La derecha venezolana ha empleado múltiples tácticas para deponer al Gobierno Bolivariano. Desde hace más de 23 años, este sector ha promovido guerras mediáticas, ataques económicos, saboteos petroleros, golpes de Estados y planes magnicidas. También ha tutelado planes de invasión bélica e insurrección, y se ha orquestado la imposición de una institucionalidad paralela con la que se ha gestado el robo más grande de bienes y activos venezolanos en la historia reciente.
Una de las últimas estrategias es tratar de acusar sin fundamentos, al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos delitos de lesa humanidad. La intención es clara: apresar al mandatario y, con ello, instaurar un gobierno dócil a Estados Unidos (EEUU), principal eje financista de la derecha.
Este plan no es nada nuevo. El extinto Grupo de Lima – una coalición de expresidentes de derecha de América Latina- elevó a la CPI el expediente denominado “Venezuela I”, que acusa a cuerpos de seguridad del Estado venezolano de violentar derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Aunque la derecha nacional lo oculte, este folio no es fortuito. Detrás de él está un documento que redactó en 2018 la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal brazo ejecutor de EEUU en la región, dirigida por el ultraderechista Luis Almagro, autor intelectual del golpe de Estado en 2019 en Bolivia.
Desde hace varios años Almagro ha centrado en su eje de ataque al Gobierno Bolivariano. El secretario general de la OEA usa la instancia que dirige para asediar al país caribeño. Así ha venido redactando, bajo métodos dudosos y no científicos, informes que acusan al presidente Maduro de supuestamente cometer delitos de lesa humanidad.
Los textos de Almagro- que alimentan al expediente “Venezuela I”- se concentran en dos momentos claves: La Salida, plan insurreccional llevado a cabo en 2014 por el hoy prófugo de la justicia, Leopoldo López, y su reedición en 2017. Durante ambas olas violentas, que comprendían la financiación y tutelaje de grupos de choque en la calle que se enfrentaban con armas a las Fuerzas Armadas y organismos policiales, se registraron 164 muertos. La mayoría de ellos por el accionar de estas células violentas.
Sin un método investigativo fidedigno, la OEA estima que entre 2014 y 2020 en el país suramericano “se han producido 18.093 asesinatos vinculados a la fuerza pública”. También señala que en este período se han presentado “más de 15.000 detenciones arbitrarias por razones políticas”. De igual manera, determinó que durante 2017 hubo 192 casos de violencia sexual perpetrados por policías y militares.
Los datos de la OEA se apoyan en “testimonios” recopilados por la abogada “especialista en DDHH” Tamara Sujú, quien en 2019 usurpó el puesto de embajadora venezolana ante República Checa, del “gobierno” del exdiputado opositor Juan Guaidó, informa la Agencia Anadolu. Otra de las fuentes es PROVEA – una herramienta del Departamento de Estado- e integrantes del Foro Penal, una ONG dirigida por Alfredo Romero, uno de los abogados de López y coordinador del partido de extrema derecha Voluntad Popular.
Estos sectores, junto con otros voceros de partidos como Acción Democrática y Primero Justicia son lo que están detrás del expediente “Venezuela I” ante la CPI. Los grandes medios ocultan que estos mismos sectores fueron artífices y promotores de acciones golpistas, que incluye asesinato por motivos políticos, hechos que sí son lascivos a los derechos humanos.
Durante un buen tiempo la ahora exjefa de la Fiscalía de la CPI, Fatou Bensouda, mantuvo en observación el expediente, que lo pasó a la siguiente fase justo un día antes de dejar su cargo a Karim Khan.
Ante esto, el Gobierno Bolivariano ha sostenido un diálogo fructífero con ambos fiscales y ha denunciado varias veces que el expediente “Venezuela I” está políticamente motivado e infundado bajo falsas matrices.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab ha entablado un sólido puente de comunicación con la instancia en La Haya y ha colaborado en suministrar información tal y como lo establece el Estatuto de Roma, base legal de la corte.
Saab ha dicho en varias oportunidades, tal y como lo sostienen las pruebas, que el Gobierno Bolivariano ha castigado a los agentes que están incursos en uso excesivo de la fuerza, específicamente en los hechos del 2014 y 2017.
“En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, persiguen y juzgan, sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico”, llegó a decir Saab, al tiempo que detalló que en 2021 se habían procesado y castigado a 720 agentes militares incurso en este tipo de faltas.
Por su parte, el fiscal Khan ha realizado varias visitas y ha sostenido numerosos encuentros con el presidente Maduro, Saab y otras altas autoridades, con quienes mantiene un nutrido canal de cooperación, con el fin de deslastrar las falsas acusaciones de “Venezuela I”. Incluso, previo acuerdo, se abrió una oficina de la CPI en Caracas con la que el Estado ha sostenido constante intercambio de información. A pesar de todo esto, el fiscal internacional decidió abrir en noviembre del 2021 la investigación, consumando un lawfare contra este país.
