El ultraderechista Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos más oscuros y siniestros de la historia reciente de Colombia. Sobre este exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010 al vecino país, han recaído cientos de casos e investigaciones que lo señalan de estafador, manipulador, narcotraficante, parapolítico, genocida, entre otros delitos.
Tan solo la semana que viene, Uribe acudirá a las instancias judiciales para rendir cuentas sobre dos casos distintos. Uno lo relaciona con una calumnia contra un periodista y otro con una masacre paramilitar ocurrida en los años 90, reseña RT.
Uribe tiene agendada una audiencia concentrada, donde “se reúnen, aprueban y desaprueban todos los argumentos necesarios para dar inicio al juicio”, el próximo 29 de noviembre, en el Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, indica el referido medio.
En ese tribunal se investiga al político ultraderechista por el delito de calumnia agravada contra el periodista Daniel Coronell, a quien en 2017 vinculó, sin pruebas y mediante un mensaje de X (antes Twitter), con el narcotráfico.
Según un comunicado de la Fiscalía, emitido en septiembre, se concluyó que “no existe una conducta positiva del querellado de querer resarcir el daño ocasionado a la integridad moral del querellante”, cita el medio ruso.
El otro proceso está relacionado con la masacre de El Aro, ejecutada en 1997, mientras el ahora exsenador era gobernador de Antoquia (1995-1998). El nombre de Uribe salió a relucir por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, comandante de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señaló directamente al expresidente de ser autor intelectual del hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así, el pasado jueves el Ministerio Público publicó un comunicado donde se notifica que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) citó al exmandatario para una “diligencia de versión libre”, el próximo lunes, como parte de la indagación del suceso.
En el texto se afirma que la diligencia fue solicitada por el propio Uribe, “quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso”.
Mancuso – quien ha señalado en otras oportunidades a Uribe con el paramilitarismo- llegó a decir que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló el municipio de Ituango durante la matanza de 15 campesinos.
En 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín inició una investigación contra Uribe, debido a que varios testigos afirman que la aeronave del Servicio Aéreo de Salud de Antioquia –del que habló Mancuso– estuvo en el lugar de la matanza.
El líder de las AUC comenzó su vida criminal en 1994. Para ese momento fundó, junto con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, las AUC, organización que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cometió la mitad de los 262.000 homicidios generados alrededor del conflicto entre 1958 y 2016.
El lunes no solo se indagará sobre la masacre de El Aro. Uribe también deberá ofrecer su versión libre sobre el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en febrero de 1998 en Medellín. Mancuso también aseveró que el expresidente tenía conocimiento de su muerte.
En casi 47 años de vida política, Uribe ha acumulado cientos de investigaciones por corrupción, nacrotráfico, paramilitarismo, asesinatos y masacres. Hasta el momento ninguna de ellas ha prosperado.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia tenía en sus manos 30 procesos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes otros 50, vinculados al expresidente, indica France24.
Genocidio como política uribista
Además de ser acusado como el autor intelectual de la masacre El Aro, a Uribe también se le investiga por su presunta participación en las masacres La Granja y San Roque, en las que, en ambos hechos, murieron 20 personas.
Las primeras acusaciones contra el político surgieron en 2008, cuando varios testigos dijeron que Uribe ayudó a planificar estos crímenes de lesa humanidad.
Mancuso llegó a decir que el Secretario de Gobierno de Uribe estuvo con las AUC durante los hechos, y que el Ejército colombiano les ayudó.
El medio francés aclara que otro exparamilitar de menor rango, Francisco Villalba, sostuvo que Uribe habría participado de principio a fin en la masacre de El Aro, pues según él, el entonces gobernador estuvo en una reunión en la que se planeó el ataque y luego felicitó a los armados porque “la operación había sido un éxito”. Un año después de sus denuncias, Villalba fue asesinado de forma inexplicable mientras pagaba condena.
Raíces familiares paramilitares
Otro de los expedientes en contra del líder del derechista Centro Democrático es el denominado Caso Uribe, que comprende más de 295 investigaciones que apuntan a relaciones con el paramilitarismo.
Desde 2018, la Corte Suprema investiga a Uribe por presuntamente manipular a varios exparamilitares para que cambiaran sus versiones que lo relacionan con este mundo criminal. La génesis de todo radica en el año 2012, cuando el senador de oposición Iván Cepeda marcó a Uribe en un debate, en el que presentó las declaraciones de varios exparamilitares que aseguraban que el expresidente y su hermano Santiago Uribe habían fundado una organización que perteneció a las AUC.
Uribe se defendió y esgrimió que todo era falso y acusó a Cepeda de presentar falsos testimonios y de abusar de sus funciones como congresista por ir a la cárcel a recolectar las evidencias. No obstante, seis años después la Justicia cerró el proceso en contra de Cepeda y, en cambio, comenzó a investigar al expresidente bajo los cargos de fraude procesal y manipulación de testigos.
El testigo clave es Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que denunció desde la cárcel que los abogados de Uribe lo intentaron convencer para que cambiara su testimonio. Monsalve sostuvo en ese entonces que los hermanos Uribe crearon el grupo armado en el que él militó, y aseveró que conoce al expresidente, pues es el hijo del mayordomo de una de sus fincas.
