Uruguay atraviesa en estos momentos una fuerte crisis hídrica, no vivida desde hace 70 años, que afecta a dos millones de habitantes de ese país, de un total de 3.4 millones.
A comienzos de mayo, por las griferías de los uruguayos comenzó a salir agua muy salada, no apta para consumo humano, por lo que millones de personas se han visto obligados a comprar el recurso embotellado.
Según reseña varios medios, el instituto Obras Sanitarias del Estado (OSE) – ente encargado de la administración del líquido- argumenta que la razón se debe a la sequía que afronta el embalse del río de Santa Lucía, que abastece al 60 % de la población.
La ciudad de Montevideo y Canelones – municipio que forma parte del Área metropolitana de la capital- consumen 650.000.000 de litros de agua al día. El recurso lo extrae la OSE de la Represa Paso Severino del río Santa Lucía Chico (en Florida, zona centro-sur del país) y Santa Lucía Grande, el principal flujo de agua de este país.
Sin embargo, ahora la OSE está obteniendo 55.000.000 de litros de Santa Lucía Grande y 361.000.000 de Paso Severino y los 234.000.000 restantes de la zona más debajo de la Represa de Aguas Corrientes en donde el agua contiene más salinidad que el resto de las reservas, debido a la influencia del Río de la Plata.
Para potabilizar esta agua, la OSE – y por autorización del Ministerio del Ambiente, MA- decidió aumentar los límites de cloruro y sodio recomendados por la Organización Mundial de la Salud (280 mg/l y 200 mg/l, respectivamente). Ahora, los uruguayos consumen agua con 440 mg/l de sodio y 700 mg/l de cloruro, lo que podría impactar negativamente en la salud de hipertensos, personas con problemas renales y población vulnerable como niños y adultos mayores.
Aunque la OSE y el MA de Uruguay alega que esta crisis hídrica se deba a una fuerte sequía – catalogada por el gobierno como la “peor del siglo”- movimientos sociales, organizaciones ambientales, activistas y analistas señalan también como responsable al sector privado agroexportador, que manejan viejas élites de poder vinculadas al presidente Luis Lacalle Pou.
Un estudio realizado por el doctor y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Udelar, Luis Aubriot – en conjunto con los analistas Bernardo Zabaleta, Hernán Olano y Marcel Achka – determinó que en la cuenca del Santa Lucía hay cerca de 486 embalses de productores privados que dificultan el curso normal del agua, y por ende el llenado de los depositorios de la OSE.
“Son 486 los embalses detectados satelitalmente. Esos son solo los que están aguas arriba de Aguas Corrientes, los que drenan hacia Aguas Corrientes. El análisis de la calidad de agua de esos embalses arrojó que era muy mala [se estudiaron 14 de los detectados]. Se están esperando lluvias, pero en una cuenca que está tan embalsada, el agua no corre. Ahora estamos en esa situación. Los productores necesitan agua y están aguantando el agua que cae. OSE no está teniendo el agua suficiente y la tiene que mezclar”, detalló Aubriot, citado por Montevideo Portal.
Aubriot también considera que, teniendo en cuenta las variables climáticas que afronta el planeta Tierra, y específicamente Suramérica, debido al incremento de las temperaturas, el gobierno pudo haber tomado mejores medidas de forma anticipada.
“Es un escenario que, en detalle, no se puede prever, pero sí el contexto general de déficit, porque la tendencia es esa. Lo que me llama la atención, así como a otros colegas, es la falta de previsión que hay para tomar medidas que no sean tan drásticas como las que se están tomando”, dijo el especialista.
El científico también recordó que hubo “proyectos de hacer fuentes adicionales en la cuenca del Santa Lucía que se dejaron de lado”, que podrían haber generado otras reservas, como el proyecto Casupá, en Florida.
“No es sequía, es saqueo”
Aunque es cierto que la región sur de Suramérica está afrontando una fuerte sequía, movimientos ambientalistas y varios científicos y expertos ambientales creen que con la llegada de la lluvia la situación no mejorará, y señalan al gobierno de Lacalle Pou como responsable.
En las numerosas movilizaciones – que se han realizado varias en la capital uruguaya- la consiga es “no es sequía, es saqueo”, y la razón es porque bajo esta crisis hídrica, que tiene años asomándose en el horizonte, se ha permitido al sector privado del agronegocio crecer y apropiarse de los recursos naturales de los uruguayos.
Una de las principales empresas devoradoras es la finlandesa UMP que se dedica a la creación de pasta celulosa. Esta firma cuenta con 250 mil hectáreas de eucalipto – una carta parte del territorio nacional- y hace presencia en este país desde la década de 1990, cuando comenzó a operar bajo el nombre Forestal Oriental S. A., refiere El Salto Diario.
Su sede principal, en Fray Bentos (oeste), en frontera con Argentina, entró en funcionamiento en 2007. Ahora, esta trasnacional activó una segunda planta en Pueblo Centenario (en el céntrico departamento de Durazno), que usa el agua de Río Negro, denominada como UMP 2.
