Efectivos militares y policiales al mando de la dictadura peruana de Dina Boluarte han incurrido en graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes civiles desarmados que reclaman en las calles la restitución de la democracia, tras un golpe de Estado perpetrado por la derecha el 7 de diciembre de 2022 contra el presidente legítimo de ese país, Pedro Castillo.
Así lo señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en un informe emitido este 19 de octubre, que alerta que “hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. Esto incluye violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías judiciales, a la reunión pacífica y al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El estudio abarca hechos que van desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 23 de septiembre del 2023; por ende hace mayor énfasis en los casos ocurridos durante el pico de protestas de finales del año pasado y los meses enero, febrero y marzo recientes.
En todo ese tiempo, la oficina contabilizó a 50 personas asesinadas – entre ellas 27 menores de 25 años y siete menores de edad- y otras 821 heridas, presuntamente por las fuerzas de seguridad al mando de Boluarte. Otros 11 civiles fallecieron en el contexto de bloqueos de carreteras en accidentes o por falta de atención médica.
La OACNUDH también determinó, tras estudios in situ, entrevistas a testigos y revisión de informes, que la policía usó deliberadamente armas letales -como fusiles tipo israelí- prohibidas en manifestaciones pacíficas.
Ensañamiento contra menores
De igual forma, el ente develó que de los 50 asesinados 24 no estaban participando en las manifestaciones y 47 individuos recibieron disparos en la parte superior del cuerpo (cabeza, pecho, espalda y abdomen).
Entre los muertos que no formaban parte de las protestas está un joven de 15 años quien recibió un disparo el 15 de diciembre de 2022, mientras cruzaba la calle en el trayecto entre su casa y su lugar de trabajo en Ayacucho. Otro caso que reporta la ONU es el de un joven de 17 años que murió el 16 de diciembre de ese año en Junín, tras haber sido alcanzado por una bala mientras llevaba agua a afectados por los gases lacrimógenos durante una confrontación entre manifestantes y policías. En este mismo contextos dos personas perdieron sus vidas mientras prestaban asistencia médica a personas heridas.
De igual forma, la ONU documentó varios casos de civiles muertos que estaban lejos de las manifestaciones. “Por ejemplo, en Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022, dos jóvenes de 18 años recibieron disparos mortales de armas de fuego cuando se encontraban en un mirador, observando las protestas desde lo alto de una colina, a una distancia de cientos de metros. Las autopsias confirman las muertes por heridas de bala en el tórax y la cabeza”, cita el documento.
Otro dato alarmante es que de los 108 civiles heridos por disparos de armas de fuego, al menos 65 presentaban heridas en las partes superiores del cuerpo, como la cara, la mandíbula, el pecho, la espalda y los brazos.
En contra de los peruanos que en las calles exigían adelanto de elecciones, Asamblea Nacional Constituyente y liberación de Castillo, también se usaron armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, la muerte. Específicamente, los agentes de Boluarte dispararon latas lacrimógenas y perdigones de gomas y metal a corta distancia que cercenaron la vida de varias personas.
Torturas y violaciones contra indígenas
Entre diciembre del 2022 y marzo 2023, la OACNUDH también determinó que se realizaron detenciones forzosas ilegales y prolongadas, incluso a menores de edad, bajo esquemas violentos que comprenden golpes, patadas, pisotones y tirones de pelo. Muchas de estos operativos se realizaron con agentes encubiertos o vestidos de civil.
“Durante la privación de libertad, que en la mayoría de los casos duró hasta 48 horas, también se han denunciado una falta de garantías y condiciones adecuadas de detención, como acceso a representación legal, comunicación con familiares, acceso a intérpretes y a medicación. En cuatro casos documentados, los detenidos recibieron un trato que puede equivaler a tortura o malos tratos. Algunas personas también denunciaron haber sido obligadas a firmar documentos en los que indicaban que habían recibido buen trato durante su detención”, se lee en el reporte.
La oficina especializada también devela prácticas violentas, incluso sexuales, con fuerte huella racista y xenofóbica contra líderes y mujeres indígenas durante el allanamiento policial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, perpetrado el 21 de enero de este año.
“Los agentes dispararon gases lacrimógenos, mientras las personas que se encontraban dentro descansaban, desayunaban o estaban en medio de sus rutinas de higiene personal. Los policías varones entraron en los aseos y habitaciones de las mujeres, donde algunas se estaban vistiendo o bañando. Más de un centenar de personas fueron obligadas a tenderse boca abajo en el suelo mientras estaban esposadas, recibiendo golpes en partes del cuerpo, así como insultos y frases de discriminación racial por parte de los agentes de policía”, describe la oficina de Naciones Unidas.
