Desde la llegada de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua, este país centroamericano ha sido nuevamente posicionado como centro de ataque imperial. Voceros y medios al servicio de la derecha regional, de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) han incrementado, en los últimos días, la intensa campaña de desprestigio en contra del gobierno sandinista.
Siguiendo el guion de golpe blando – que es aplicado bajo distintos métodos en contra de gobiernos de izquierda – la derecha de Nicaragua activó una agenda violenta con protestas de calle en 2018. Tal y como sucedió en Venezuela en 2014 y 2017, grupos violentos alentados y financiados por fracciones de EEUU emprendieron durante meses manifestaciones en las calles que culminaban con actos vandálicos, heridos y muertos.
En abril del 2018, el presidente Ortega buscaba reformar el sistema de pensiones que venía arrastrando una fuerte crisis. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el sector empresarial privado le recomendaron al mandatario aumentar la edad de jubilación y la privatización gradual de las clínicas de salud, propuestas que recibieron una rotunda negativa por parte de Ortega.
Por el contrario, el Presidente planteó una mayor contribución por parte de los empresarios privados y jubilados, con los dueños de los negocios aportando la mayor parte. Este escenario llevó a un sector de la sociedad a protestar en las calles.
Aunque estas manifestaciones se podrían considerar legítimas, las mismas comenzaron a tornarse violentas y al frente pasaron a protagonizar jóvenes y no adultos de la tercera edad que, en teoría eran los principales “afectados” por la reforma de jubilación.
Repentinamente, en la agenda de “protestas” no se pedía una reforma justa sino más bien el fin del gobierno legítimo de Ortega, con consignas como “abajo la dictadura” y “fuera el régimen”, muy parecidas a las frases registradas durante las guarimbas venezolanas en 2014 y 2017.
Grupos de choque, constituidos por jóvenes, salían a las calles con morteros, armas improvisadas – y otras reales-, explosivos y detonadores para causar caos. Estas células cortaban el paso vehicular y hostigaban a la ciudadanía común, trabajadores públicos, a adultos mayores, mujeres y niños. En semanas, saquearon y quemaron instalaciones de salud, unidades de transporte público, instalaciones como colegios y otros inmobiliarios estatales y privados.
El resultado de esta vorágine violenta – que se extendió durante meses- fue más de 300 muertos, 1.300 heridos y pérdidas por el orden de mil millones de dólares.
La violencia era apoyada por varios medios privados, supuestas “organizaciones no gubernamentales” e internacionales, y la alta jerarquía de la iglesia católica, por lo que el Estado tuvo que tomar medidas legítimas para preservar el orden constitucional.
Aunque estos sectores han fracasado en su intento de socavar al gobierno sandinista con la violencia política, ahora la ultraderecha se dispone a activar una campaña mediática internacional que centra como protagonistas a sectores reaccionarios de otros países, así como imponer o cambiar la agenda, a favor de “la liberación de Nicaragua”, en eventos internacionales.
Entre los voceros políticos que se inscriben en este guion, está el exdiputado y prófugo venezolano Juan Guaidó. Recordado como el “autojuramentado”, Guaidó dijo a la agencia española EFE que Venezuela está en un escenario “pre Nicaragua”. En esta misma línea declaró la exdiputada Tamara Adrián, durante el “debate” realizado la semana pasada entre ocho de los 14 participantes de unas primarias del sector más extremista de la oposición.
“Debemos generar una coalición externa e interna para evitar un escenario como el de Nicaragua”, espetó la también exmilitante de Voluntad Popular, organización con corte neofascista liderada por el prófugo Leopoldo López y a la que también pertenece Guaidó.
Paralelo a ello, y previo a la instalación de la reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE) que se realizó en Bruselas, Bélgica entre el 17 y 18 de julio, 150 personas, entre ellos supuestos “perseguidos políticos” de Nicaragua y organizaciones que “velan por los derechos humanos” emitieron una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández para que promoviera en el encuentro una agenda injerencista.
En total violación a los principios de no injerencia de la CELAC y de las leyes internacionales, los firmantes exhortaban a Fernández a alentar en el seno de la CELAC una campaña que aupara a una “transición democrática” en la nación centroamericana.
