Después de semanas de firmes protestas en las calles y avenidas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Panamá oyó el clamor del pueblo de ese país que pedía el fin la derogación de la ley que extendía por 20 años las operaciones de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar una mina de cobre a cielo abierto en una zona rica en biodiversidad.
La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. “Lo anterior significa que la referida ley – denominada 406- queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, detalló, citada por RT.
En redes digitales se difundieron videos del pueblo celebrando en las calles de la capital, gritando consignas a favor de Panamá.
Desde el 20 de octubre, cuando se aprobó vía exprés y a altas horas de la noche la ya derogada ley, los panameños salieron a las calles a levantar su voz en contra del extractivismo de la transnacional que buscaba obtener grandes ganancias en detrimento ecológico.
Con el pasar de los días, se fueron sumando más sectores, como el educativo, pueblos indígenas, transporte, educación y sociedad civil que fueron elevando el descontento a un estallido social, marcado por la represión estatal. La gente se concentraba en las principales arterias en las que aplicaban cortes, gritaban consignas en contra de la ley y pedían al Estado la derogación del permiso. A la vez, el sector empresarial y de comerciantes veía afectada su actividad debido al tenso ambiente, lo que generó millonarias pérdidas y registro de desabastecimiento de insumos necesarios.
Además del impacto de la ley 406, el pueblo apuntaba también al Ejecutivo y Legislativo, por la rapidez con la que se aprobó el proyecto, y luego su inmediata sanción en gaceta por parte del presidente Laurentino Cortizo. Estos mecanismos exprés aumentaron la desconfianza hacia el mandatario, cuya popularidad se fue yendo a pique: 22 % de aprobación según la encuesta Gallup a mediados de año.
“Cada vez crece más la desconfianza en las instituciones de gobierno y en particular este Gobierno ha tenido un proceso de erosión muy severo”, dijo el investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales Osvaldo Jordán, citado por France24.
«También tenemos el problema de la corrupción, que es algo que se está dando en Panamá. Entonces hay una desconfianza de que el Gobierno puede estar sacando provecho en lo personal o en lo partidario y no para el beneficio de las mayorías”, agregó.
Desde 1997, la empresa canadiense viene operando en Panamá a través de una licitación otorgada sin medir los daños medioambientales. Esto provocó una protesta por parte de la sociedad y en 2009 movimientos sociales y activistas introdujeron una demanda. En 2017 se produjo un fallo en contra el contrato por inconstitucional, que salió publicado en 2021 en Gaceta, luego de cuatro años de burocracia y retraso procesal. Este tiempo perdido fue aprovechado por la firma que amplió sus operaciones y el Estado, en vez de hacer cumplir con el fallo, reabrió otra negociación, a puertas cerradas, en enero de 2022.
Finalmente en marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana. Este hermetismo volvió a generar molestia en el pueblo y por tanto se exigió que lo pactado se sometiera a consulta popular.
No obstante, el Ejecutivo envió el proyecto a la Asamblea Legislativa, en donde se hicieron tres debates y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su profundo y generalizado rechazo por ser un marco legal contra el medio ambiente y que vulnera la soberanía de Panamá. Así, el gobierno de Cortizo devolvió al Legislativo el contrato con algunas “mejoras” en vez de derogarlo. Al final, y en tres días, la Asamblea aprobó el 20 de octubre la Ley 406.
Imperialismo expoliador
Previo a este fallo, el ministerio panameño de Comercio informó que recibió el domingo pasado dos notificaciones de posibles demandas arbitrales enviadas por la empresa canadiense.
Estas dos demandas, que se presentarían ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -tribunal arbitral del Banco Mundial con sede en Washington- estarían sustentadas en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. A la querella se suscribiría también la canadiense Franco-Nevada Corporation, informó un comunicado de la cartera de Comercio e Industrias del país centroamericano, cita EFE.
En el escueto comunicado de solo dos párrafos, la cartera de Comercio dijo que ante este aviso “Panamá responde que ha cumplido con todas sus obligaciones y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales”.
Los expertos económicos habían advertido sobre este posible escenario, en el que Panamá podría enfrentar fuertes demandas en la CIADI por encima de los 50.000 millones de dólares, teniendo en consideración la inversión de 10.000 millones que tiene First Quantum Minerals en ese país.
La demanda internacional podría también aumentar el riesgo país, con una eventual pérdida del grado de inversión, bajada de los bonos panameños y el deterioro de las finanzas públicas, refiere la agencia española.
Un escenario parecido afrontó Venezuela en 2007, cuando la Exxon Mobil demandó ante la CIADI a Caracas por la estatización de sus activos en los campos Cerro Negro y La Ceiba, en la Faja del Orinoco, el mayor yacimiento de crudo del mundo. Tras siete años de acoso e intimidación esgrimidos por la mayor petrolera del mundo – y una de las más agresivas en cuanto a negociación y expoliación-, en 2014, el tribunal falló a favor del país latinoamericano y dictó que solo debe pagar 1.600 millones de dólares.
Ante los abusos de la CIADI, Venezuela anunció en 2012 su retirada de este convenio que, desde su activación en 1965 y hasta esa fecha había fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales y contra la soberanía de los estados, en las 234 causas que habían recibido.
