La derecha limeña permea sus influencias en todos los espacios de la política peruana. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional (TC), institución que pidió la inmediata liberación de Alberto Fujimori, expresidente derechista (1990-2000) condenado en 2009 a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.
La prensa internacional reseña que desde la última semana de noviembre circulaban versiones de la posible puesta en libertad de Fujimori – que le antecede a un Hábeas Corpus dado por el exmandatario Pedro Kuczynski depuesto en 2018 por corrupción-, decisión que recayó sobre el juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, quien decidió no resolver el asunto y devolvió el expediente al TC.
La máxima instancia constitucional de ese país tomó en consideración “la avanzada edad y el frágil estado de salud” del exmandatario, consignas que han sido usadas por la derecha con anterioridad para solicitar la libertad de uno de los mandatarios más corruptos del mundo.
Fujimorismo: destrucción del Estado de derecho
Autoritario, neoliberal, genocida, corrupto y paramilitar, Fujimori se ha erigido como una figura influyente a seguir por parte de la nueva generación de líderes derechistas del Perú, que incluye a sus hijos, Keiko, Kenji, Hiro y Sachi también vinculados con corrupción e irregularidades.
Fujimori llegó al poder en 1990, apoyado por la mayoría de un pueblo desesperado por una alternativa ante las políticas neoliberales de los partidos tradicionales que generaron una hiperinflación en 7.000 %, y hundieron a la pobreza a más de la mitad de la población. El descontento era tal que desde los años 1980 comenzaron a organizarse movimientos de resistencia de izquierda – tales como el Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)- que fueron catalogados como “terroristas” por parte del Estado gobernado por la derecha, y su principal aliado: Estados Unidos.
El hoy exmandatario condenado fue pieza clave para contrarrestar el avance de estas organizaciones y para tal fin, en 1992, gestó un autogolpe con el apoyo militar y cerró el Congreso y a otras instituciones estatales. A partir de entonces comenzó a gobernar por decreto, militarizó al país y criminalizó a toda forma de oposición, acciones que le valieron la etiqueta de autoritario.
“El Congreso disuelto fue reemplazado por un Congreso de carácter constituyente controlado por el presidente Fujimori. Un mes después habían sido expedidos 923 decretos, entre ellos, los que consagraron la privatización de las empresas estatales del hierro, zinc, petróleo, cementos, teléfonos y electricidad. La ineficiencia del estado y la necesidad de atraer inversiones sirvieron como propaganda para justificar las privatizaciones”, refiere el investigador y docente José Honorio Martínez, en su artículo “Neoliberalismo y Genocidio en el Régimen Fujimorista”, publicado en la revista Historia Actual.
Bajo este marco represivo, el entonces presidente ordenó a los militares tomar las principales universidades del país, que eran centros de resistencia, entre ellas las limeñas Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como la Universidad de La Cantuta, por el lugar donde se encuentra. En esta última, los efectivos militares – bajo órdenes presidenciales- allanaron las residencias estudiantiles, sacaron por la fuerza a los estudiantes y asesinaron a nueve de ellos y a un profesor. A este hecho se le conoce como La Masacre de Cantuta.
En plena dictadura cívico-militar, y con el desmantelamiento del Estado de derecho en perjuicio de los peruanos, Fujimori aplicó sin dudar medidas que buscaron complacer a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, que al ver la disminución de la inflación y el crecimiento de la inversión extranjera – en detrimento del productor local y con un estancamiento de la reducción de la pobreza-, hicieron ver al Perú en grandes medios de comunicación como “el milagro económico de los 1990”.
La permanencia en el poder de Fujimori se debe gracias en parte a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El entonces presidente amparó la corrupción dentro de la organización castrense a cambio de la instauración de un Estado de Terror que perseguía, secuestraba y torturaba a opositores, periodistas y críticos.
Durante el régimen fujimorista “altos oficiales (en las Fuerzas Armadas y los ministerios) cometieron crímenes de enriquecimiento ilícito, aprovechando los negocios del Estado, por ejemplo, las compras, para obtener beneficios personales. (El asesor) Vladimiro Montesinos fue el eje de estos grupos de oficiales. Hubo un sinnúmero de crímenes de este tipo, pero entre los más destacables se halla el saqueo de US $300 millones practicado a la Caja Militar de Pensiones. Los involucrados fueron militares, un ministro del interior y un ministro de defensa”, indica la autora canadiense, investigadora y especialista en este tema Catherine Conaghan, en su artículo “El estado corruptor: “Crimen y política en el Perú, 1990-2000”, publicado en Revista Espacio Crítico.
En esta misma línea, Honorio Martínez indica que también Fujimori promulgó una Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de lesa humanidad a militares y a grupos ligados a ellos pertenecientes a La Colina, escuadrón de la muerte y autor material de la Masacre Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas – entre ellas un niño de 8 años-, delito avalado previamente por el entonces dictador.
