Aunque parezca obvio, la lucha por los derechos humanos debe estar divorciada de una agenda política. La batalla que emprenden organizaciones y agencias por el respeto a leyes que velan por una vida digna no debe estar políticamente motivada para atacar a gobiernos y a países soberanos. No obstante, en el mundo hay casos en los que este principio no se cumple, y Venezuela es uno de ellos.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana de la mano del comandante Hugo Chávez, en 1998; y bajo el gobierno del actual presidente Nicolás Maduro, agencias internacionales, organismos, entes multilaterales -en incluso terceros gobiernos injerencistas y sin moral en cuanto a los DDHH como Estados Unidos- se han dedicado a imponer una falsa matriz contra Venezuela, al pretender presentarla como una nación divorciada con el respeto a los derechos fundamentales, todo con el fin de socavar su sistema democrático.
Estos señalamientos, hechos sin sustentos jurídicos ni métodos de verificación confiables, han arreciado durante los últimos meses, especialmente cuando se anunció el calendario para las elecciones presidenciales, y en las que el chavismo busca una reelección pese a toda la propaganda en contra y asedio con las mal llamadas sanciones.
La línea de ataque contra Venezuela en esta materia parece comprender varias aristas, sin embargo todas hacen parte de una sola agenda y detrás de ella está Estados Unidos (EEUU) y sus aliados como principales promotores. A través de los años, estos ejes han perfeccionado la instrumentalización de agencias de la ONU, oenegés, instituciones y demás instancias internacionales para atacar al Gobierno Bolivariano.
Conspiradora y no activista
Uno de los últimos casos ha sido el de la supuesta “activista” Rocío San Miguel, detenida en febrero pasado por estar incursa en acciones violentas y desestabilizadoras que formaban parte del operativo golpista denominado “Brazalete Blanco”, uno de los siete planes que ha desmantelado el Estado venezolano entre 2023-2024, luego de varias indagaciones y labores de inteligencia.
Específicamente, con “Brazalete Blanco” la derecha nacional, tutelada por EEUU a través de la DEA y la CIA, buscaría atizar a un grupo de militares para asaltar un cuartel militar en Táchira, en la zona fronteriza con Colombia. Ya con las armas robadas, los efectivos llevarían a cabo asesinatos selectivos de líderes políticos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro.
El 14 de febrero pasado, en una rueda de prensa, el fiscal general Tarek William Saab detalló los avances de las investigaciones de los hasta entonces cinco planes detectados. El funcionario detalló que las delaciones militares revelaron que San Miguel sería la encargada de transmitir toda la información por redes en tiempo real. Agregó que esta “activista” fue seleccionada por su amplio contacto con el mundo castrense y porque lleva organizaciones con fines políticos disfrazadas de oenegés.
Ella se encargaría de “crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo, y coordinar con organismos internacionales para, a través de la ONG Control Ciudadano, asegurar los derechos humanos de todos los militares involucrados en la operación; así como promoverla, ante la Cruz Roja Internacional, para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los participantes”, cita el Ministerio Público.
Apenas se dio a conocer la detención de San Miguel y de varias personas allegadas a ella también investigadas, los voceros de la extrema derecha, grandes medios e incluso quien dirige la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, trataron de posicionar de forma inmediata que se trataba de un caso de “desaparición forzosa”, aun y cuando a los abogados de la supuesta “activista” y a sus familiares se les informó el sitio de reclusión, e incluso pudieron visitarla.
Saab explicó, en aquel momento, que durante el allanamiento a la vivienda de la “activista” se consiguieron 18 mapas cartográficos, en los que se demarcaron numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país, agrega el MP.
El fiscal mostró un mapa en el que aparecen delimitadas dos zonas de seguridad pertenecientes a instalaciones militares en las áreas de Puerto Cabello y Borburata (en Carabobo), junto a otras zonas de interés. También aparecen demarcadas áreas de alta seguridad del Palacio de Miraflores, en Caracas.
En las indagaciones, Saab expresó que los familiares de San Miguel reconocieron que la evidencia mostrada le pertenecía a ella. Otras de las muestras tienen que ver con perfiles y listados de los mandos militares. “¿Por qué una presunta activista de los derechos humanos cuenta con los listados y perfiles de los mandos militares del país y sus comunicaciones?”, se preguntó, según cita la fiscalía.
A la par de las investigaciones de “Brazalete Blanco”, el Estado desmontó durante 2023, un operativo en el mes de mayo y, posteriormente, los casos Espionaje Guasdualito y La Viñeta, con los que se buscaría perpetrar un manigicio contra Maduro. Además, también se desmanteló el Caso Fortunato, con el que un ex agente de inteligencia militar venezolano entregaría información sensible de militares a la CIA.
En estas investigaciones resultaron detenidas 32 personas, todas involucradas en violación de leyes tipificadas en el marco legal venezolano.
Pese a las delaciones, y a que varios de los involucrados detenidos reconocieron y admitieron ser parte de las conspiraciones, varios voceros de la derecha, así como supuestas “oenegés” y grandes medios salieron a la defensa de estas personas, y presentaron sus casos como persecución política.
