Los objetivos expansionistas de Estados Unidos (EEUU) no tienen límites; y más cuando se trata de Suramérica, una región rica en minerales y estratégica que Washington ha tratado de dominar, a lo largo de los años, con el uso de la fuerza, imposición de cruentas dictaduras o promoción de gobiernos serviles.
Todas esas maniobras les funcionaron – en mayor o menor medida- a EEUU en la región, a lo largo del siglo XX. Una muestra de ello fueron las dictaduras del Cono Sur que durante décadas asesinaron a miles de civiles inocentes, con el pretexto de frenar el avance de la izquierda en el continente. Este período constituyó uno de las más oscuros en cuanto a derechos humanos.
Sin embargo, con la llegada inminente de gobiernos progresistas y de izquierda – que no ven a la Casa Blanca como su principal aliada- la estrategia norteamericana mutó. Ahora, el imperio planea guerras mediáticas, tácticas de desinformación en redes digitales y activa mecanismos de lawfare o persecución judicial a líderes políticos. De igual forma, el imperio entrena a grupos armados ilegales y aplica unas mal llamadas sanciones y otras medidas coercitivas contra gobiernos no complacientes y no serviles.
El último caso es el de Perú, en donde la derecha en el Congreso – y en otras instancias de poder – destituyó y apresó al presidente electo Pedro Castillo, luego de que este disolviera al Poder Legislativo, instancia que buscaba apartarlo del poder.
Castillo, un maestro de escuela de origen rural, se había comprometido con el pueblo peruano a llevar adelante importantes reformas económicas y sociales en el país, en el que impera la pobreza: 27.5 % del total de la población vive en la precariedad, es decir 9 millones de peruanos.
Tras el golpe a Castillo, la ahora mandataria ilegítima, Dina Boluarte, ha recibido todo el apoyo de la Casa Blanca. Bajo su régimen se ha reprimido y masacrado durante meses a los manifestantes que solicitan, en casi todos los departamentos de ese país, la restitución del mandatario, una Asamblea Nacional Constituyente y elecciones ya.
Las manifestaciones más álgidas se registraron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Durante ese período se constató, por varios medios de comunicación, tanto privados como alternativos, el abuso de fuerza militar y policial contra civiles desarmados. Esta desproporción provocó la muerte a más de 70 personas. De ese total, 41 son civiles que fueron ultimados por las fuerzas del “orden” comandadas por el régimen de Boluarte.
Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe, denunció ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos que responden a la mandataria de facto. El referido organismo, advierte además, que la represión fue más fuerte en la zona sur del país, en donde vive la mayor parte de los pueblos indígenas; por lo que catalogó que el accionar desmedido del gobierno de Boluarte estuvo signado por un componente étnico-racial.
En medio de estas fuertes tensiones, y ante el creciente rechazo a la gestión de Boluarte – 76,9 %, según cifras publicadas por la encuestadora CPI a principios de mayo- el Congreso aprobó, y a petición de la mandataria, el ingreso de tropas estadounidenses al país, con el fin de “cooperar y entrenar” a militares y a policías.
Con una votación de 70 votos a favor y 33 en contra, el pleno del Poder Legislativo dio luz verde a la presencia de elementos militares del país norteamericano, desde el 1ero de junio hasta el 31 de diciembre de este año, informan varios medios, que aclaran que las maniobras se llevarán a cabo en 14 de los 24 departamentos del país.
El secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, dijo que la idea es que estos efectivos proporcionen “apoyo y asistencia en Operaciones Especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú”, en el período señalado.
Esta medida – así como las masacres y represión registrada en Perú- ha recibido fuerte rechazo en la región.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una de las voces más duras contra la incursión de militares norteamericanos en la nación andina.
“Hago un llamado de atención al gobierno de EEUU, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos”, denunció López Obrador
En este tono también se pronunció el expresidente boliviano, Evo Morales, quien denunció que “el Perú se gobierna desde Washington, bajo la tutela del Comando Sur”.
El líder campesino advirtió que “la criminalización de la protesta y la ocupación de fuerzas militares estadounidenses se viene la consolidación de un Estado represor que afectará la soberanía y paz regional en América Latina”, por lo que el mayor desafío de los peruanos es “recuperar su autodeterminación, su soberanía y sus recursos naturales”.
