La represión policial contra el pueblo peruano, ordenada por el gobierno de facto de ese país, no da tregua. La acción policial contra las manifestaciones que piden la restitución del presidente Pedro Castillo o elecciones, la disolución del Congreso y una Asamblea Constituyente ha dejado, hasta ahora, a siete muertos – dos de ellos menores de edad- y cientos de heridos.
“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego”, declaró a los medios durante la noche de este lunes la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
De acuerdo con la Dirección Regional de Salud del departamento de Apurímac, ubicado en el sur del país, este lunes fallecieron dos personas en la región de Andahuaylas. Se trata de Jonathan Encino Arias Choccepuquio y Wilfredo Lizarme Barboza, ambos de 18 años de edad, informa Telesur.
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Estas muertes se suman a las de Becan Quispe, de 18 años; Jonathan Lloclla, de 26; y los menores identificados por las iniciales D. A. Q, de 15 años; y R. P. M., de 16; en Apurímac.
En el departamento de Arequipa, también en el sur del país, se reporta el deceso de Miguel Arcana.
Las manifestaciones se han registrado en el norte y sur andino, y en los departamentos que ocupan la llamada Sierra peruana en donde el apoyo a Castillo es más notable.
Miles de personas se han movilizado, durante varios días, en las calles de varias regiones de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Huancayo, Cusco, Puno e Ica.
Para tratar de aplacar al pueblo, la mandataria de facto, Dina Boluarte, decretó Estado de Emergencia en varias regiones de Apurímac, Ica y Arequipa. En esta última, los manifestantes tomaron, por cuestión de horas, el aeropuerto que tuvo que suspender sus actividades comerciales.
Con la medida de Boluarte se suspenden provisionalmente varios derechos constitucionales, como lo son la libertad de tránsito y reunión. Ante esto, la defensora Revollar, denunció que “ni la policía ni los Estados de Emergencia, en toda la historia de la conflictividad que la Defensoría del Pueblo tiene registro, han resuelto los conflictos o las crisis”.
En Chincheros, provincia de Cusco, también se han vivido momentos álgidos y de enfrentamientos entre manifestantes y policías, efectivos que han usado munición real para reprimir. Resumen Latinoamericano cita un audio filtrado a la prensa y en redes digitales en el que se oye a un policía decir: “¡Necesitamos apoyo en Chincheros! Que venga un helicóptero para dispersar a las personas. Solo somos 30 efectivos. Ya se nos está acabando la munición, tenemos policías heridos”.
Por su parte, la Federación de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (FEUNCP), en Huancayo – provincia de la Sierra-, han llamado, no solo al almunado, sino a los gremios de agricultores, comerciantes, transportistas entre otros para que se realice una movilización en contra del gobierno de facto.
Castillo, agricultor de la Sierra, maestro y líder campesino, asumió la presidencia en julio del 2021, tras varios años de conflictividad en Perú, provocada por la clase política dominante. En 16 meses de mandato, el ahora mandatario secuestrado enfrentó varias acusaciones infundadas sobre presunta “corrupción” y tres intentos de “destitución” desde el Congreso, acciones promovidas por la derecha oligárquica de este país.
Entre las prioridades del gobierno de Castillo, que se extendería constitucionalmente hasta el 2026, estaba un cambio en la Carta Magna, que sería consultado con la población, con el fin de garantizar derechos de los sectores históricamente excluídos en Perú, como lo son indígenas y campesinos de la Sierra.
Este lunes, el mandatario denunció en una carta, que difundió en redes, que sus derechos humanos estaban siendo vulnerados en la cárcel de máxima seguridad de la Dirección de Operaciones Especiales, en Lima, en donde se encuentra retenido.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y Colombia manifestaron, en un comunicado conjunto, su preocupación por la situación en Perú y pidieron a “las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo, y que se le garantice la protección judicial”.
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, indica el comunicado, difundido por la cancillería de Argentina.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, agrega.
Foto principal: NODAL
