A solo horas de haberse dado a conocer los resultados en las elecciones presidenciales en Argentina, el ultraderechista Javier Milei – quien obtuvo el 56 % de los votos- ha hecho anuncios que han generado preocupación en ciertos sectores. Uno de ellos es la privatización de medios públicos una vez que llegue a la Casa Rosada, este 10 de diciembre.
Así lo ha dado a conocer en una entrevista a un medio local, en la que detalló que la agencia de noticias Telam, TV Pública y Radio Nacional pasarán a capital privado.
“Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”, expresó.
En la entrevista, el economista, que se autodefine como “anarcocapitalista”, agregó: “No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”. “¿Y la agencia Télam?”, repreguntó el interlocutor, “absolutamente”, contestó.
La privatización de las empresas públicas es una de las banderas de Milei y de su movimiento La Libertad Avanza. La diputada nacional electoral por esta organización, Lilia Lemoine, ya había amenazado a los trabajadores de la TV Pública que, de ganar el candidato neofascista, ese medio se entregaría al capital privado.
En un recorrido a una estación de tren en Buenos Aires, la ahora legisladora le dijo a la reportera de dicho canal, Laura Mayocchi: “Vamos a cerrar la TV Pública, vamos a privatizar la TV Pública. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”.
Los periodistas y demás trabajadores de ese canal rechazaron las palabras de Lemoine, aclarando que esa empresa siempre ha respetado la diversidad de pensamiento y posturas políticas de Argentina. De hecho, el intento de entrevista a la legisladora ultraderechista “constituye una demostración de la pluralidad de voces que rige en el canal y en los medios públicos”, dijeron.
Otros de los aspectos que resaltó Milei en la entrevista fueron la privatización de Energía Argentina (Enarsa) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A. (YPF). Esta última privatizada en 1999 por el neoliberal expresidente Carlos Menem y rescatada en 2012 por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández.
“A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor (Alex) Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16 mil millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa, en término de resultados, para que valga muchísimo menos que cuando se la expropió. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla”, manifestó.
“En la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto Enarsa como YPF, tienen un rol. Mientras, se racionalizan esas estructura, se las ponen a crear valor, y de esa manera se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para todos los argentinos”.
Ante las posibles protestas masivas que puedan generarse debido a los paquetazos neoliberales, Milei aseguró en la entrevista que para eso contará con Jorge Macri – primo del expresidente- en la jefatura de Gobierno en Buenos Aires.
“Estamos trabajando muy fuerte con eso y ya hemos avanzado en diálogo con Jorge Macri porque puede ser que termine una situación delicada en la calle, en la Capital Federal”, comentó el mandatario electo. “Nosotros estamos trabajando con su persona encargada en el tema seguridad y empezamos a trabajar de manera interrelacionada para mantener el ‘orden’ en las calles”, agregó, citado por Radio Mitre.
“Cuando hay un ‘delito’ se lo reprime”, remarcó Milei, ignorando que la Carta Magna de Argentina, en sus artículos 14 y 32, establece explícitamente el derecho a la libertad de expresión, resaltando la participación ciudadana y la manifestación de ideas.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos respalda este derecho en diversos artículos, refiere el medio local.
En la conversación, Milei informó que sus primeros viajes al exterior – incluso antes de asumir el 10 de diciembre próximo- serán a Estados Unidos y al estado sionista de Israel.
“¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?”
Durante su campaña, y en medio de un discurso incendiario en una estación de televisión, Milei anunció que parte de su plan “motosierra” es eliminar 10 de los 18 ministerios actualmente vigentes. Solo quedarían Economía, Justicia, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura e Interior.
Las carteras de Desarrollo Social, Educación y Salud pasarán a ser parte de un nuevo ministerio que se llamará “Capital Humano”, mientras que Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Desarrollo Territorial y Hábitat, Mujeres, Géneros y Diversidad, Obras Públicas, Transporte, Turismo y Deportes estarán eliminados, pasarán a ser dependencias o se privatizarán.
