El Gobierno Bolivariano no ha dudado en extender y preservar todos los puentes de diálogo cordial con la República Cooperativa de Guyana para encontrar una solución práctica y beneficiosa a las partes a la disputa territorial por la Guayana Esequiba, zona que pertenece históricamente a Venezuela pero que fue expoliada por el imperialismo inglés, a través del fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899.
Durante décadas del pasado siglo, tanto Caracas como Georgetown habían mantenido abiertos los canales de comunicación para acordar una solución. Así, los países y Reino Unido (como gobernante de Guyana) firmaron el Acuerdo de Ginebra en febrero de 1966, que estipula la designación de un buen oficiante y reconoce como nulo e írrito – por ser fraudulento- el pasado Laudo.
En los primeros años del siglo XXI, el comandante Hugo Chávez preservó con Guyana la diplomacia bolivariana de paz, que está regida por el diálogo a todo nivel, principio que conserva hoy el actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2013, apenas asumió el referido mandatario, la derecha imperial estadounidense recrudeció el bloqueo contra Venezuela y comenzó a instrumentalizar – a través de la Exxon Mobil- al gobierno guyanés para buscar un conflicto bélico con nuestra patria. La meta de EEUU es apropiarse del terreno y sus recursos de forma indirecta y, con ello, promover el injerencismo para acabar con la Revolución Bolivariana.
Parte del plan fue instruir a Guyana a ir unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal que se declaró competente para este conflicto. Venezuela, por su parte, ha dicho en reiteradas oportunidades que, como lo ha hecho en otras ocasiones, no reconoce a la CIJ para este diferendo ya que es ajeno al Acuerdo de Ginebra, documento que viola el presidente Irfaan Alí, aun y cuando en él está plasmada la firma de su país.
Aunque Venezuela no reconoce a la CIJ para la disputa, sí decidió ir a las audiencias. Las últimas de ellas, realizadas este 14 y 15 de noviembre pasado, se dieron como respuesta a medidas cautelares introducidas por Guyana ante el referendo consultivo que el Parlamento venezolano convocó y que se realizará en todo el país el próximo 3 de diciembre, tal y como lo anunció el Poder Electoral.
Manipuladores que piden injerencia
Por Guyana estuvo el ex ministro de Finanzas de ese país, Carl Greenidge, quien asomó que la consulta venezolana – que consta de cinco preguntas ya avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela- representa una amenaza.
Según cita AFP, el representante guyanés dijo a los letrados de la corte que si se da luz verde al referéndum su país corre el riesgo de sufrir una «pérdida irreparable y potencialmente permanente» de sus derechos.
Además de la paralización de la consulta, el gobierno de Alí pidió a la CIJ tomar cualquier acción cautelar que detenga a Venezuela de “apropiarse” del Esequibo, una solicitud que ignora por completo el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Para Greenidge, la CIJ es la única vía para “frenar” las pretensiones de Venezuela que buscan sembrar “caos que amenaza la paz y la seguridad de Guyana y la región del Caribe y más allá».
En este mismo tono se pronunció Paul Reichler, otro representante de Guyana, quien, bajo la manipulación y luego de descontextualizar videos sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), declaró al tribunal que desde Caracas “ya estaban en marcha los preparativos militares» para hacer cumplir el resultado del referéndum.
Ese mismo día frente a periodistas – y antes de su turno frente a la corte que fue este 15 de noviembre-, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, desmontó todos los falsos argumentos de la contraparte.
“Estamos realmente muy asombrados porque no solamente son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron también esa estirpe de arrogancia imperialista y colonialista”, alertó Rodríguez.
“Le han pedido a la Corte que el pueblo venezolano no vote, lo cual es absolutamente inaudito, extraordinario, asombroso, bárbaro, venir aquí y pedir (a la CIJ) entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, de su orden interno constitucional”, añadió la alta funcionaria.
La vicepresidenta alegó que Guyana evade el Acuerdo de Ginebra “porque se niegan a la solución práctica y satisfactoria para ambas partes”. De igual forma condenó que los voceros del gobierno guayanés “no mencionaron los ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Guyana. De eso no hablaron nada. Ni de sus declaraciones altisonantes junto al Comando Sur del Pentágono amenazando y agrediendo a Venezuela”.
“Nada evitará que se realice el referendo”
En el turno de Venezuela para presentar alegatos, la Vicepresidenta reafirmó que “nada evitará que se realice el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre”.
Asimismo, acotó que, a diferencia de Guyana, Venezuela ha sido respetuosa del Acuerdo de Ginebra de 1966 que “no reconoce la sede jurisdiccional de la CIJ como la vía amistosa para el logro de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes”, sostuvo, citada por VTV.
La Exxon Mobil – que hace casi diez años salió derrotada en un litigio contra Venezuela – es el eje financista que empujó a los gobernantes guyaneses a ir unidireccionalmente a esta instancia judicial, indicó.
Sobre este punto rebatió la matriz que intentó interponer la contraparte, al pretender hacer ver que Venezuela busca darle la espalda a la CIJ, organismo jurídico de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ante esto, Rodríguez fue enfática al decir que Venezuela ha desarrollado una doctrina, desde su posición histórica, de “no someter a decisión de terceros el arreglo de controversias relacionadas con sus intereses vitales, incluidas la independencia y la integridad territorial”.
Desde la creación de la ONU hasta la actualidad, Venezuela se ha opuesto en 12 oportunidades “a la jurisdicción obligatoria y automática de la corte, mostrando así, su coherencia en este aspecto”, recordó.
Este principio de Venezuela “está expresamente contenido en el Acuerdo de Ginebra de 1966”, refirió la funcionaria, al tiempo que rechazó la estigmatización que intentó hacer Guyana, previamente, sobre Venezuela en este aspecto que no se inscribe en “una situación excepcional y es compartida por la mayoría de la comunidad internacional”.
“La llama sagrada de la independencia recorre hoy el país de palmo a palmo, y el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano irá a votar para demostrar al mundo que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables”, puntualizó ante la CIJ.
Exxon Mobil titiritero de Guyana
A la par que estas audiencias se llevaban a cabo, Guyana – país que se presenta como el agredido y que acudió unilateralmente a la CIJ que aún no emite fallo- anunció el inicio de la producción de petróleo por parte de la Plataforma Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga, FPSO Prosperity, en el yacimiento Payara, en el bloque Stabroek, ubicado en un área marítima pendiente por delimitar. Esta acción es contraria “al Derecho Internacional Público y se constituye en una nueva provocación por parte de un gobierno al servicio de la Exxon Mobil”, expresó la cancillería venezolana en un comunicado oficial.
“Venezuela ha evidenciado esta ilegalidad, de manera documental y comunicado repetidamente al gobierno guyanés y la comunidad caribeña, que tales acciones se están convirtiendo en el mayor foco de desestabilización en la región, socavando los intereses legítimos del pueblo venezolano”, agrega el texto.
En Venezuela, por su parte, se registran encuentros, actividades, charlas y marchas de sectores sociales y el pueblo movilizado que dirá “sí” a las cinco preguntas el próximo 3 de diciembre.
Hace siete meses, la CIJ fijó como fecha límite abril del 2024 para que Venezuela recabe toda la documentación que respalden el carácter fraudulento del Laudo Arbitral de París de 1899. En ese mismo pronunciamiento se determinó que Reino Unido no forma parte de la disputa aunque se agrega que la corte examinará su conducta. El año entrante, la CIJ no delimitará las aguas frente al Esequibo, frontera que se determinará en otro proceso.
Foto principal: CIJ
