anulará o votará blanco.
Este mismo estudio, realizado entre el 27 y 30 de junio, indicó que un 46,7% seguía considerando necesario un cambio de Constitución, mientras que un 26% se había mostrado en contra y 27,3% afirmó que no sabe, reseña El Ciudadano.
La referida consulta arrojó que “un 41,5% de los encuestados manifestó sentirse Nada o Poco Interesado en este proceso; un 35,2% reflejó estar Interesado, y un 23,3% respondió estar Medianamente Interesado”, cita el medio.
Por su parte, una pesquisa de mayo, elaborada por Criterio, reflejó que solo el 17 % manifestó que la nueva Carta Magna “ayuda a mejorar la unidad nacional”, y 29 % cree que dicho proyecto tributaría a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Según esta encuesta, el 27% manifestó que votará en contra del texto, 19% lo aprobará y un 54% aún no lo tiene claro.
La firma Black & White dijo en junio pasado que el 70 % de los consultados votará en contra; y Feed Back Research señaló en mayo que esta misma postura la mantiene el 39 % de sus consultados.
Estos estudios reflejan una creciente desconfianza hacia la nueva propuesta constitucional, ya que la misma está siendo redactada por la clase tradicional política que ha gobernado en la era post- Pinochet. El 5 de septiembre del año pasado – apenas a un día de conocerse el rechazo al borrador de la Convención- Boric acudió a los representantes de los partidos para activar un nuevo método que, según el mismo Presidente, cumpliera con los anhelos del pueblo del Estallido.
Para esta nueva etapa los ciudadanos eligieron en mayo pasado a los 50 integrantes del CC en un proceso que fue ganado por la ultraderecha: 22 del Partido Republicano – liderado por el neofascista José Antonio Kast- y 11 por el derechista Vamos Chile. La izquierda solo consiguió 16 escaños y los pueblos indígenas un representante.
Este pírrico resultado de la izquierda ha sido considerado como un descontento hacia el gobierno de Boric, quien ha mantenido un discurso complaciente con sectores oligárquicos y con Estados Unidos.
El CC trabaja actualmente sobre enmiendas o reformas que fueron elaboradas por un Consejo de Expertos designado por el Congreso, que son otros representantes de la clase política tradicional divorciada de los intereses de las grandes mayorías, lo totalmente opuesto a la Convención Constituyente surgida del Estallido.
Constitución a espaldas del pueblo
“Lo que ocurre hoy día es la puesta en juego de redacción constitucional que interrumpió el proceso Constituyente anterior. (…) ¿Qué es el Consejo Constitucional hoy día? Es un Consejo de redacción constitucional que interrumpió el proceso Constituyente, pero que no es el proceso Constituyente» iniciado en 2021 tras el Estallido”, sostuvo el académico, filósofo y escritor chileno Rodrigo Kammy, en un programa especial de La Voz de los Que Sobran.
Otro de los sectores más afectados por esta nueva CC son las mujeres. Catalina Cortes y Laura Bartolotti, Coordinadora Nacional y Secretaria Ejecutiva Nacional Frente Feminista de Revolución Democrática, respectivamente, denuncian que la propuesta de Carta Magna, actualemente en elaboración, retrocede en lo poco que ha avanzado Chile en materia de reinvidicación de los derechos de las féminas.
“Aunque todavía no existe el texto definitivo, vemos que hemos retrocedido y restringido el estándar de protección de los derechos de las mujeres, garantías en que mucho le ha costado avanzar a Chile a nivel legislativo, judicial y administrativo. Hoy todas nuestras luchas ganadas podrían estar en riesgo ante mayorías totalitarias en el Congreso si se aprueba el texto como está”, advierten en un artículo divulgado por El Mostrador.
Señalan que esta CC comandada por la derecha socavó la paridad por mandato de Ley en el Parlamento, el desarrollo progresivo de los derechos sociales, quitando incluso la posibilidad de hacerlos exigibles ante tribunales de justicia. Asimismo, estos sectores interpusieron el término “promoción” en varios de los derechos a las mujeres que eran de obligatorio cumplimiento en el borrador de la Convención.
Así, Chile podría pasar de una Constitución escrita por los militares dictadores en cuatro paredes, a una redactada igualmente en cuatro paredes pero por partidos oligárquicos tradicionales, que beneficie a las minorías más poderosas.
Foto principal: Prensa Consejo Constitucional