A la venta más de 180 empresas estatales
En 1995, Fujimori se lanza como candidato presidencial para un segundo período (1995-2000) que logra ganar con una alta popularidad, debido al latente Estado de Terror, la propaganda sucia de supuestos “periódicos emergentes”, la coacción a pequeños medios independientes por parte de un ente regulador controlado por empresarios de medios masivos al favor del régimen, y malversación de fondos públicos para su campaña.
En esta etapa Fujimori continuó con su agenda privatizadora, recorte de inversión social, corrupción militar y política, y profundización del terrorismo de Estado. En total, durante el régimen fujimorista, se vendieron parcial o totalmente 187 empresas por un valor de 7.542 millones de dólares.
En el año 2000, y ya sin posibilidad de un nuevo período – debido a que la Constitución redactada por el Congreso Constituyente a su favor y aprobada por la mayoría no estipulaba un tercer mandato-, Fujimori jugó con la interpretación de la Carta Magna y se presentó a otro nuevo mandato al alegar que su primer gobierno no fue válido, ya que el marco legal vigente entró en vigor posteriormente.
De esta forma, Fujimori consiguió un tercer mandato que no duró un año, debido a la desbordante corrupción que generó serios cuestionamientos, y a la traición de sus férreos aliados y amigos de la Agencia Central de Inteligencia y de la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos, que intentaron lavar su imagen y desmarcarse de los delitos de lesa humanidad del fujimorismo.
En septiembre del 2000, aparecieron en los medios los llamados Vladivideos, en los que se veía a Vladimiro Montesinos, el principal asesor de Fujimori, sobornando con miles de dólares a militares, políticos opositores, dueños de medios y empresarios para legitimar al régimen. Esto provocó la dimisión del presidente, quien envió su renuncia por fax al Congreso desde Tokio, Japón, país al que pidió la nacionalidad para evitar ser extraditado. En el 2001, se le abrieron tres investigaciones penales, y en 2005 – luego de anunciar un posible regreso a la presidencia- apareció en Santiago de Chile, en donde fue detenido y extraditado a petición de las autoridades de Perú.
“Con la caída del régimen fujimorista se abrió paso a la conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó las muertes y desapariciones forzadas de origen político durante las décadas del ochenta y del noventa. El Informe final de la Comisión fue dado a conocer a mediados de 2003, éste estimó en 69.280 el número de muertos y desaparecidos, 75% de ellos quechuahablantes y 90% de ellos campesinos”, refiere el profesor Honorio Martínez.
“Justicia” selectiva
El fallo que emitió este martes 5 de diciembre el TC contraviene un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos), lo que pondría al Perú en una lista de países rebeldes a la sentencia de dicha instancia, refiere el abogado de las víctimas de La Cantuta y Barrios del Alto, Carlos Rivera.
“Estamos entrando a un terreno en el cual el Perú deja de cumplir, como corresponde, una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el letrado, citado por RT.
Recalcó que el dictamen del TC a favor de Fujimori representa “un punto de quiebre” de la relación entre Lima y el Sistema Interamericano, que se ha producido “de una manera absolutamente negativa”, agrega el medio ruso.
Entre tanto – y citado por El País-, el abogado de Fujimori, Elio Riera, expresó sobre el posible desacato de Perú a lo que dicta la Corte IDH: “Es un límite de convencionalidad. La Corte no debe decidir quién sale y quién no. Prima el Derecho de Soberanía. No es determinante. No hay ninguna vinculación”.
Este hecho ha reorganizado a los movimientos de Derechos Humanos y familiares de las víctimas de las masacres fujimoristas, quienes, con fotografías en mano y con consignas en rechazo a la dictadura de 1990-2000 se concentraron en la Plaza San Martín y en la sede del Palacio de Justicia en Lima. En estas actividades se reportaron actos de violencia policial por parte de efectivos del régimen de la presidenta de facto Dina Boluarte, quien dijo que Fujimori era un “dictador” pero que acatará la orden de liberarlo.
En la misma cárcel que está Fujimori, también está recluido ilegalmente el mandatario constitucional Pedro Castillo, luego de que el año pasado disolviera el Congreso, tras intentos de la derecha agrupada en él de asestar un golpe de Estado.
Inmediatamente que Castillo anunció el decreto, la derecha ordenó su secuestro, le privó de sus derechos fundamentales y de un debido proceso, lo que constituyó un Golpe de Estado. Al cumplirse un año de esta írrita detención, a Castillo se le han negado 20 recursos que piden su libertad, a la vez que el Congreso y el Ejecutivo – que como Fujimori, han violado derechos humanos con masacres y asesinatos – enterraron la posibilidad de celebrar elecciones.
Foto principal: de IDL Reporteros/Leslie Moreno Custodio
