El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha sido uno de los peores de la historia reciente de Brasil. Está plagado de altos niveles de corrupción, escándalos, desvíos de fondos y divisionismo político. El excapitán, que gobernó durante 2019-2022, se encargó de vociferar – y aplicar políticas- en contra de los movimientos sociales, artistas, defensores de derechos humanos y en detrimento a la mujer, indígenas, medioambiente y comunidades sexodiversas.
Una encuesta divulgada a finales del año pasado posicionó a este gobierno como uno de los más corruptos de Brasil. Según el Instituto DataFolha, el 69 % de los brasileños consideraba que el exmandatario incurría en actos de corrupción.
El estudio también arrojó, para septiembre del 2022, que el 44 % de los consultados valoraba como mala la gestión de Bolsonaro.
Y es que esos cuatro años estuvieron marcados por irregularidades de toda índole. Una de ellas – abuso de poder- lo llevó recientemente a una inhabilitación para ejercer cargos públicos para los próximos ocho años.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió a finales de junio de este año sancionar al excapitán, quien buscaba una reelección en 2026. La decisión fue tomada entre los jueces en un resultado de 5 a 2.
Los magistrados se basaron en el hecho de que Bolsonaro, siendo mandatario y candidato a la reelección, descalificó sin pruebas el sistema electrónico de votación en una reunión celebrada el 18 de julio del 2022 a la que acudió todo el cuerpo diplomático acreditado en Brasil. La injuria del entonces presidente fue cometida en el Palacio de Planalto (sede de Gobierno) y transmitida por la televisión pública por órdenes del propio mandatario.
Otras de las consideraciones tomadas por el TSE fue el llamamiento a la violencia por parte de Bolsonaro contra los Poderes Públicos, una vez que salió derrotado frente a Luiz Inácio Lula Da Silva. Los actos violentos registrados luego de la contienda, y que se extendieron por varios días, incluyeron ataques armados hacia las sedes del Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo.
En su mandato, Bolsonaro alentó la violencia armada como forma de lucha política. Durante su gobierno se registró en Brasil un aumento considerable en las ventas de pistolas y rifles de asalto. El portal Rede Brasil Atual señaló que entre septiembre y noviembre de 2022 se computaron la compra diaria de 2.000 insumos bélicos de este tipo, cifra que contrasta con el promedio entre enero y agosto de ese mismo año, que fue de 870.
Varios de sus partidarios, entre los que figuran agrupaciones ultraconservadoras y reaccionarias, cometieron crímenes, incluido el asesinato, en contra de seguidores de Lula durante la campaña reciente. Uno de los casos más conocidos fue el de la diputada Carla Zambelli, fiel a Bolsonaro, quien apuntó con un arma a un votante de izquierda, video que fue ampliamente difundido en redes.
Autor de genocidios
Bolsonaro también es responsable de la enorme cantidad de muertes que registró Brasil durante la pandemia, país que hasta finales del 2022 sumó 660.000 muertes, y en picos más altos llegó a los 4.000 muertos al día. En sus discursos, el político se encargó de subestimar la potencia patógena del virus, retardar las compras de insumos para combatirlos y a descalificar las vacunas.
“Ahora todo es pandemia, tenemos que acabar con eso. Lamento los muertos, los lamento. Todos nos moriremos un día. No sirve intentar huir de eso”, llegó a decir en noviembre del 2020.
Bolsonaro enemigo del ambiente
Otras de las cicatrices que aun padece Brasil del gobierno anterior es la fuerte deforestación que provocaron numerosos incendios en el Amazonía, lo que devengó en uno de los peores ecocidios del planeta. En esta región también – y gracias a Bolsonaro- avanzó la minería ilegal, sector devorador de ríos y lagos que son usados por los pueblos yanomami. Debido a esto y a la desidia de expresidente en aprobar leyes de protección medioambiental y a favor de las etnias indígenas, los yanomami fueron víctimas de un genocidio que ha sido denunciado por Lula.
La postura antiecológica del expresidente posicionó a Brasil como una paria ambiental ante la comunidad internacional. Bolsonaro se encargó de divulgar un férreo discurso negacionista en contra del calentamiento global y tachó de “puras falacias” las denuncias del avance de los incendios y devastación amazónica que abarcó 13.000 kilómetros cuadrados en 2021, una aumento considerable respecto al 2018, cuando se registraron 7.500 km cuadrados destruidos. En su afán de quedar bien, alegaba que todo se trata de “propaganda de la izquierda”.