A la par, empresas de comunicación aprovecharon para reimpulsar la falsa matriz de que en Venezuela hay instalado un patrón de desaparición forzada contra supuestos “disidentes” del Gobierno.
Fin de oficina injerencista
Otro de los casos en los que medios, “activistas” y oenegés aprovecharon para atacar a Venezuela en cuanto a DDHH fue la injerencia sostenida por parte de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela, instalada en Caracas en 2019 tras la firma de una Carta de Entendimiento con el Estado venezolano. Desde hacía meses esta oficina -según explicó el fiscal Saab- había comenzado a extralimitar sus funciones más allá de ayuda técnica.
La referida instancia comenzó a “preocuparse, de forma muy extraña, en expedientes vinculados a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido acusadas, incluso, condenadas, con casos que para nada tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos sino casos de conspiración, asesinatos, y queriendo fungir como auditores”, explicó el 19 de febrero.
«Yo me cuestiono acá: ¿Una oficina de DDHH tiene que estar auditando expedientes?, o ¿estar solicitando en lista expedientes que se encuentran en la Dirección General que tienen que ver con temas sobre lucha contra la delincuencia organizada, corrupción y delitos comunes, como asesinatos?”, expresó.
Debido a esto, Venezuela decidió cesar el funcionamiento de dicho despacho, el cual – según reza un comunicado oficial del Gobierno- pasó “a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
“Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad”, reza el texto emitido por la cancillería venezolana.
“Esta Oficina del Alto Comisionado – añade la comunicación- resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
“Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela”, sigue el comunicado.
Pese a la constante injerencia, Venezuela ratifica su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad y no selectividad.
Colaboradores para la violencia
Tal y como dicta la Constitución, este año corresponde la realización de las elecciones presidenciales. Producto de un amplio diálogo en la Asamblea Nacional entre políticos, sectores y movimientos sociales de todas las tendencias involucrados se acordó la realización del evento comicial para el segundo semestre del 2024.
La fecha también coincide con lo pactado en el Acuerdo de Barbados entre el sector más extremista de la oposición y el Gobierno. Este acuerdo claramente establece que “se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
Pese a estar claro, la extrema derecha, junto con EEUU y sus aliados en Europa, intentan promover, ilegalmente, la candidatura de María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular por 15 años por violar la Carta Magna, al pedir invasión y sanciones contra la República. Machado, asimismo, está inmersa en el esquema corrupto del exdiputado Juan Guaidó que expolió al país mil millonarios recursos de los venezolanos.
Aunque la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia han sido tajantes, Machado se ha dedicado a orquestar, junto con supuestas oenegés y con ayuda de Washington y corporaciones mediáticas, un escenario propicio para desencadenar violencia.
Investigaciones recientes por parte de cuerpos de inteligencia y seguridad realizadas a su equipo de “colaboradores” arrojaron que cuatro de los directores estatales del partido Vente Venezuela – organización de Machado- están inmersos en planes violentos, que serían la continuación del operativo fallido “Brazalete Blanco”.
Tras indagaciones están detenidos Juan Freites, director del comando estatal de VV de La Guaira; Luis Camacaro, coordinador de dicho partido en Yaracuy; Guillermo López y Emil Brandt, también coordinadores de Trujillo y Barinas, respectivamente.
En una confesión divulgada en un video durante una rueda de prensa liderada por el fiscal general, Brandt admitió que de no darse la habilitación a Machado altos dirigentes de VV y cercanos a la líder extremista planificaron con dinero de una supuesta oenegé internacional generar focos de violencia con acciones de calle. El plan, que arrancaría con la toma del fuerte en Táchira – “Brazalete Blanco”-, a comienzos de año, usaría como excusa una protesta de maestros el 15 de enero y las movilizaciones del 23 de enero y por el Día de la Juventud el 12 de febrero.
En el video, Brandt dice que poco a poco “iban a incorporar a los jóvenes para generar mucho más actos de calle, en relación a lo que tiene que ver con quema de cauchos, contenedores, edificios públicos”. La idea – dice- era “provocar a las fuerzas del Estado y hacer cometer hechos de sangre, todos para llamar la atención de los derechos humanos”.
El objetivo, dijo en el video, era que “fuéramos reprimidos por los medios de seguridad, y de esta manera generar una matriz de opinión internacional y nacional que le permitiera a Barinas victimizarse y llamar la atención a los demás estados para que se sumase a dichas protestas”.
En otra parte del video, el colaborador de Machado confesó: “la realidad del plan ‘Hasta el Final’ (slogan de campaña de la líder extremista) no es generar política sino subvertir el Estado, generando acciones desestabilizadoras, usando como detonante a la gran Alianza Territorial dirigida desde Caracas por Dignora Hernández (secretaria política de VV), aglomerando las masas desde los gremios sindicales de educación, salud y todo lo que tiene que ver con los estudiantes, de manera tal que esto le permita a cada uno de los sectores incentivar a un ala militar que desemboque a la afectación de las empresas energéticas y lograr poner contra las cuerdas y en jaque al gobierno venezolano, solo para cumplir los deseos de María Corina Machado de ser candidata presidencial”.
