El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se convirtió este miércoles 17 de mayo en el primer mandatario de ese país en decretar la llamada “muerte cruzada”, que no es más que la disolución de la Asamblea Nacional (AN) y el llamado a elecciones generales.
La acción la tomó Lasso luego de un juicio que realizaba el Poder Legislativo que podría haber terminado con la destitución del Presidente. Se trata de una investigación por el delito de peculado (malversación de fondos), relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero, detalla RT.
El caso se remonta al 2018, cuando el entonces presidente derechista Lenín Moreno concretó un primer acuerdo entre ambas firmas, lo que generó millonarias pérdidas para el Estado, según un informe de la Controlaría General del Estado presentado en 2021. Aun con conocimiento de esto Lasso pactó una nueva negociación en 2022, que también perjudicó a Ecuador.
Según el asambleísta e interpelante del juicio que había comenzado este martes, Esteban Torres, los daños se calculan en 6 millones de dólares.
Durante el proceso judicial, Lasso alegó que todo se trata de una “inventiva sin paragón” y tachó al proceso como un “intento de desestabilización”.
No obstante, en esa misma plenaria, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien dijo que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos con Amazonas Tanker Pool, agrega el medio ruso.
Decisión “democrática”
La disolución del Poder Legislativo la anunció Lasso a tempranas horas de este miércoles en cadena de radio y televisión. El mandatario – que se ha encargado de proyectar una imagen conciliadora – aclaró que la disolución del Poder Legislativo es una decisión “democrática”, ya que – según él- “no es posible avanzar” con una Asamblea Nacional que busca “desestabilizar”. Con el decreto, agregó, busca darle camino a unas nuevas elecciones, proceso que se verá en los próximos seis meses, por lo que durante este tiempo Lasso gobernará por decreto.
Ante esto, el expresidente Rafael Correa – hoy perseguido político por parte de la derecha de ese país- denunció el decreto de Lasso y lo catalogó como Golpe de Estado.
“Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca. ¡Hasta la victoria siempre!”, escribió en su Twitter, en donde alertó que el Gobierno militarizó los espacios de la AN.
Luego del emitido el decreto, las grandes corporaciones mediáticas resaltaron la acción de Lasso. Estas empresas, en sus portales y redes, no condenan la medida como sí lo hicieron en su oportunidad con el caso del presidente de Perú, Pedro Castillo, quien disolvió el Congreso ante el constante saboteo de la derecha. Asimismo, guardan silencio cómplice en el caso de El Salvador, cuyo congreso decretó un Estado de Excepción que le da poderes amplios al mandatario Nayib Bukele.