El estudio también abordó cuatro casos, en las regiones de Apurímac, Puno y Cusco, en los que se evidenció que 50 detenidos fueron víctimas de torturas y malos tratos que contravienen la normativa internacional.
Los agentes policiales de Boluarte propiciaron a los manifestantes, con total impunidad, golpes con objetos contundentes (culata de armas y palos) en diversas partes del cuerpo, entre ellos los genitales. Las víctimas también fueron bofetadas con los ojos vendados y manos esposadas. De igual forma, los uniformados amenazaron de muerte a varios organizadores de protestas y sus familias, y les sometieron a torturas psicológicas como amenazas y simulación de fusilamiento.
El informe – que ahonda en detalles en cada caso- relata que el 9 de febrero pasado, en Izcahuaca, Apurímac, más de 40 personas, entre ellas siete mujeres, viajaban en autobuses hacia Huacabamba, Andahuayas, después de participar en las manifestaciones. “De regreso, habrían sido interceptadas por varios vehículos policiales con efectivos armados, quienes les habrían dado alcance y bloquearon su ruta. Según la información recibida, la policía disparó contra los camiones, pinchándoles las ruedas. Denilson Huaraca Vilchez, de 22 años, murió de una herida de bala en el tórax, y otras tres personas resultaron gravemente heridas de bala. Una de las personas heridas quedó parapléjica y otra sigue recuperándose del impacto de una bala cerca del corazón y de la perforación del pulmón”, narra la ONU.
Según los testimonios recogidos por la OACNUDH, “las personas fueron obligadas a bajar de los autobuses y habrían pasado más de tres horas en la carretera a temperaturas bajo cero, mientras habrían sido interrogadas por la policía y recibían golpes y pisoteos. Una de las personas heridas de bala habría sido obligada por la policía a conducir uno de los autobuses mientras se desangraba”.
Washington y aliados callan
Todo este espiral represivo – que no se distingue en nada a los aplicados por las dictaduras de Suramérica en el marco del Plan Cóndor de EEUU- se generó a partir de la instalación del régimen de Dina Boluarte, gobernadora de facto que ha sido apoyada por la derecha continental y la Casa Blanca. Tras la ruptura de la democracia hasta el 20 de febrero, la Defensoría del Pueblo registró 1.327 protestas, 882 movilizaciones, 240 paralizaciones, 195 concentraciones y plantones, 10 vigilias y 60 marchas por la paz.
El presidente Castillo, aún detenido bajo falsos argumentos, ha sido considerado el primer presidente de izquierda en los tiempos recientes de Perú. Su proyecto político incluía planes sociales, como educación y salud a la población más vulnerable – que es mayoritariamente indígena-, cese de la corrupción y una justa distribución de la riqueza. Sin embargo, la derecha enquistada en el Poder Legislativo se encargó de sabotear su gestión y en 16 meses de gobierno promovieron tres intentos para sacarlo del poder. Ante esto, el Mandatario disolvió el Congreso y llamó a una reorganización en el Poder Judicial y otras instancias, anuncio que fue usado como la excusa idónea para asestar un golpe y su posterior secuestro y encarcelación.
La injusta detención de Castillo y la ilegal toma de poder de Boluarte fueron los carburantes del estallido social que pide en las calles de todo el país una nueva Constitución, la liberación del mandatario y adelanto de elecciones. Para lograr unos comicios, y encauzar al país en la democracia, movimientos sociales y políticos opositores presentaron, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, 13 proyectos leyes para celebrar votaciones. No obstante, la derecha en el Congreso se dedicó a rechazarlos.
A pesar de las sistemáticas denuncia de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Boluarte, los medios hegemónicos, Washington y organismos como la Organización de Estados Americanos han guardado silencio cómplice o han sido muy tibios en sus condenas, en contraste con la postura que asumen ante otros gobiernos de la región, especialmente los de izquierda o progresistas como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua que son señalados y acusados sin métodos rigurosos y pruebas verídicas.
Para tratar de limpiar su imagen en el ámbito internacional, el régimen informó a la OACNUDH que investiga estos casos de crímenes de lesa humanidad y añadió que «brinda» asistencia técnica y «acompañamiento» a las víctimas.
Foto principal: La Otra TV