Aunque Venezuela manifestó discrepancia, el Estado venezolano ratificó su compromiso y apego al Estatuto de Roma, al respeto a los derechos humanos y a las investigaciones en curso para esclarecer los posibles casos. El país suramericano valora dicho estatuto “como instrumento jurídico internacional orientado a establecer un proceso de legalidad y jurisdicción complementaria para la atención de formas delictivas particularmente lesivas”, señaló la Cancillería en un comunicado.
A partir de este punto, el Estado fortaleció la cooperación con la CPI y envió todos los expedientes y requisitos solicitados por esta instancia. En mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte determinó que no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad sino víctimas potenciales.
“El informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de víctimas potenciales, determinando así, expresamente, que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal”, cita un comunicado del Gobierno.
Esa decisión desató una fuerte campaña en ONG (como Provea) y medios de la derecha que ejercieron fuerte presión sobre el fiscal jefe de la corte, a quien, el pasado 27 de junio la CPI le autorizó reanudar la investigación. Frente a esto, el Estado venezolano manifestó nuevamente su desacuerdo y reiteró que todo se trata de una instrumentalización de los mecanismos de justicia internacional.
“Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano”, expresa otro comunicado de la cancillería emitido tras conocerse la decisión.
Hipocresía internacional
El expediente “Venezuela I” fue introducido por varios gobiernos derechistas latinoamericanos. Uno de ellos fue el de Iván Duque, ahora expresidente, que sostiene fuertes vínculos con Álvaro Uribe, también exmandatario y político conocido por sus lazos con el narcotráfico. Otros de los crímenes a los que se le acusa a Uribe es el de ser el autor intelectual de los falsos positivos, matanzas deliberadas y sistemática realizada por las Fuerzas Armadas Colombianas contra campesinos que luego eran vestidos de “guerrilleros”.
De igual forma, bajo la extrema derecha, Colombia era uno de los escenarios de operación contra el Gobierno Bolivariano. En territorio neogranadino se entrenó y articuló grupos que buscaron sembrar violencia en Venezuela e intentaron, en 2018, acabar con la vida de Maduro con unos drones con explosivos.
Además, durante décadas, Colombia ha sido un Estado señalado por estar inmerso en graves violaciones y delitos de lesa humanidad. Tan es así que en 2002 esa nación está siendo examinada por la CPI por “posible violación sistemática de DDHH, como crímenes de guerra en su lucha contra el narcotráfico – financiada por EEUU-, y como parte del conflicto armado que lleva más de 70 años, refiere Anadolu.
La CPI y otros organismos y gobiernos de la región han hecho silencio cómplice a este desalentador panorama. Igualmente, no emprendieron una campaña de denuncia contra Duque por los más de 80 muertos, más de 120 desaparecidos y 1200 heridos (de los que 103 son víctimas de lesiones oculares) que dejaron las fuerzas represivas contra el pueblo que participó en las protestas del Estallido del 2021.
Venezuela II
El otro expediente que reposa en la CPI – y que no avanza a la fase de investigación- es el “Venezuela II”, introducido en 2020 por el Estado venezolano. Este folio recoge, con detalles específicos y pruebas contundentes, cómo Estados Unidos y sus aliados de Europa han cometido delitos de lesa humanidad en contra de la población venezolana al aplicarle Medidas Coercitivas Unilaterales, con el fin de lograr un cambio de gobierno.
Uno de los fundamentos de este expediente – refiere Anadolu- es el informe presentado por la relatora independiente de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, quien en febrero del 2021 constató que las mal llamadas “sanciones” han violado los derechos humanos del pueblo.
Con 930, Venezuela es el quinto país con más “sanciones”. La mayoría de estas están dirigidas a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, por lo que el Gobierno Bolivariano se ha visto limitado y perseguido por la importación de insumos básicos como alimentos y medicinas, aun en medio de la pandemia.
Estas medidas punitivas constituyen un fuerte bloqueo, que se suma a la expoliación de bienes y activos del Estado venezolano en el exterior, como es el caso de la refinería CITGO. Con este robo, la derecha cometió crímenes de lesa humanidad, ya que debido a esta ilegal acción 53 niños con padecimientos especiales, y que esperaban ser operados, fallecieron.
Sin embargo, está cuesta arriba enjuiciar a EEUU ante la CPI. La nación norteamericana no ha ratificado el tratado que lo somete a dicho juzgado, postura que representa una traba para el progreso del expediente “Venezuela II”. Además, de abrirse un expediente en contra de Washington, este eje de poder se encargan de “sancionar” y perseguir a los jueces y fiscales del tribunal, tal y como pasó cuando este juzgado intentó investigar los graves crímenes de guerra cometidos por el Pentágono en su invasión írrita a Irak y Afganistán.