Todos las averiguaciones conllevaron a que la Corte Suprema llamara a indagatoria a Uribe el 8 de octubre de 2019, convirtiéndo en el primer expresidente de la historia colombiana en pasar a esta etapa de una investigación.
Durante el proceso, Uribe se defendió. Sobre las pruebas de que uno de sus abogados le dio dinero a dos reos, el congresista dijo que “no sabía que eso había ocurrido” y que su apoderado dijo que los pagos fueron por “razones humanitarias”.
El político también se quejó de las más de 20.000 interceptaciones que según él han hecho a su celular y de las supuestas manipulaciones de los chats presentados como pruebas. Ante el juzgado, Uribe se refirió a otros casos en los que está investigado, como el de la masacre de El Aro, sobre el que dijo que los episodios que narran los testigos eran “fantasías”.
En agosto del 2020, la Corte Suprema le emitió orden de arresto domiciliario, y por ello decide renunciar a su curul en el Congreso para que el caso sea remitido a la justicia ordinaria, con la que tendría más margen de manipulación. Dos meses después, el exsenador queda libre, sin embargo sigue su investigación sobre este caso que ahora el fiscal de la nación actual, Francisco Barbosa, ha intentado proscribir y dejar en el olvido.
Espía consagrado
Entre los cientos de casos que salpican y centran a Uribe como protagonista, resalta el de las escuchas e interceptaciones de conversaciones hechas en 2014 por una oficina de hackers, liderada por Andrés Sepúlveda, a los representantes del gobierno que participaban en el proceso de paz.
Sepúlveda fue capturado en 2015, condenado por varios delitos y le dieron 10 años de cárcel. Durante mucho tiempo, el informático denunció que la información que recabó se la suministró a un equipo que trabajaba para Uribe. El caso continúa en investigación.
Otra carpeta del expediente de Uribe es el conocido Escándalos de las Chuzadas” que pasó a la historia como el mayor operativo de espionaje ilegal llevado a cabo por órdenes de un presidente. Uribe puso a la orden de los narcoparamilitares al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) – organismo de inteligencia manejado por el Ejecutivo-, quienes llegaron a asesinar a cientos de sindicalistas, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Muchacho bendito del narcotráfico
Los pasos de Uribe con la ilegalidad no son nuevos y no son clandestinos. Por el contrario, Estados Unidos – el principal asesor y aliado de este expresidente- conoce desde hace décadas que el político ultraderechista mantiene lazos con los estratos más profundos, poderosos y criminales de Colombia, como lo fue en su momento el narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín.
Un reporte de la página Levante, refiere que entre 1980 y 1982, Uribe fue director de Aeronáutica Civil, puesto desde el que, según varios testimonios, ayudó a la organización criminal de Escobar. Virginia Vallejo, expresentadora de televisión y examante del hoy fallecido traficante, recoge en su libro “Amando a Pablo. Odiando a Escobar” las razones por las que el llamado Patrón “idolatraba” a Uribe: “Mi negocio y el de mis socios es el transporte, a cinco mil dólares por kilo asegurado (…) y está construido sobre una sola base: las pistas de aterrizaje y los aviones y helicópteros. Ese muchacho bendito (…) nos concedió docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos”.
En 2004, la ONG National Security Archive logró desclasificar documentos claves para dar a conocer las relaciones de los gobiernos de EEUU y violaciones de derechos humanos. En 1991 – refiere la ONG, citada por el medio español- el Pentágono posicionó a Uribe como un narcotraficante. “Álvaro Uribe Vélez. Un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria”, dijo el Departamento de Defensa, citado por varios medios.
El pueblo colombiano también recuerda negativamente a Uribe como el artífice de la política de “Seguridad Democrática” que generó los llamados “falsos positivos” durante su presidencia. Con este esquema, el gobierno ultraderechista pagaba recompensas a agentes del Ejército por cada guerrillero que cayera en combate. Así, los soldados, aupados por sus superiores y en conocimiento de Uribe y Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, asesinaron cerca de 2.500 campesinos que luego eran vestidos de paramilitares.
Bajo el cruento mandato de Uribe también se cavaron fosas comunes con miles de cuerpos, y se incineraron en hornos cientos de inocentes hoy desaparecidos, al mejor estilo de la Alemania del Tercer Reich. Estos casos aún están en etapas iniciales de averiguación.
Con total cinismo, Uribe y su acólito expresidente Iván Duque atacan a la Revolución Bolivariana y a sus líderes Hugo Chávez y al actual presidente Nicolás Maduro. Para socavar al Gobierno venezolano, Uribe ha orquestado planes con mercenarios – y con aval de la Casa Blanca- para asestar magnicidios y asesinatos selectivos contra líderes venezolanos. Uno de estos casos fue el homicidio cometido contra el joven y diputado venezolano Robert Serra, ultimado en 2014 por paramilitares entrenados en Colombia y vinculados al uribismo. En suelo neogranadino, agentes del uribismo entrenaron a los pilotos de drones con explosivos que intentaron acabar con la vida de Maduro en agosto de 2018.