Los proyectos del ultraderechista para los sectores educación y salud – que estarán dentro de “Capital Humano”- son los que más incertidumbre han generado entre los trabajadores y ciudadanía en general.
En el área de educación, Milei propone un sistema de váuchers, esquema que intentará emular al chileno, uno de los países del mundo en donde la gratuidad de la educación no está garantizada. La intención del economista libertario es que “se financie la demanda” en lugar de la oferta. Además, propuso la eliminación de la educación sexual integral en los colegios.
“Según el Centro Nacional de Políticas en Educación, de la Universidad de Colorado, la política de bonos o ‘vouchers’ de Chile no ha tenido éxito en el cumplimiento de su objetivo, sino que también ha provocado varios resultados perjudiciales para las familias de clase media, los estudiantes desfavorecidos y la profesión docente”, señaló a CNN Oscar Oszlak, especialista de dicha institución.
En esta línea también se pronunció el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien dijo a la referida cadena de noticias que “el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, establece que la educación primaria y secundaria debe ser gratuita y la universitaria tender a la gratuidad, y si llegó a la gratuidad no puede arancelarse. Con lo cual la propuesta de Milei es inconstitucional en el tema educación”.
Cuando se le preguntó por qué eliminaría al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad dijo al medio LN+: “Esto no se trata de un derecho, se trata de privilegios”.
En cuanto a Obras Públicas, explicó en otra oportunidad: “Lo que va a haber es un Ministerio de Infraestructura que va a implementar las obras con iniciativa privada a la chilena”. “Para que la obra la pague el que la usa”, añadió.
En este mismo tono se pronunció sobre la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Eso que quede en manos del sector privado”, expresó. Además, planteó que lo mismo debería ocurrir con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ,que depende de este ministerio. “¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?”, esgrimió.
Sobre este punto, Oszlak refirió a CNN que “no es concebible que pueda ‘privatizarse’ el Conicet, organismo que concentra en sus 310 institutos distribuidos en todo el país un total de 12.000 investigadores, 9.000 becarios doctorales, 3.000 becarios postdoctorales, 3.000 técnicos y 1.500 administrativos, constituyendo el corazón del sistema científico-tecnológico del país”.
La propuesta de privatizar a Ciencia, Tecnología e Innovación generó una manifestación el pasado agosto, en la que científicos, investigadores y académicos rechazaron los planes de Milei en las puertas de la sede ministerial en la ciudad de Buenos Aires.
“Ley de la Selva” para la vivienda
Entre otras medidas que tomará Milei en lo inmediato está la derogación de la Ley de Alquileres del 2019, recientemente modificada en el Congreso, lo que podría afectar a 10 millones de inquilinos.
En concreto, Milei plantea volver al régimen que había antes de la existencia de esta ley, es decir, acuerdos que se realicen según lo que establece el Código Civil y Comercial. Hasta el 2019, los contratos eran por dos años y la actualización de precios se realizaba de forma semestral, pactada previamente por el inquilino y el propietario, y fijada en el documento, explica Página12.
Con la reforma de octubre pasado, pasó a establecerse contratos de tres años y actualización de precios cada seis meses bajo la fórmula Casa Propia, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un coeficiente basado en la evolución de los salarios y la inflación.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, rechazó el planteo de Milei y advirtió al medio argentino: “Siempre se puede estar peor. La derogación de la Ley de Alquileres institucionalizará la ley de la selva para acceder a la vivienda”.
“Las organizaciones inquilinas del país, por supuesto, seguiremos defendiendo a los inquilinos y si es necesario redoblaremos la pelea”, añadió.
El vocero también lanzó dardos al actual gobierno: “Milei plantea cerrar el Ministerio de Hábitat y derogar la Ley de Alquileres. Y estas dos medidas encuentran receptividad también en los propios inquilinos e inquilinas, porque durante estos últimos cuatro años el Ministerio de Hábitat no hizo absolutamente nada por 10 millones de inquilinos”.
