Este domingo 04 de septiembre se llevó a cabo en Chile el plebiscito para la nueva Constitución. Con el 100% de mesas escrutadas la opción Rechazo acumuló el 61.86 % de los votos frente a los 38.14 % del Apruebo, resultados que dejarán vigente a la vieja Carta Magna, aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Según el Servicio Electoral (Servel) la participación fue de 75%, todo un récord histórico.
Antes de darse a conocer los resultados totales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se dirigió al país e invitó para este lunes a los líderes políticos y presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para una reunión en la que se evaluará el mecanismo para avanzar hacia otro proceso constituyente.
Redactada en 1980 y en cuatro paredes, la Constitución vigente ha sido reformada unas 60 veces para tratar de atender las demandas sociales. Sin embargo, dicho texto sigue privilegiando a la alta clase social política, bajo un modelo neoliberal que favorece a la privatización de la salud, educación y jubilaciones; y deja por fuera a los derechos de los pueblos indígenas y mujeres.
Ante la creciente desigualdad, durante décadas, el pueblo chileno pidió en las calles una nueva Constitución, pero el punto cumbre llegó el 18 de octubre del 2019, cuando se registró en Santiago, capital, una fuerte manifestación por el alza de la tarifa del subte, lo que desencadenó el llamado Estallido Social.
Los jóvenes colmaron las calles capitalinas en manifestaciones que pedían una renovación del Estado chileno. Estas protestas, que se extendieron por meses, fueron reprimidas por el entonces gobierno de Sebastián Piñera, en una accionar brutal de Carabineros que dejó a más de 30 muertos, miles de heridos y más de 400 lesionados oculares.
Es así como se llega, en 2020, a una consulta en la que el 78 % aprobó cambiar de Constitución, lo que dio paso a la Convención Constituyente.
Los integrantes de esta nueva instancia fueron electos bajo un novedoso esquema que favoreció a la paridad, diversidad y representación indígena.
Fue en el seno de esta Convención que salió el borrador de la Nueva Constitución que fue rechazada, en medio de una fuerte guerra mediática de la derecha.
El nuevo texto fundamental establecía un mayor rango de derechos al pueblo, como un sistema universal y estatal de salud y educación, el fin de los fondos de jubilaciones privados, el acceso a una vivienda digna y el pago justo para las expropiaciones, entre otros derechos.
Además, ponía fin a la privatización del agua y al esquema extractivo de recursos mineros que, actualmente, están en manos de grandes intereses económicos.
De igual forma, designaba a Chile como un Estado Plurinacional que reconocía la autonomía de los pueblos indígenas, históricamente excluidos, perseguidos y exterminados.
Sobre estos puntos la clase política empresarial, que se agrupa en la derecha tradicional heredera de Pinochet, promovió una campaña de fake news en medios y redes, que consistió en desinformar y atemorizar al pueblo.
Entre las mentiras de la derecha está la supuesta vulneración de la propiedad privada, asunto que sí está establecido en el borrador de la nueva Constitución en su artículo 78 que reza: “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.
También confundieron al electorado, al que intentaron hacerle creer que con la designación del Estado Plurinacional el país perdería territorio. “Chile se convertirá en Estado plurinacional y regional autónomo, dividiendo nuestro país”, decía un folleto repartido en Santiago, algo que contradice el artículo 187 del texto que dice que “en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial”, refiere un medio internacional.