Según un video difundido por el Movimiento Uruguay Soberano (MUS) – que busca activar un plebiscito popular para acabar con el secretismo en las negociaciones entre este tipo de trasnacionales y el Estado- esta planta consume al día 136 millones de litros de agua y vierte 107 millones de ella contaminada al mismo río, que luego desemboca al Río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras (UPM 1 y Montes del Plata) para luego culminar en el Río de la Plata. Estas últimas aguas ya residuales pretenden ser usadas en el proyecto Neptuno, obra potabilizadora en licitación entre empresarios privados para surtir del recurso líquido al pueblo uruguayo.
“El saqueo viene porque esta empresa viene a aprovechar la riqueza de recursos naturales sin pagar por ellos. La plantación de estos árboles parte de una dinámica extractiva a los nutrientes del suelo, al agua subterránea”, denuncia Carlos Santos, antropólogo, docente de la Udelar e integrante de la ONG Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.
La planta de Fray Bentos llega a consumir, gratuitamente y al día, mil millones de litros de agua, una huella hídrica muy superior a la de toda la población del Uruguay (19.4 millones de litro/día).
Santos cataloga esta inversión como un modelo colonialista saqueador, ya que – además del exagerado consumo de agua- el contrato entre la trasnacional y el gobierno obliga al Estado uruguayo a construir un ferrocarril para beneficiar a la firma, y a fomentar carreras técnicas para formar a futuros trabajadores de la planta.
Google, el destructor ambiental
Pero este no parece ser el único caso de la instalación de una empresa foránea con ansias extractivistas a espalda del pueblo y con anuencia del gobierno de Lacalle Pou, esquemas que solo benefician a los grandes capitales y a políticos serviles.
El MUS también alertó que está en construcción el proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará en el acuífero Guaraní – uno de los reservorios de agua dulce más grande del planeta-, específicamente entre Paysandú y Tacuarembó. Estas instalaciones producirán hidrógeno y metanol para exportar a Europa, y para ello consumirá 600.000 litros de agua al día del referido acuífero.
El gigante Google también extendió su mirada hacia los recursos de Suramérica. Esta corporación estadounidense prevé instalar una base de datos en Canelones que contará con un millón de computadoras encendidas las 24 horas del día todo el año. Para mantener a estos equipos en óptimas condiciones de climatización, Google consumirá 7.000.000 de litros de agua de OSE por día, agrega MUS.
“Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano”, agrega el movimiento en el material audiovisual.
Raíces neoliberales
La esta crisis hídrica actual de Uruguay es un problema más amplio que tiene sus raíces en la expansión del modelo neoliberal capitalista en la región, que llegó a su auge durante la era de las dictaduras del Cono Sur, amparadas por Estados Unidos, y del que los pueblos aun no se han deslastrado.
“En la década del noventa, los Estados nacionales fomentaron el ingreso de empresas transnacionales, cediendo soberanía de los territorios, con acciones, que, mediante la expropiación de fuentes de agua dulce y el control de los territorios productores de agua, profundizaron los problemas de las comunidades para acceder al agua potable y al saneamiento”, refiere un artículo de la revista Scielo Uruguay publicado en 2021 en su página web, titulado “Ambiente y crisis en Uruguay. La agroecología como construcción contrahegemónica”.
“En respuesta, los movimientos consolidaron estructuras de alcance regional, como Red Vida, con propuestas como la creación en 2006 de una Convención Sudamericana del Agua, en Cochabamba, y en el ámbito nacional, en 2002, formaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, grupos de académicos y sectores políticos de izquierda, que presentaron una propuesta de reforma constitucional plebiscitada en 2004 y apoyada por el 64,7% de la ciudadanía”, indica el texto, haciendo referencia al artículo 47 de la Constitución de este país que estipula que el acceso al vital líquido es un derecho humano fundamental .
Y es por ello que el pueblo uruguayo ha salido a las calles a reclamar al gobierno de Lacalle Pou una solución inmediata a esta grave situación y a rechazar la cómoda postura del mandatario y su gabinete que apuesta que la gente se dedique a comprar agua embotellada.
“La situación actual es fruto de aspectos climáticos, ya conocidos, además, de las consecuencias de la extensión de prácticas vinculadas al agronegocio que tienen consecuencias ambientales y sobre el agua, de la imprevisión y la improvisación”, cita una nota del semanario El Popular, medio de difusión del Partido Comunista de Uruguay.
La nota del referido medio alega que otro de los causantes de la catástrofe hídrica es la política neoliberal de ajuste del actual gobierno, “en particular de los recortes presupuestales a las empresas públicas, en este caso a OSE. Un solo ejemplo: en los gobiernos del Frente Amplio OSE tuvo un promedio de 86 millones dólares de inversión anual; en el 2021 el gobierno de la coalición de derecha invirtió 24 millones de dólares menos y en 2022, 16 millones menos, para un acumulado de tijera sobre las inversiones, en dos años, de 40 millones de dólares”, a esta importante institución que administra las aguas del pueblo.
