El Gobierno Bolivariano de Venezuela condena el dictamen emitido por un juez de Estados Unidos (EEUU) que busca la apropiación ilegal de la estatal Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding, a través de una “pretendida venta de acciones judiciales” de la compañía.
La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque emitió un comunicado que denuncia que “la ilegal orden” del letrado Leonard Stark, del distrito de Delaware, está “viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta”.
El Estado venezolano advierte que la medida está alineada con la empresa canadiense Crystallex International Corp. (Crystallex), corporación que busca perjudicar al país desde el 2008 tras la constitucional expropiación de una mina de oro en el estado Bolívar que estaba en manos de la trasnacional.
Es por ello que la referida comisión alerta que la respuesta del juez se enmarca al poder hegemónico de EEUU en “su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano”.
La decisión “violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández”, quienes han facilitado el saqueo de bienes nacionales.
Este tipo de acciones “sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense”.
Venezuela “no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asisten, con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República cuyo único propietario es el pueblo venezolano”.
Citgo – valorada en 12.000 millones de dólares- constituye el activo más grande que posee Venezuela en el extranjero. Desde el reconocimiento por parte de Washington a la írrita autojuramentación de Guaidó como supuesto “presidente interino”, la Casa Blanca procedió a congelar los fondos de la estatal venezolana y transferírselos al hoy exdiputado derechista, quien, desde el 2019, mantiene el secuestro de la empresa con el aval del gobierno norteamericano.
A partir de la autojuramentación, tanto EEUU como sus gobiernos aliados en Europa pretenden saquear los bienes que Venezuela mantiene en el extranjero. Uno de esos activos son 31 toneladas de oro venezolano que Reino Unido mantiene secuestradas en el Banco de Inglaterra, bajo un un doble discurso político de reconocimiento a Guaidó que da pie a un entramado judicial que favorece a la ilegal retención.
