Para el imperio estadounidense, Centroamérica siempre ha sido una región clave. Por eso, desde el principio del siglo pasado Washington ha fijado como punto estratégico esta zona a la que ha atacado sin ambages con una fuerte injerencia política y militar. El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras son varios de los países víctimas de estas políticas agresivas.
Y aunque parezca que con el tiempo la injerencia estadounidense en esta región del mundo es cada vez menos, la realidad es otra. Actualmente Honduras es blanco de actos desestabilizadores por parte de una derecha que busca sacar, a como dé lugar, a Xiomara Castro de Zelaya del poder, tal y como lo logaron en 2009 – y con apoyo estadounidense- con su esposo, Manuel Zelaya.
El ministro de Planificación Estratégica de este país, Ricardo Salgado, denuncia en un artículo que la derecha está promoviendo una “revolución de colores”, que no es más que un golpe blando, a través de métodos “no violentos”, al inducir al descontento a través de un saboteo eléctrico, sector dominado por la oligarquía honduerña, que, a su vez, usa como pretexto a la “sequía” como principal causante de las fallas.
“Quizá sin proponérselo, la derecha hondureña está sufriendo una radicalización hacia el fascismo, dirigida ideológicamente desde la gusanera de Miami, e impulsada por una élite que controla todo, incluida la generación de energía, con el agravante de que no paga impuestos de ninguna índole”, alerta Salgado en su escrito.
El ideólogo de estas tácticas es el politógolo estadounidense Gene Sharp, quien en su ensayo “De la dictadura a la democracia” clasificó 198 métodos para derrocar gobiernos. Se trata de activar una agenda desestabilizadora que propicie un golpe de Estado, a través de un descontento social inducido.
Honduras al capricho de cuatro familias
En 2015, la derecha, agrupada en el Legislativo, aprobó una ley que abrió paso a la privatización y derrumbó la barrera que marcaba el margen de este sector que, hasta ese momento, solo se encargaba de la generación eléctrica. Sin embargo, en 2022 el Congreso aprobó una nueva ley que puso límites la participación privada y abrió la posibilidad de renegociar con las corporaciones generadoras los contratos eléctricos a favor de las mayorías. Sin embargo, los empresarios aun mantienen una fuerte presencia en la generación.
“De hecho, las compañías generadoras que están provocando el ‘apagón’ pertenecen a cuatro familias, que se dedicaron a especular y enriquecerse a costa de hacer jugosos negocios con el Estado. Desde el primer gran desfalco en los años 80, y desde el primer gran apagón provocado en 1994 para obligar la privatización de la empresa nacional de electricidad, estas familias gozaron de amplias exenciones para poder cumplir con la tarea monetarista de dejar todo en manos de la empresa privada, fortalecer el capital financiero especulativo, sin invertir en el desarrollo del país”, refiere el titular.
Esos grupos oligárquicos– alerta Salgado- controlan más del 90 % de los medios de comunicación del país, no pagan impuestos, se benefician de subsidios, y “se encuentran en la cúspide de las 25 familias que concentran más del 80 por ciento de toda la riqueza” de Honduras.
“Misteriosamente, estas empresas dejan de generar, arguyendo que deben dar mantenimiento a sus máquinas, justo cuando se alcanzan las demandas pico en el país, en medio de una sequía sin precedentes”, añade Salgado, quien asoma que todo parece un mismo guion ya aplicado en otras latitudes o países en donde la izquierda gobierna, como en Venezuela, país que atraviesa un fuerte bloqueo por parte de EEUU y sus aliados Europeos con el fin de derrocar al Gobierno Bolivariano.
“La derecha fascistoide hondureña argumenta que el presidente Nicolás Maduro también había denunciado boicot energético en 2019. Esto, tratando de decir que tanto en Venezuela como en Honduras esto es un ardid de la izquierda. No circula mucho por los medios hondureños el video en el que Donald Trump confiesa con lujo de cinismo que en su gestión llevó a la República Bolivariana al borde del colapso con la intención de robar todo su petróleo”, expresó.
El ministro de Planificación Estratégica denuncia además que son estos sectores – que difaman constantemente al Foro de Sao Paulo- son los que atizan a la violencia en las calles, ya que tienen manuales al respecto, como el de Sharp. “Ahora ya hay señales de que buscan crear focos de intranquilidad, utilizando gente humilde que no repara en el hecho de que son estos empresarios los responsables del problema”, dice.