Brandt también admitió que los prófugos de la justicia Julio Borges y Antonio Ledezma, hoy protegidos por la derecha internacional, estarían encargados de orquestar, desde Cúcuta, Colombia, una invasión con militares disidentes.
Por estos planes conspirativos también están detenidos Hernández y Henry Alviárez, coordinador nacional de VV.
En esta misma rueda de prensa, Saab explicó que en marzo también fueron detenidos Whillfer José Piña Azuaje y Renzo Estibenz Flores, involucrados en un plan magnicida – el séptimo descubierto-, que planeaban ejecutar durante una visita del jefe de Estado, Nicolás Maduro, a Maturín, estado Monagas.
Pese a todos estos elementos incriminatorios, que conllevaron a las detenciones que se ejecutaron bajo el debido proceso y respeto a los DDHH, la presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, Marta Valiñas, presentó una actualización en Ginebra que persiste en instrumentalizar una materia tan sensible para atacar a Venezuela.
Esta instancia esgrimió, en un informe sesgado, que en el país Bolivariano se “reactivó” un esquema persecutorio contra opositores, sin tomar en cuenta que estas personas no actúan como políticos sino como conspiradores.
“La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del gobierno”, expresó Valiñas desde la ONU.
La vocera de la supuesta “misión independiente” dijo que el Gobierno usa estas conspiraciones “reales o ficticias” para amedrentar a “activistas”, con el fin de coartar el derecho político de la oposición.
Como hacen los grandes medios y agencias de noticias internacionales para imponer una matriz, Valiñas evade diferenciar que la Plataforma Unitaria – a la que pertenece Machado- es solo uno de los sectores de la oposición en Venezuela, casualmente el más extremista. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se han respetado todos los derechos políticos y humanos de los adversarios al chavismo. En las 30 elecciones que se han registrado desde 1998, los aspirantes que cumplen con los requisitos de ley ya preestablecidos en la Carta Magna han podido participar, incluso han ganado alcaldías, gobernaciones y curules en la Asamblea Nacional.
Actualización sesgada
Frente a las falsas acusaciones de la Misión “independiente”, el embajador de Venezuela ante el sistema de Naciones Unidas, Alexander Yánez Deleuze, aseveró que tales señalamientos están sustentados en una versión parcializada, y están basados en fuentes anónimas o inventadas, cubiertas bajo el manto de verdades.
Yánez aclaró que la actualización oral expuesta por Valiñas deviene de la Resolución 51/29, adoptada “con el apoyo de un grupo cada vez más reducido de países, que instrumentaliza al Consejo de Derechos Humanos para poder avanzar en su agenda geopolítica. Esos países insisten en intervenir en los asuntos internos de Venezuela, y pretenden tutelar nuestras instituciones, renunciando de facto al diálogo genuino y a la cooperación”.
El informe oral está lleno de frases “hostiles y sin fundamentos no verificados ni contrastados”, que se convierten en insumos para la narrativa contra Venezuela que es promovida por medios financiados por países que, a su vez, agreden a Venezuela con las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU).
“Llama la atención que la Oficina del Alto Comisionado no se haya pronunciado en algún momento sobre las denuncias sustentadas del Gobierno Nacional de los varios intentos de golpe de Estado y conspiraciones magnicidas recientemente frustradas por los organismos de seguridad”, añadió. “Al contrario, el pronunciamiento de la Oficina que motivó la cesación en Venezuela estaba en perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana. Sí, justamente con aquellos que planificaban o tenían comprobada participación en el intento de asesinato del presidente de la República”.
Yánez expresó que pese a este incidente, Venezuela continúa estableciendo canales de comunicación con dicha oficina, en el marco de la cooperación sin tutelaje, ni injerencias.
El diplomático venezolano también denunció que no se puede hablar de derechos humanos sin abordar el bloqueo impuesto por EEUU y sus aliados, que le ha provocado la pérdida al país de 232.000 millones de dólares en diez años.
Esta cifra ha sido elevada a la Corte Penal Internacional (CPI), en el expediente denominado Caso Venezuela II, en el que se denuncia a Washington por los graves delitos de lesa humanidad que han ocasionado sus 930 MCU contra Caracas. No obstante, este folio no ha prosperado pero sí curiosamente lo ha hecho el Venezuela I, con el que también la derecha nacional y EEUU pretenden juzgar e instrumentalizar los derechos humanos a través de esta Corte, para socavar al Gobierno.
Todo esta confabulación políticamente motivada contra Venezuela ocurre en medio de una masacre sostenida y acelerada de Israel contra Palestina, en la que instancias internacionales como la ONU, la CPI y otros organismos han emitido respuestas muy tibias – por no decir nulas- contra el régimen sionista de Tel Aviv, que ya ha dejado en cinco meses más de 32.000 palestinos asesinados.
