Los descubrimientos de las atrocidades de la violencia paramilitar en Colombia no parecen tener fin. Desde hace más de 60 años este país suramericano es escenario del conflicto armado más longevo de la región. La ultraderecha nacional, en conjunto con agentes estadounidenses, se encargan de alimentar cada vez más la violación sistemática de derechos humanos en suelo neogranadino, lo que prolonga el fin de las hostilidades.
La clase política oligárquica y empresarial – apoyada por Washington- se dedicó por décadas de contratar los servicios de grupos extremistas paramilitares para arremeter, en conjunto con la fuerza pública, contra la ahora extinta Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- aún activo-, y contra campesinos y civiles que asesinaban y hacían pasar por guerrilleros (falsos positivos) en zonas rurales. Uno de estos grupos fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), células que cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1997 y 2006.
Uno de los comandantes de la AUC, Salvatore Mancuso, reveló en mayo pasado que sus hombres asesinaron e incineraron los restos de cerca de 500 personas – paramilitares y civiles- en hornos clandestinos como mecanismo de desaparición forzada, al mejor estilo nazi.
Mancuso, quien cumple una condena de 15 años desde el 2015 por narcotráfico en Georgia, Estados Unidos, reveló la existencia de estas estructuras, como parte de sus delaciones que le sirven para apegarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional instalado en 2017 tras el Acuerdo de Paz del 2015 que juzga los crímenes cometidos por la FARC-EP, integrantes de fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado antes del 1ero de enero del 2016. Con estas declaraciones, Mancuso busca penas menores a cambio de información nueva que ayude a las autoridades estatales a esclarecer crímenes, a cerrar heridas y a la no repetición.
Así, este 28 de septiembre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) comenzó la segunda intervención en los hornos crematorios cerca de la frontera con Venezuela, que habrían sido utilizados por paramilitares de la AUC, informan varios medios.
Las labores se realizaron en un antiguo trapiche – estructura para la obtención de panela de azúcar- en Juan Frío, al norte de Santander, cerca del río Táchira, en el límite con Venezuela.
“La primera intervención se realizó en mayo y el equipo de la UBDP continuará con estas labores para reconstruir los hechos que pudieron haber sucedido entre 2002 y 2004”, informa la institución en un mensaje en la red digital X.
Ese lugar, dominado por tierra fértil para cosechar yuca y plátano, se convirtió en 1999 en un enclave violento tras la llegada de las ultraderechistas AUC. Este grupo paramilitar se dedicaba a desaparecer los cadáveres de combatientes de otras guerrillas y de falsos positivos, a través de tres métodos: los hornos crematorios, fosas comunes o lanzar los cuerpos al río Táchira para que la corriente los arrastrara al vecino país.
Durante esta semana, las autoridades se encuentran en la búsqueda de osamentas o restos humanos que puedan servir para identificar a las cientos de posibles víctimas cremadas por las AUC.
“En esta gran área se ha documentado y se han venido registrando diferentes escenarios desde fosas, al parecer, clandestinas, como particularmente la posibilidad de existencia de lo que podría haber sido hornos crematorios. (Hay) posibles escenarios, donde actores armados condujeron cuerpos de personas desaparecidas para ser incineradas”, explicó Marlon Ayrton Sánchez, antropólogo forense en un video divulgado por de la UBPD, en el que también aclaró que esta no será la última intervención a esta vieja estructura.
Durante una audiencia de la JEP en mayo, Mancuso admitió vía telemática cómo fue que las AUC desaparecieron los cuerpos en los hornos nazi. “Carlos Castaño (excomandante) recibe el pedido de que son tantas las víctimas que se estaba llamando la atención. (…) Producto de estas presiones, Castaño ordena a todos los comandantes desaparecer a estas víctimas en hornos para incinerar personas”, dijo, según cita El País. En su relatoría, el exparamilitar explicó que esto se hizo para no afectar los ascensos de los militares.
El hoy preso detalló que el encargo fue ejecutado por Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”. “Por denuncias de víctimas de la zona, la Fiscalía de Cúcuta que era nuestra nos informan que van a hacer una operación para buscar esos cuerpos. Entonces Jorge Iván decidió destruir el horno de incinerar personas, y empezó una práctica y fue arrojar las víctimas a territorio venezolano”, confesó Mancuso y aseguró que “en Venezuela quedaron por lo menos 200 personas desaparecidas a manos del Bloque Catatumbo”, que él comandó.
En vista de esta confesión, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Venezuela, Nicolás Maduro, acordaron en mayo pasado, durante un encuentro bilateral en Brasilia, concretar acciones para dar con los restos de estas víctimas.
Corporaciones, políticos y militares salpicados
En esa audiencia, Mancuso reveló que el general retirado Iván Ramírez – también procesado por la JEP- fue quien le abrió la puerta a varios batallones del Ejército. Mencionó también mencionó lazos con allegados al expresidente narcotraficante Álvaro Uribe Velez – como su exvicepresidente Francisco Santos- y con el Clan Gnecco Cerchar, cuyo líder Jorge Gnecco apoyó a las AUC. “Cuando llegamos al (Departamento) Cesar nos reunimos con todas las personas ricas del Cesar. Esa reunión fue Jorge Gnecco quien la propició. Incluso las casas donde teníamos el centro de operaciones nos las facilitó Jorge Gnecco. Quedaba en el mejor barrio de Valledupar, Novalito”.
La banda familiar manejada por el empresario Jorge Gnecco se dedicaba al cabildeo político, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando y otras actividades ilícitas. Uno de sus sobrinos nietos, el médico y contratista José Amiro Gnecco Martínez, es esposo actual de la periodista y editora de Semana, Vicky Ávila, una de las voces que más ataca al actual gobierno del Pacto Histórico y calla ante estas atrocidades.
Mancuso también señaló como financistas, colaboradoras y clientes a las empresas petroleras y de energía Ecopetrol y Drummond, y plantas de bebidas Postobón, Coca-Coca y Bavaria.
En sus declaraciones, el exparamilitar aseveró que financió la campaña presidencial de Uribe, a quien además señaló de ser el asesino intelectual de Eudaldo Díaz, ultimado en 2003, cuando era alcalde de El Roble, en el departamento de Sucre, al norte de Colombia. Sobre este hecho se había llegado a la conclusión de que el entonces gobernador de ese departamento, Salvador Aldana, era el planificador del delito. No obstante, Mancuso culpó al expresidente paramilitar. “Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, confesó.
Foto principal: @UBDPColombia