Sumado a su visión sesgada en detrimento de planeta, el expresidente también se caracterizó por ser enemigo de la cultura y la educación. Bajo esta óptica, eliminó el Ministerio de la Cultura y vetó la ayuda económica a artistas y cultores, fuertemente afectado por la pandemia.
El político ultraderechista es considerado como un enemigo también de las comunidades sexodiversas. En una oportunidad dijo que Brasil tenía que “dejar de ser un país de maricas”. Palabras como estas no solo las dijo Bolsonaro durante su presidencia. Cuando era diputado espetó que preferiría tener a un hijo “muerto” antes que un “hijo homosexual” y al llegar al gobierno, en 2019, eliminó rápidamente las cuestiones LGBT+ del mandato del ministerio de derechos humanos.
En sus inicios, nombró a Damares Alves, una pastora evangélica conservadora, como la nueva ministra de Mujeres, Familia y Derechos Humanos. La titular, que estuvo en esta cartera hasta marzo del 2022, cuestionó al feminismo y se plantó frontalmente contra aborto libre y a favor a la supuesta e inexistente “ideología de género”, que no son más que conspiraciones que retroceden los derechos de la comunidad sexodiversa.
Mal de familia
En el expediente de Bolsonaro también hay fuertes actos de corrupción, muchos de ellos cometidos tanto por él como por su familia. El más notable es el llamado caso “rachadinhas” practicado por el ahora diputado Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, y a Michelle Bolsonaro, ex primera dama.
Una rachadinha es una táctica ilegal en la que “funcionarios de gobierno de menor rango o colaboradores políticos se ven obligados a dividir el salario que devengan del Estado, dejando una parte para sí mismos y entregando la otra a sus superiores con el fin de conservar sus puestos. Otra forma es simplemente crear cargos políticos falsos, donde los designados para esos cargos nunca realizan el trabajo. Entonces nuevamente se divide su salario entre estos y sus superiores”, cita Insight Crime, que añade que el clan Bolsonaro recibió 2.9 millones de dólares con este entramado.
La referida página informa que para el 2021, Flavio ya tenía una investigación abierta por las rachadinha, ya que creó 12 falsos puestos de trabajo en su oficina como senador de Estado, que llevaron a la malversación de un millón de dólares.
A su vez – agrega el texto-, Flavio vendió un local comercial, que usaba para lavar dinero del esquema de soborno, y se compró una mansión valorada en un millón de dólares en un ostentoso barrio de lujo. Para ese entonces era la vigésima propiedad que adquiría en 16 años, dato que dejó en entredicho su declaración jurada del 2018 en la que alegó tener un poco más de 300.000 dólares en bienes y un salario, como legislador, de 4.000 dólares.
Casi toda la familia del expresidente está en el ojo de la opinión pública, al comprar 107 propiedades – varias de lujo- en 30 años. La mitad de estas fueron pagadas con dinero en efectivo, lo que levanta sospechas del origen de los fondos.
Asimismo, Bolsonaro está señalado por usar a la policía para protección de sospechosos de corrupción, y una comisión del Senado le abrió una investigación por posible soborno en la venta de la refinería Landulpho Alves, en Bahía a Arabia Saudita.
Las instalaciones petroleras estaban valoradas en 3.000 millones de dólares y la venta se concretó por 1.800 millones, una rebaja muy favorable al gobierno asiático.
Días después, refieren los medios, Bolsonaro llegó de Arabia Saudita con joyas y diamantes valorados en más de 3 millones de dólares, piezas que no declaró y que fueron confiscadas. Ante ello, el entonces mandatario argumentó que se trataban de “regalos” del gobierno saudí para su esposa Michelle.
Contra el excapitán también recae el caso de su exministro de Educación Milton Ribeiro, quien fue detenido por sospechas de estar presuntamente incriminado en corrupción pasiva, tráfico de influencias, prevaricato y malversación de fondos públicos.
“Bala para el 2026”
A pesar de todo esto – y del legado de alta inflación (10 %) y niveles pobreza (30 %) registrados en 2021- , la extrema derecha bolsonarista no pierde las esperanzas de regresar al poder. El mismo Bolsonaro dijo que plantea lanzar a su esposa para las elecciones del 2026, ante la inhabilitación del TSE.
“Tengo una bala del plata para el 2026”, dijo al diario Folha al referirse a Michelle, a quien consideró como “falta de experiencia”.
Horas antes de conocer el fallo que ya era previsible, el político expuso en un comentario, y una vez más, su talante machista: “Soy imbrochavél (expresión coloquial para definir a un hombre que no tiene problemas de disfunción eréctil) hasta que se demuestre lo contrario. Seguiré cumpliendo con mi parte”.
