La pobreza y la desigualdad creciente en Ecuador fue el detonante del paro nacional que convocaron organizaciones sociales durante el 13 y 30 de junio pasado.
Las cifras de estos indicadores son alarmantes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) develó recientemente que 42.9 % de la población rural de este país vive en condiciones de pobreza y el 22.7% atraviesa sutiación de indigencia, reseñan varios medios.
Esto se traduce a que casi la mitad de campesinos e indígenas -que se dedican a la agricultura familiar y al trabajo de campo- no puede cubrir el costo de la canasta básica de consumo; y de cada 3 de 10 ni siquiera logra alimentarse de forma óptima.
Este crudo panorama llevó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) – junto con otros movimientos sociales- a convocar a un paro nacional que generó manifestaciones y una fuerte represión. La idea es pedir al gobierno de Guillermo Lasso políticas económicas más justas alejadas de las neoliberales.
Es así como representantes del gobierno y las agrupaciones sociales demandantes llegaron a un acuerdo e instalaron, el pasado 13 de julio, una mesa de diálogo que se reanudará este 27, tras 12 días de pausa.
El sector indígena entregó al Ejecutivo sus sugerencias para abordar el tema del combustible uno de los ítems al que no se ha llegado a un acuerdo concreto, reseña Prensa Latina.
Se trata de ocho puntos enfocados en beneficios para pequeños agricultores, transporte comunitario, mototaxis y en el control del contrabando.
Como mediadora está la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), institución que prestó su sede para las conversaciones que se prevé que duren 90 días, en los que se abordarán 10 temas.
“Si no hubiese algún acuerdo o quedan temas pendientes, pasarían a la mesa de coordinación”, precisó el presidente de la CEE, monseñor Luis Cabrera, citado por el medio cubano.
Los ejes a abordar serán: Focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a salud y seguridad.
Fuerte represión y amenazas
Entre el 13 y 30 de junio, Ecuador vivió uno de los episodios más violentos y represivos por parte del gobierno de Lasso.
Diversas fuentes contabilizaron 6 muertos, más de 600 heridos y 150 detenidos, producto de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios.
La Conaie denunció repetidas veces el exceso del uso de fuerza por parte de los efectivos que – según el organismo- provocó la muerte de varios manifestantes. De igual forma, alertaron sobre el lanzamiento de fuertes gases contra manifestantes pacíficos, lo que causó varios heridos.
Esta situación fue condenada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (DD.HH.), quien pidió “parar la masacre”; y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta última rechazó fuertemente la represión registrada contra menores de edad.
Además del a represión, varios líderes indígenas, como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, denunciaron amenazas de muerte.
Retroceso social
Ecuador cerró el siglo XX sumido en una de las mayores crisis de la región y uno de los procesos de empobrecimiento más agudos de su historia, situación que fue revertida gracias a las políticas sociales del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se dedicó a aumentar la inversión social.
En los diez años de Correa, los recursos destinados a la vivienda, educación y salud pasaron del 4,3% del PIB en 2006 al 8,6% en 2016.
Tras el regreso del neoliberalismo, las comunidades campesinas e indígenas se han visto vulneradas. Es por ello que estos sectores piden hoy día en el diálogo respeto a sus derechos humanos, reducción de precios de productos de primera necesidad, la no privatización de empresas públicas y la no proliferación de la actividad minera y energética en la Amazonía.