Los tradicionales grupos de poder derechistas guatemaltecos no cesan en sus planes en asestar un golpe de Estado en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, a quien ahora buscan, sin justificación legal, meter tras las rejas.
Este 17 de noviembre, la Fiscalía General de ese país presentó una solicitud a la Corte Suprema que exige retirarle la inmunidad a Arévalo, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para procesarlos penalmente dentro de una investigación por “daños” durante la ocupación en 2022 de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La fiscalía informa en su cuenta de X (antes Twitter) que, además de Arévalo y Herrera, también están señalados un legislador electo del partido Movimiento Semilla (MS), otro reelecto por dicha organización, y otros dos congresistas de centroizquierda.
Ante esto, Arévalo reiteró su denuncia alertando que todo se trata de un complot para impedir su investidura. Asimismo, autoridades indígenas – que han llamado a movilizaciones en las calles para contrarrestar el avance de la derecha – anunciaron que preparan nuevas protestas para la próxima semana, con el fin de denunciar la persecución política a los participantes de la toma de la USAC, entre ellos al binomio presidencial ganador.
El líder Salvador Quiacain, del colectivo Comunidad Tz’unun Ya’ del municipio San Pedro la Laguna, departamento de Sololá (a 137 km de la capital), expresó que “la comunidad internacional sabe que quienes aquí salen a defender sus derechos pueden ir presos”.
“Realizamos la invitación porque el futuro está en riesgo, pues no son acciones de las autoridades indígenas las que escalan la agresividad o los conflictos, sino que es el propio Estado”, remarcó, citado por Prensa Latina.
En este mismo tono se pronunció la alcaldesa indígena de Palín, departamento de Escuintla (sur), Alida Vicente, quien alertó que el sistema de justicia de Guatemala ya está totalmente corrupto, por lo cual buscan denunciarlo a nivel internacional.
Explicó a la prensa que “hay un uso excesivo de la fuerza y de la ley penal, al servicio de las élites y de los corruptos”.
En los operativos de este jueves, el Ministerio Público (MP) detuvo a Marcela Blanco, excandidata del MS, por estar involucrada en la toma. En total, la fiscalía persigue a 27 personas por haber participado en la protesta universitaria.
Durante la toma de la USAC, cientos de estudiantes, profesores e integrantes de dicha casa de estudios – así como de otras instituciones- protestaron y paralizaron masivamente varias actividades en junio de 2022 por la elección fraudulenta de Walter Mazariegos como rector, ficha clave del derechista presidente Alejandro Giammattei.
En dicha protesta, que se extendió por más de 300 días y que se originó producto del cansancio social ante la corrupción galopante de las oligarquías gobernantes, estuvieron presentes líderes del MS, hoy proscrito por decisión judicial.
Tanto Arévalo como los voceros indígenas y de movimientos sociales han denunciado que esta causa está políticamente motivada y que el fin último es truncar el próximo gobierno del líder del MS.
Entre las voceras instrumentalizada por la derecha para dar con el golpe está la fiscal general María Consuelo Porras, allegada al mandatario Giammattei.
Desde la institución que dirige, Porras, junto a sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales – y el juez Fredy Orellana- se han dedicado a acosar durante meses al Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de la segunda vuelta electoral realizada el pasado agosto en la que ganó Arévalo.
Este grupo político, que trabaja desde estas instituciones, ha promovido allanamientos a las sedes electorales y ha ordenado revisiones exhaustivas de votos y secuestros de actas, con el fin de forjar pruebas de un supuesto “fraude”.
Frente a todo esto, el pueblo ha salido a las calles a pedir pacíficamente la renuncia de Porras y sus compañeros. Durante semanas, voceros de distintos sectores se manifiestan en avenidas y calles de Guatemala pidiendo fin a la élite gobernante.
Zarpazos finales de dudosa Corte
La solicitud de levantar la inhumanidad a Arévalo recae ahora en manos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, elegidos en el Congreso el pasado miércoles de forma exprés, con cuatro años de retraso y en medio de fuertes protestas populares en las afueras del Legislativo.
Entre los últimos actos que procesó la anterior corte – según reseña AP- están el visto bueno a un trámite a una solicitud de retiro de inmunidad contra el registrador de ciudadanos que se negó a suspender al partido MS.
De igual forma, en la lista está el rechazo a una solicitud de retiro de inmunidad solicitada por Arévalo contra el juez Fredy Orellana, y la desestimación de amparos solicitados contra funcionarios de gobierno por intentar socavar la democracia solicitados por autoridades indígenas.
Frente a la creciente corrupción de los tradicionales partidos guatemaltecos y ante el desgaste de la popularidad de las élites de poder, Estados Unidos (EEUU) ha tomado distancia y ha cambiado convenientemente su discurso hacia el presidente Giammattei. En un intento de mostrarse como “defensor” de la democracia en la región, Washington rebajó su apreciación hacia el actual gobernante – quien era uno de sus principales aliados en Centroamérica- y desde hace un par de años comenzó a sancionar a estos políticos.
Así, el pasado octubre, el Departamento de Estado sancionó a dos exministros y un viceministro de Giammattei; y previamente ya había penalizado al juez Orellana y a la fiscal Consuelo Porras, entre otros.
