La dictadura de corte fascista de Alfredo Stroessner en Paraguay culminó hace 34 años, específicamente en 1989. Sin embargo, las consecuencias de este cruento período aun se resienten en el país suramericano. Uno de sus legados, además de la enorme desigualdad, es el férreo latifundio que enriquecen, cada día, a grandes capitales foráneos y a familias ligadas al Partido Colorado (PC) y al stronismo.
Entre los millones de afectados por el ilegal acaparamiento de tierras se encuentra la comunidad campesina Marina Kue, localizada a 280 kilómetros de Asunción, en el Departamento de Canindeyú, zona oriental y fronteriza de Paraguay.
Se trata de un espacio de 2000 hectáreas en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morombí, del político del PC, Blas Nicolás Riquelmes. Este campamento fue ocupado a fines de mayo del 2012 por 160 humildes familias trabajadoras de la tierra que viven de la pequeña agricultura.
En medio de un entramado judicial que favorece al entonces empresario – hoy fallecido- y a su poderosa familia, los campesinos sostienen que las tierras son estatales y, por ende, pueden ser ocupadas para el autosustento.
Así, y de forma pacífica, los campesinos llegaron aquel mayo del 2012 a Marina Kue a reclamar los espacios y, de manera paralela a sembrar. Nunca habían descartado el díalogo como solución. Sin embargo, todo se tornó violento el 15 de junio de ese año, cuando a tempranas horas del día, escuadrones del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional del Paraguay se dirigieron al lugar, en primera instancia, a conversar pacíficamente con las familias campesinas. En medio de un intercambio de palabras entre las partes, y de forma no esclarecida en las investigaciones, comenzaron a oírse disparos, lo que provocó una trifulca.
Los campesinos cuentan a la prensa que ellos no tenían armas, y que se registraron detonaciones durante tres horas. Varios de los cultivadores corrieron hacia el monte y otras rutas para salvaguardad sus vidas. Sin embargo, muchos de ellos fueron cazados, torturados y asesinados. Estos hechos – recordados como la Masacre de Curuguaty- cobraron la vida de 11 campesinos y seis policías. Además, se contabilizaron a 80 heridos y 63 detenidos.
Golpe exprés
Para ese entonces, Paraguay era gobernado por Fernando Lugo y atravesaba un período turbulento por otras pugnas entre campesinos que pedían el fin del latifundio una lucha de vieja data en la nación. Para hacer justicia, el Gobierno nunca desmayó en saldar esta histórica deuda, sin embargo, contaba con un campo de maniobra limitado por el marco legal vigente que beneficia- y aun es así- a los terratenientes y a sus grandes empresas.
El presidente Lugo condenó este hecho y se solidarizó con las familias víctimas. Asimismo, pidió investigaciones y se vio obligado a destituir al ministro de Interior, Carlos Filizzola. Lo ocurrido – y una campaña mediática de supuesta creciente inseguridad- fue usado por la derecha en el Congreso para poner en marcha un juicio político exprés en su contra. La estrategia, que fue denunciada como un simple golpe parlamentario, se concretó en tiempo récord: siete días.
“Más temprano que tarde va a aflorar de que todo eso fue un montaje grande para justificar un así llamado juicio político, que no era más que un golpe parlamentario”, llegó a denunciar Lugo.
Resumen Latinoamericano refiere que fiscales del Ministerio Público (MP) llevaron a los tribunales a 12 campesinos (entre ellos tres mujeres y dos embarazadas), quienes, luego de proceso viciado y amañado, terminaron tras las rejas por condenas de entre seis meses a 20 años de prisión.
De acuerdo con el integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo, en las investigaciones el MP solo tomó en cuenta los testimonios de 84 policías y no escuchó a los campesinos, indica Telesur. Además, la fiscalía no realizó los peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los policías, añade el medio multiestatal.
En esta misma línea, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirmó que los investigadores no habían tomado en cuenta los testimonios de los trabajadores del campo.
Luego de varias peticiones y tres huelgas de hambre, en la que los campesinos pedían que se aclarara la titularidad de las tierras de Marina Kue y el beneficio de casa por cárcel, finalmente en 2018 fueron absueltos.
“Esperábamos (la revocatoria de condena) porque estábamos convencidos de que todo el proceso estaba plagado de irregularidades”, expresó, en aquel entonces Lugo.
Tierras mal habidas
Telesur reseña que para 1967, las 2000 hectáreas que son el centro de la batalla fueron donadas a Estado por la empresa Industrial Paraguaya S. A. (LIPSA), por lo que se presumía que estas eran públicas.
Ya en 2004, el Gobierno paraguayo de ese momento emitió un decreto que declaró el terreno como de “interés social”, con el objetivo de iniciar una reforma agraria y se las transfirió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Ante ello, el entonces presidente del PC, Blas Riquelme, empezó un juicio de usurpación y el juez a cargo sentenció que las tierras pertenecían al magnate, sin dar partida al Estado.
En 2012, el Indert llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para anular el juicio de usurpación.