Recuerda que estos mismos ejes, que asestaron el golpe en 2009, buscan repetir dicha agresión, y asoma que son capaces de acudir a la violencia aun más radicalizada. “Es más posible que traten de repetir la experiencia de las guarimbas o la intentona de golpe de Estado en Nicaragua en 2018”, alerta.
Salgado compara el escenario con el vivido con Venezuela hace un tiempo, específicamente en 2014 y 2017. En esos dos años, la derecha venezolana promovió en las calles marchas y manifestaciones en contra del gobierno del presidente Maduro. Estas caminatas culminaban con trancas y actos violentos por parte de grupos de choque financiados por EEUU, a través del partido extremista Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo López, huyo del país mientras cumplía una pena por daños a bienes públicos e insurrección.
Inducir o agravar las protestas, así estas tenga razón de ser, es una de las estrategias del “golpe blando”. El objetivo es construir una narrativa mediática internacional que dañe la imagen del gobierno. Incluso, como dice Salgado, la derecha busca siempre instrumentalizar causas reales de manifestación del pueblo para sus fines políticos. Así ha sucedido en Venezuela con el sector educación, salud, estudiantil y seguridad; y no solo con el gobierno de Maduro, sino mucho antes cuando el comandante Hugo Chávez era presidente.
El medio El Heraldo publicó el 29 de abril pasado un especial que reporta que en Honduras se han multiplicado el número de protestas en los últimos tres años.
“En 2021 apenas hubo una protesta cada 12 días, pero en 2022 se reportaron dos manifestaciones cada 24 horas. En 2023 ya se registran más de 200 manifestaciones”, cita el reporte.
En 2018 hubo 229 protestas en Honduras, indica el referido medio, que añade que para 2019 las manifestaciones fueron menos de 100, y para 2020 se registraron unas 45. Un año después, en 2021, en el país centroamericano hubo 31. “En 2022, justo cuando Castro tomó la presidencia, las manifestaciones se multiplicaron, al punto que cada día hubo en promedio dos protestas. En todo el año se registraron 830”, detalla.
Sin embargo, el medio agrega que en los primeros tres meses y 10 días de 2023 ya se suman 206 manifestaciones.
Operación psicológica
Honduras también es parte de una guerra psicológica en redes y medios de comunicación. Como se dijo anteriormente, más del 90 % de las empresas de comunicación son controladas por pequeños grupos empresariales, que a su vez, dominan el sector de generación eléctrica.
Salgado, en otro artículo, advierte que la derecha libra la batalla psicológica en el mundo digital, específicamente Twitter. Dicha corporación mantiene activa una enorme cantidad “de granjas de trolls y bots creadas desde el narco régimen del Partido nacional de Juan Orlando Hernández”, alerta.
Estas firmas falsas “ocupan un enorme espacio, que cuenta con el apoyo decidido de las comunidades más virulentas de la derecha de Estados Unidos. Por esa razón, por ejemplo, es casi imposible lograr que una red social como Twitter le dé baja a una cuenta falsa a nombre del Gobierno de Honduras”.
La derecha también ha activado voceros con una campaña de múltiples direcciones, dice el texto del ministro, quien señala a la supuesta ONG Consejo Nacional Anticorrupción, que no es más que un conclave financiado con fondos del Departamento de Estado y controlada por EEUU.
Esta organización presentó recientemente un presunto informe denominado “Nepotismo y Exceso de Concentración de Poder”, en “medio de un show de luces tipo Disneylandia”, agrega.
“Han aflorado los enemigos, tanto fuera como dentro del gobierno, que han pretendido echar una capa de cieno sobre los funcionarios públicos, todos activados al unísono, en lo que, a todas luces es una operación psicológica para desplazar de la discusión nacional el problema fundamental de los privilegios de la clase dominante, la complicidad de la derecha en esa relación desigual, y sobre todo, la lucha de clases implícita en este proceso”, asevera.
En la lista de gobiernos víctimas de este tipo de estrategias, que mezclan protestas inducidas y operaciones psicológicas, están el de Daniel Ortega, en Nicaragua; los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela; Rafael Correa, en Ecuador; las gestiones de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia; y el kirchnerismo en Argentina, entre otros.
