La oposición venezolana – que agrupa a sectores de derecha oligárquicos- ha sostenido durante toda la Revolución Bolivariana un doble discurso entre su verdadero accionar, que va en contra de los intereses del país, y sus declaraciones con las que intentan proyectar una matriz de opinión de supuesta “defensa nacional”.
Así quedó demostrado una vez más con las recientes confesiones del expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien vociferó que al final de su mandato, año 2021 y con las mal llamadas “sanciones”, “Venezuela estaba a punto de colapsar”. “La habríamos tomado, habríamos tomado ese petróleo, habría sido justo al lado”, añadió.
Frente a esta declaración, la autodenominada Plataforma Unitaria (PU) dio un paso adelante para intentar desmarcarse del delito de lesa humanidad que acababa de confesar el exmandatario estadounidense. Este grupo – que aglutina a partidos como Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), y cuyos líderes, como el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, fueron recibidos por Trump en la Casa Blanca- emitió un comunicado en el que tachan de “inaceptables” las palabras del expresidente.
El texto, divulgado en sus redes, reza que mientras ellos mantuvieron estrechos lazos con el magnate, este “nunca se expresó en esos términos”.
De esta forma, la PU busca borrar el pasado y omitir que anteriormente estos grupos opositores, y sus voceros, siempre han avalado y pedido sanciones e intervención militar de EEUU, con el fin de socavar al Gobierno Bolivariano, sin importar el derecho internacional y las consecuencias genocidas que eso podría acarrearle al país.
En el libro “Un juramento sagrado”, escrito por el exsecretario de Defensa de Trump, Mark Esper; el entonces funcionario recrea el encuentro entre Guaidó y el magnate el 5 de febrero del 2020. En privado, el supuesto “presidente interino” estuvo de acuerdo con una intervención militar para Venezuela, incluso en planes magnicidas contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, asomado por Trump. “Por supuesto nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos”, afirmó Guaidó, según cita Esper.
Además de Guaidó – militante de VP, partido del prófugo Leopoldo López-, con Trump estuvieron Julio Borges (dirigente de Primero Justicia) y Carlos Vecchio (también de VP y supuesto “embajador” de Venezuela en ese país), quienes no objetaron los planes militares.
Plegaria al imperio
En otras oportunidades, Borges también ha pedido abiertamente, y específicamente al gobierno de Trump, una intervención militar, e incluso ha solicitado a Washington y a la Unión Europea aplicar contra Venezuela más de las mal llamadas “sanciones”, que no son más que Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) de las que ya se han impuesto 926. De este total, 765 fueron aprobadas por Trump.
En 2017, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática – antecesora de la PU- emitió un comunicado en el que manifestaba su total respaldo al bloqueo EEUU contra Venezuela, y el daño que este causaba al país – el tan deseado “colapso” al que Trump se refiere- y en el texto rogaban por más “sanciones”.
“Solicitamos de toda la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano”, rezaba el decreto, leído a los medios por Borges.
El dirigente de PJ, junto con otros partidos de la PU, promovió en 2019 la aprobación en la Asamblea Nacional que Venezuela regresase al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TRIAR), como vía para incitar una intervención militar. En aquella oportunidad, desde el Poder Legislativo, la derecha – que llevó al desacato a esta instancia- solicitaba en varias oportunidades la injerencia militar contra el país.
Estos voceros, en su mayoría de PJ como VP – que colindan en la PU- son prófugos de la justicia nacional. Huyeron del país tras violentar leyes que tipifican como traición a la patria la promoción a la violencia y la solicitud de “sanciones”. López, que cumplía una pena de 13 años de cárcel, activó en 2014, el plan “La Salida”, un esquema que implicó la articulación de grupos violentos en las calles que atacaron y destruyeron bienes públicos, como centros de salud, unidades de transporte y preescolares. Este vórtice, planeado con premeditación golpista, dejó cientos de heridos y a más de 40 venezolanos asesinados. Durante los cuatro meses de violencia que duró “La Salida”, López y demás seguidores solicitaron frente a los medios una intervención de EEUU.
Tres años después, en 2017, los mismos dirigentes de la PU (en ese entonces agrupados bajo la MUD) reincidieron en los planes violentos en las calles – dejando a más de 150 muertos-; y en volver a rogar por sanciones e invasión militar.
Otras de las formas de apoyo de la derecha a los planes militares de EEUU contra Venezuela, ha sido la omisión y silencio. Durante toda su presidencia, Trump amenazó en varias oportunidades al país caribeño con una “intervención” y los hoy agrupados en la PU – entre los que también cuentan políticos de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- no rechazaron la postura del entonces mandatario.
Voluntad vendida
La razón por la que estos líderes de la derecha están supeditados a intereses foráneos recae en los millonarios financiamientos que han recibido durante años por parte del imperialismo norteamericano, en su lucha por sacar por la fuerza al Gobierno Bolivariano.
“Estos políticos de derechas tradicionales, que hoy conforma la llamada PU, han tenido una posición totalmente dependiente de la postura de EEUU y otros actores, como la Unión Europea para con la política interna del país”, dice a Koeyú el analista Jeanpaul Mertz.
Lamentablemente – añade- estos sectores “se dedicaron a representar los intereses del imperialismo estadounidense en su afán de derrocar a la Revolución Bolivariana (…) ellos, a conciencia, a través de la polarización política, buscaron generar en una parte de la población una conducta de rechazo a los valores patrios que rescata la Revolución Bolivariana y, a su vez, se mantiene una postura de sumisión a los intereses geoestratégicos de EEUU”.
Mertz refiere que parte de esta oposición supeditó su objetivo político al haber recibido durante mucho tiempo millonarias sumas de ONGs y de agencias estadounidenses injerencistas, como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esos enlaces generaron “un flujo de financiamiento extranjero hacia los movimientos de derecha aquí en Venezuela, que, lamentablemente, no era un flujo gratuito; implicaba más bien la defensa de los intereses geoestratégicos de EEUU para con la región”, explica.
“Hay un descaro total (en la postura de) desconocimiento y en tratar de marcar una posición de que su colaboración con el presidente Trump y de su intento de conformar un gobierno paralelo no tenía como objetivo la apropiación, por parte de las potencias extranjeras, de los activos de los venezolanos en el exterior”, detalla el analista y refiere que para ello la derecha se propuso en 2015, desde la AN promover el desconocimiento de la institucionalidad en el extranjera, activar un esquema saqueador de bienes nacionales y pedir un bloqueo con fines intervencionistas.
Los dirigentes de esta derecha, tanto los que están dentro y fuera del país, “tienen una gran responsabilidad sobre todas estas situaciones de injerencia que se presentaron contra Venezuela; y es importante que respondan, y que den la cara al país previo a cualquier continuación de procesos de diálogo o de entendimiento, o de participación de unas primarias”, dijo.
