Durante varias décadas, el imperialismo ha buscado desconocer el derecho histórico de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y para ello ha usado a los gobiernos serviles de la antes colonia Guyana. Y, aunque en el siglo XIX, el objetivo era netamente expansionista, ahora corporaciones energéticas pretenden instrumentalizar al vecino país para concretar una expoliación petrolera que violenta la soberanía venezolana en dicho espacio, omitiendo el marco legal internacional.
Para recuperar este vasto territorio de 159 mil kilómetros cuadrados perdido en 1899 con el fraudulento Laudo Arbitral de París, y tras las exploraciones ilegales de la transnacional Exxon Mobil en aguas en reclamación, Venezuela activó en 2015 la Comisión para la Defensa de nuestra Guayana Esequiba que ha insistido con las autoridades de Georgetown en la solución vía diplomática sustentada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, única vía legítima pactada por las partes para dirimir el diferendo.
Desde entonces – y como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo- el Gobierno Bolivariano se ha mantenido en la vía de la solución pacífica y convenida con el vecino país. Sin embargo, Guyana acudió unilateralmente en 2018 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas para solventar la controversia y dos años después el tribunal sentenció que sí tiene jurisdicción sobre este asunto, por lo que Caracas tiene hasta abril del 2024 para demostrar la nulidad del Laudo de 1899.
No obstante, en septiembre, la Asamblea Nacional (AN) convocó a un referendo consultivo para que el pueblo venezolano ratifique, por este mecanismo, su derecho legítimo e histórico sobre la Guayana Esequiba.
“Vamos a convocar a una gran consulta nacional, a través de un referéndum consultivo, para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto directo y secreto, tome la decisión y refuerce sus inalienables derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho, como parte indisoluble del sagrado suelo de la Patria”, expresó el presidente del Parlamento, el diputado Jorge Rodríguez.
El Poder Legislativo envió al Poder Electoral esta solicitud y el 23 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el cronograma para la realización del referéndum, que tiene como fecha el 3 de diciembre. El árbitro también dio a conocer las cinco preguntas que formula la consulta:
1.- ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
2.- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
3.- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
4.- ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
5.- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
“Saludamos con gran satisfacción a las autoridades del Consejo Nacional Electoral por la aprobación de las cinco preguntas que serán formuladas a las venezolanas y los venezolanos en el Referéndum Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. ¡Defendamos el Territorio Esequibo! El 3 de diciembre todos y todas a votar 5 veces sí”, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, vía X.
Poder a trasnacionales y nada a los pueblos
Aunque este conflicto data de hace casi dos siglos, y ha atravesado varias etapas en las que, debido a la injerencia imperial, no han habido avances favorables para un acuerdo definitivo, desde el 2015 los gobiernos de Guyana han violentado las leyes y convenios al dar permiso a la trasnacional estadounidense Exxon Mobil para realizar exploración para una futura explotación petrolera, en aguas en disputa, sin consultar con Venezuela.
En medio de reclamos Caracas a Georgetown, el vecino país continuó con sus planes írritos. Así el gobierno guyanés activó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones – tanto a Exxon Mobil como a otras firmas energéticas- para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas, y otros tres en aguas profundas y ultraprofundas que están frente a la zona en reclamación, con la intención de sacar provecho, en total, a 25 mil millones de barriles de crudo, omitiendo que dichas aguas, y por ende sus recursos, están siendo reclamados por otro país.
Sin embargo, el gobierno de Guyana – asistido por el Reino Unido y Washington- se ha encargado de imponer una matriz que intenta hacer ver que “es víctima de una agresión” por parte de Venezuela. La clase política gobernante guyanesa, junto con el entramado imperial internacional, trata de esconder la responsabilidad que tuvo el imperio británico en el despojo y trata de dibujar ante los medios que un país petrolero y grande – como la nación bolivariana- ataca a una excolonia pequeña y débil, al arrebatarle “dos tercios de su territorio” y “coartar su derecho al desarrollo”.
Frente a ello, Venezuela ha insistido en que en la disputa están intenciones de grandes compañías petroleras estadounidenses y europeas que solo buscan sus beneficios y no los de los pueblos de Venezuela y Guyana, naciones hermanas que comparten espacios de integración como Petrocaribe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas.
Caracas insiste en buscar una solución basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que claramente reza en su numeral 2, artículo V: “ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derecho de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la comisión mixta y aceptado por escrito por el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana”.
Gobierno de Guyana desestabiliza la paz
Al darse a conocer las cinco preguntas que contiene el referéndum del 3 de diciembre, Guyana emitió un comunicado que califica el soberano derecho de Venezuela sobre el territorio en disputa como un asunto “ilegal”, desconociendo totalmente el Acuerdo de Ginebra de 1966 aún vigente. Desde Georgetown también agregan que la consulta y justo reclamo de Venezuela buscan “incitar a la violencia y amenazar la paz”.
Ante esta misiva, Venezuela respondió con otro texto oficial y recordó al vecino país que sus declaraciones “nuevamente, están siendo redactadas por el bufete de abogados empleados de la Exxon Mobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa, arrastrándolos a un errático accionar, contrario al Derecho Internacional Público, con los objetivos de apropiarse de recursos energéticos que no le pertenecen e intentar amenazar la paz y estabilidad de Venezuela”.
El Gobierno Bolivariano detalló que “la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de sus atribuciones, ha decidido consultar al pueblo de Venezuela, las líneas maestras de las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas, con el objeto de hacer valer los derechos legítimos sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.
Venezuela, asimismo, advirtió que “la insistente negativa al diálogo diplomático, por parte del Presidente de Guyana, Irfaan Ali, amenaza con una peligrosa escalada a un conflicto de grandes dimensiones, promovido por el Comando Sur de los Estados Unidos”.