En Bruselas, varios voceros del autodenominado “exilio” nicaragüense sostuvieron encuentros con eurodiputados de derecha – entre ellos Leopoldo López Gil, padre del prófugo venezolano Leopoldo López- para afianzar la matriz de que en Nicaragua “se violan los derechos humanos”.
La NED detrás de los medios
Los medios nicaragüenses que fungen como caja de resonancia de los mensajes y matrices de este sector son los dirigidos por las empresas como Grupo ESE, que maneja el Canal 23; Nicavisión, mejor conocido como Canal 12 -de la familia Valle Peters-, La Prensa, 100 % Noticias, que mantiene una página web, y el ya canal católico que emitía por la señal 51 y ahora en redes.
Supuestos periodistas de estos medios y corporaciones de la comunicación incurrieron, durante 2018, en llamados a la violencia e insurrección, así como exhortaron a la injerencia internacional en contra del Estado, lo que contraviene toda legalidad interna.
A estas empresas locales se le unen los grandes medios como El Clarín de Argentina, El País de España, El Nacional de Venezuela, CNN y La Voz de América de Estados Unidos, BBC de Gran Bretaña, DW la estatal alemana, entre otros, que diariamente replican la matriz negativa contra el gobierno sandinista, al tildarlo de “dictadura” o “régimen” y desconocen los triunfos electorales y el respaldo que recibe Ortega.
El reconocido escritor y bloguero norteamericano, Max Blumenthal, denunció en 2018 cómo varios de estos periodistas y activistas de Nicaragua han venido recibiendo fondos, desde el 2014, por parte del National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Entre los receptores se encuentran el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la llamada Alianza Cívica por la Democracia, entre muchos otros que tienen como meta gestar un golpe de Estado.
“Las protestas que han estallado en Nicaragua – en 2018- han vuelto a enfocar la influencia del NED” que “ha gastado $ 4,1 millones en el país desde 2014, ayudando a que 54 grupos se conviertan en actores importantes en la escena política y «sentando las bases para la insurrección»”, se lee en el texto publicado en Rebelión.org.
En 2021, el periodista también denunció que estos mismos sectores estaban detrás de otro intento de golpe de Estado, tras conocerse la victoria de Ortega en los comicios presidenciales.
En este misma línea, el activista Ben Norton analizó en aquella oportunidad el “esquema de cambio” de la USAID en Nicaragua, al exponer un documento interno filtrado que detallaba la estrategia denominada “Responsive Assistance in Nicaragua” (RAIN, lluvia en inglés).
El esquema RAIN estipula tres pasos para gestar un golpe de Estado. El primero de ellos sería una victoria en las elecciones presidenciales del 2021. El segundo, plantea una fuerte crisis natural, causada por algún desastre climática, o inducida que hubiese podido provocar la renuncia de Ortega antes de las elecciones y el tercero – que es el actual – es la imposición de fuertes presiones económicas y la activación de una intensa campaña internacional para desprestigiar al gobierno sandinista.
Asedio con fines políticos
Parte de esas “presiones internacionales”, Nicaragua está en la lista junto a una treintena de países que son víctimas de las mal llamadas “sanciones” por parte de EEUU y la UE. Con 69 decretos de este tipo, la nación norteamericana es el tercer país con más medidas punitivas, luego de Venezuela y Cuba, blancos de férreos bloqueos.
“Son los gobernantes norteamericanos, con sus políticas terroristas, violadores de los derechos humanos. Porque están violando los derechos humanos cuando cierran las posibilidades de trabajo, cuando sancionan como han sancionado a Cuba a Venezuela, e incluso en la forma en cómo maltratan a países centroamericanos”, llegó a denunciar Ortega en 2022.
Durante su participación en la III Cumbre CELAC-UE, celebrada recientemente en Bruselas, el canciller nicaragüense Denis Moncada, reiteró que estas medidas de asedio “han causado un incremento en los precios del petróleo, los fertilizantes, energías y alimentos, afectando los presupuestos gubernamentales, las economías de las familias más vulnerables y obstaculizando nuestra capacidad para cumplir con las metas de la Agenda 2030”.
Por tal razón, Nicaragua exige en el evento “que las nocivas e injustas medidas unilaterales sean suspendidas y se les ponga fin a estas políticas denigrantes y violatorias de Derechos Humanos”, expresó Moncada.