Tres años después, en 2015, la empresa de Riquelme, Campos Morombí, donó los terrenos nuevamente al Estado, pero bajo la condición de que sea convertido en una reserva forestal y no en un asentamiento campesino, añade Telesur.
Después de este doloroso y largo camino, las 160 familias aun siguen pidiendo justicia. A once años de la Masacre de Curugaty, familiares de las víctimas rememoran a sus seres queridos. Marina Kue desnuda la terrible herencia latifundista que legó Stroessner, militar que formo parte de las dictaduras del Cono Sur orquestadas por Estados Unidos, con el fin de frenar el supuesto “avance del comunismo” en la región.
“¿Qué pasó en Curuguaty?”
“La pregunta sigue siendo la misma que escuchamos hace algunos años ¿Qué pasó en Curuguaty? Tal vez esta fecha sirva para poder seguir exigiendo la respuesta del Estado paraguayo. Nunca se lograron esclarecer los hechos, las causas, los motivos”, dijo el senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer, citado por el diario La Nación.
“Ese hecho, que fue lamentable y doloroso para nuestro país, se junta con el histórico reclamo de acceso a las tierras por parte de muchos compatriotas campesinos. El problema de la distribución y el acceso a las tierras sigue siendo un problema real y nadie puede ocultarlo. El tema de Curuguaty es parte de ese conflicto, se debe dar una salida al problema de la tierra en ese lugar”, expresó el congresista.
Richer resalta como insólito el hecho de la Justicia de este país haya anulado la condena, lo que se asoma irregularidades en la investigación. “Esto colocó más oscuridad al hecho. Existen muchos episodios en la historia política del Paraguay que nunca se aclararon definitivamente”, agregó.
En diciembre del 2020, el Congreso aprobó un proyecto de Ley para la regularización de las tenencias de las tierras en la zona, pero el presidente Mario Abdo Benítez – del PC- rechazó el texto legal en enero del 2021.
Sin embargo, otra nueva ley está en camino en el Legislativo y las 160 familias esperan que en esta oportunidad el proyecto sea una realidad.
Campesinos sin campos
La lucha de los campesinos de Marina Kue es una muestra de toda la guerra que sostienen los pequeños productores de Paraguay en contra de los grandes terratenientes, dueños de inmensas empresas que se dedican al devorador agronegocio.
La revista Reforma Agraria especificó, en un reporte publicado en 2012, que a lo largo de muchas décadas, los pequeños campesinos han sido una de las principales víctimas del entreguismo de territorio a trasnacionales en Paraguay. Entre 1870 – cuando culminó la Guerra de la Triple Alianza- y 1950 se adjudicaron 25 millones de hectáreas a empresas extranjeras.
De igual forma, denuncia el medio, entre 1950 hasta el año 2000, fundamentalmente en la época de la dictadura de Stroessner (1954-1989), se repartieron alrededor de 12 millones de hectáreas de tierras, de las cuales el 74 % fue a parar a manos de políticos, militares y funcionarios estatales, cercanos al stronismo y al PC, que no tenían nada que ver con la Reforma Agraria. Sólo un 26 % fue a manos de 150.000 familias de pequeños productores.
Estudios revelan que solo el 2% de los propietarios concentra el 85,5 % de las tierras de Paraguay, dejando a un lado a 300.000 familias campesinas que no tienen ni un metro cuadrado para sembrar.
Una investigaicón publicada en el 2020 por CLASCO, realizada por Ramón Fogel, Sara Costa y Sintya Valdez, reseña que aun y cuando terminó el régimen de Stroesnner, las familias poderosas y más acaudaladas lograron preservar el marco legal para seguir acumulando territorios fértiles, a favor del agronegocio.
“Durante la transición democrática, iniciada en 1989, la permanencia de los fuertes vínculos con el poder del Estado de la oligarquía rural se manifestó en la Constituyente de 1992, que aprobó la propuesta formulada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Esta asociación, constituida por grandes ganaderos y terratenientes, tradicionalmente relacionados de forma estrecha con los poderes del Estado, incluido el régimen de Alfredo Stroessner, elaboró una propuesta que blindaría la protección de sus intereses”, refiere el estudio titulado El agronegocio y los mecanismos de la desigualdad en Paraguay: un análisis de la captura de la política tributaria.
Títulos superpuestos
El activista y senador por el Frente Guasu, Sixto Pereira, llegó a decir a Noticias Aliadas que la solución al acaparamiento de tierras en Paraguay es un conflicto “que necesita de la voluntad política de los tres poderes para empezar a discutir en un primer nivel dentro de un Estado de Derecho”.
Para Pereira, quien trabajó durante mucho tiempo asesorando a movimientos campesinos, es urgente contar con “un Catastro Nacional de tierras actualizada como instrumento para identificar la irregularidad jurídica en la tenencia de la tierra. Paraguay tiene una superficie de 406.752 km², pero si uno hace la sumatoria de los títulos supera ampliamente los 500.000 km²; eso demuestra la superposición de títulos”, cita el medio.
El campesinado en Paraguay no desmaya. Actualmente sigue librando una batalla cuesta arriba, en la que se afronta a viejas estructuras gobernantes de la derecha que está amparada y apoyada por el imperialismo extractivista.
