Desde hace más de 200 años, Venezuela tiene derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Y, aunque han pasado décadas del despojo imperial de 1899, todo los sectores de nuestro país han reclamado y levantado su voz en la defensa territorial. No obstante, a lo largo de la historia han emergido grupos sectores nacionales que, por intereses particulares, tributan contra la soberanía.
En el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba que se llevó a cabo en Venezuela el pasado 3 de diciembre – en el que la respuesta Sí a las cinco preguntas recibió un promedio de 95 % de votos-, un grupo de extrema derecha venezolano, tutelado por EEUU y la transnacional petrolera estadounidense Exxon Mobil, se confabuló para torpedear la consulta popular. Así lo denunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones a la prensa.
Saab señaló a los derechistas Juan Guaidó, Yon Goicoechea, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Léster Toledo, Leopoldo López, Rafael Ramírez y Carlos Vecchio, como operadores políticos foráneos. Asimismo, nombró a Claudia Macero, Pedro Urruchurto y a Roberto Abdul y a Henry Alviárez como agentes desde Venezuela, quienes están vinculados con las organizaciones Súmate y el partido Vente Venezuela, instancias que fueron fundadas por la neofascista María Corina Machado. A todos se les imputa los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, faltas tipificadas en las leyes venezolanas.
El fiscal aclaró que varias de estas personas ya están a la orden de la justicia, mientras que añadió que libró órdenes de aprehensión contra los operadores que están en el extranjero, varios de ellos evasores de la justicia por otros casos de traición a la patria y conspiración.
Los autores políticos eran financiados por Exxon Mobil, a través de los operadores estadounidenses David Merlo y Savoi Jandon Wrigh – éste último detenido-, quienes pagaron dinero en efectivo y en criptoactivos a los anteriormente nombrados para evadir el control financiero.
Sobre Merlo, Saab aclaró que se trata de un exempresario, con fuertes lazos con el expresidente Donald Trump. Además es asesor del mandatario salvadoreño derechista, Nayib Bukele.
“El Ministerio Público, como titular de la acción penal, no dejará que estas acciones queden impunes cuando hay venezolanos que olvidaron su nacionalidad y prefirieron venderse a una trasnacional petrolera para socavar nuestra soberanía”, manifestó Saab, citado por la fiscalía en nota de prensa.
Derechista que reinciden en crímenes
Son ampliamente conocidos los prontuarios de los operadores venezolanos que están en el extranjero. De los nueve, Guaidó ha sido la pieza más reciente utilizada por Washington para socavar al Gobierno Bolivariano. Por órdenes de la Casa Blanca, el exdipiutado se autoproclamó “presidente interino” en 2019 y a partir de allí instauró un gobierno paralelo que sólo fortaleció el bloqueo contra Venezuela, propició el expolio de activos públicos venezolanos en el extranjero y generó enriquecimiento ilícito a sus allegados y asesores, entre quienes estuvieron Borges, Toledo, Goicoechea, Vecchio – ex trabajador de Exxon Mobil entre 2000 y 2007- y López.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo entre 2005 y 2014 y embajador de Venezuela en la ONU entre 2014 y 2017, ha sido señalado de malversación de fondos; e Izarra – quien también fue ministro de Comunicaciones y Turismo y presidente de las estatales VTV y Telesur- ha emprendido desde el 2018 una feroz campaña en redes contra la Revolución. En esta oportunidad, los exfuncionarios llamaron por redes digitales a la abstención para favorecer a la Exxon Mobil.
Durante el irreal gobierno de Guaidó, Borges pidió sanciones contra Venezuela, de las que ahora pesan sobre Caracas 930. Este asedio ha configurado una de las violaciones de derechos humanos más brutales contra la nación Bolivariana en tiempos recientes, ya que han privado a millones de venezolanos el acceso a la salud y educación. En esta misma línea se inscriben Vecchio – acusado de enriquecimiento ilícito hasta por la propia oposición-, y López, líder político prófugo muy desprestigiado por sus involucraciones en malversación de fondos públicos. El líder del derechista Voluntad Popular fue en 2014 el promotor principal del plan golpista La Salida que generó la muerte a 43 personas.
Laudo para robar terreno
Históricamente, el Estado venezolano ha apelado a la defensa de su derecho indiscutible sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa desde 1899 cuando el imperio británico se lo despojó a Caracas con un fraudulento Laudo Arbitral. Luego de protestas, y tras casi 60 años de gestiones para demostrar lo írrito del laudo, Guyana, Venezuela y Reino Unido – que aun colonizaba a Georgetown- firmaron el Acuerdo de Ginebra de 1966, único documento legal que propicia el diálogo para hallar una solución satisfactoria a las partes.
Con el curso de los años, las negociaciones se estancaron y tanto Venezuela como Guyana llevaron buenas relaciones. Fue a partir del 2015, cuando EEUU declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, que la Exxon Mobil comenzó a instrumentalizar a los gobiernos del vecino país para sacar provecho de reservas petroleras en aguas en disputa, lo que provocó la protesta de Venezuela. A partir de este punto, el poder fáctico de Washington inicia una campaña para atizar a la élite gobernante guyanesa y buscar escalar el conflicto al escenario bélico, con la anuencia del Comando Sur.
Acciones para blindar a la Guayana Esequiba
De esta forma, y para blindar la soberanía, la Asamblea Nacional de Venezuela, sustentada en la Constitución, convocó a un referendo popular para que el pueblo venezolano ratifique en elecciones – y en cinco preguntas- sus derechos al Esequibo. Más de 10 millones de personas reafirmaron que la solución a la controversia es por la vía del diálogo, tal y como dice el Acuerdo de Ginebra de 1966, a la vez que aprobaron otorgar a los habitantes del Esequibo de ciudadanía venezolana y articular planes de protección a este pueblo. Asimismo, dieron luz verde para crear la entidad federal Guayana Esequiba y rechazar la Corte Internacional de Justicia como supuesto árbitro para una “solución”, como lo pretende hacer el presidente guyanés Irfaan Alí.
En cumplimiento al mandato del pueblo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en reunión del Consejo Federal de Gobierno, anunció una serie de medidas para avanzar en la defensa del territorio en disputa. Así, en la actividad, creó la alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba, propuso al Parlamento aprobar una Ley Orgánica por la Defensa de la Guayana Esequiba (que fue aprobada en primera discusión en el Legislativo), y otro marco legal para la protección de sus parques y bosques.
En esta materia, el Presidente pidió a la AN redactar una ley que prohíba contrataciones a empresas energéticas que operan ilegalmente en aguas no delimitadas.
A la vez, Maduro creó la Zona de Defensa Integral (ZODI) en el Esequibo y designó, provisionalmente, al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba.
También firmó la creación de Petróleos de Venezuela Esequibo (Pdvsa Esequibo) y la división para la región de la Corporación Venezolana de Guayana. Ambas empresas otorgarán licencias operativas de exploración y explotación.
Ordenó, además, difundir en escuelas y liceos el mapa de Venezuela que incluye a la nueva región e instó a activar un plan de atención y cedulación para los lugareños.
“¡La palabra del Pueblo es mandato popular! Haremos cumplir la decisión que tomaron las venezolanas y los venezolanos en el referendo consultivo para garantizar el desarrollo y bienestar de nuestra Guayana Esequiba. ¡Venezuela ha alzado su voz!”, expresó Maduro.
Foto principal: Prensa MP
