Uno de los atributos de una democracia es la separación de poderes, y más aun, independencia de estos de cualquier interés foráneo.
Pero en Argentina hay varias causas que han hecho dudar de esto, una de ellas es el secuestro del avión venezolano, que se encuentra en Buenos Aires, por parte del juez Federico Villena.
Tras una orden judicial de Villena, desde el 8 de junio pasado, un Boeing 747 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea estatal Conviasa, y sus 19 tripulantes -14 venezolanos y 5 iraníes- se mantienen retenidos en Argentina sin razón aparente.
La aeronave fue comprada a Irán, ya que sobre Venezuela pesan 503 mal llamadas sanciones que le impiden la compra de nuevos aviones. Con ella, el gobierno venezolano ha realizado vuelos humanitarios.
Para la fecha del secuestro, el avión provenía de México y cargaba autopartes de Volkswagen. Portaba toda su documentación en regla y no violaba norma alguna, tal y como constataron 60 agentes de seguridad especial de Argentina. Para abandonar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza- en donde reposa- la empresa había comprado, con anticipo, combustible a Shell, firma que luego se negó a venderselo, por temor a las sanciones. Igual pasó con Axion y YPF.
Sin embargo, aunque toda la documentación estaba en regla, Villena ordenó la detención, en una acción que pone en tela de juicio la independencia del poder judicial, instancia que se acomoda a intereses foráneos.
Según reporta varios medios, el juez, de manera servil, consultó a agencias estadounidenses si sobre la aeronave hay algún requerimiento. Tras la postura de Villena, un tribunal del país norteamericano pidió la “incautación” del avión y este ahora forma parte de los bienes venezolanos en el extranjero que han sido secuestrados, como las empresas Citgo (que funciona en EEUU) y Monómeros (con sede en Colombia), ambas filiales de Pdvsa.
Aunque Villena se presenta como un administración de la justicia, este juez está muy vinculado a la extrema derecha y a comportamiento poco apegado a la ley. Ha sido señalado por tráfico de influencia, mal desempeño, arbitrariedad y negligencia grave.
Según un reporte de Misión Verdad, el referido juez puso el foco sobre uno de los pilotos, el iraní Gholamreza Gashemi, “quien se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá, pero se ha constatado que no se trata de la misma persona”.
Tras el secuestro del avión de Conviasa, el pueblo venezolano ha activado una campaña para recuperar sus activos en el extranjero, saqueo que ha sido amparado por EEUU y sus aliados y facilitado por el exdiputado de extrema derecha Juan Guaidó.
Otra víctima: Milagro Salas
No es la primera vez que la derecha, a través de la “justicia”, atropella a los pueblos.
Una de las activistas que más ha sido perseguida por este sector – utilizando la justicia y medios- ha sido Milagro Salas, insigne luchadora social indígena de la provincia Jujuy, al noroeste de Argentina, quien se ha dedicado a velar por los derechos de su comunidad y salvaguardar la integridad de minorías sociales desprotegidas por el Estado.
En 2016 fue detenida por una supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, debido a una causa que empezó en 2009, a raíz de una protesta social contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
A Sala la acusan de organizar la manifestación, en la que no estuvo presente.
A la dirigente también la han señalado de varios delitos en un esquema de ensañamiento judicial, que contempla docenas de causas- la mayoría de orden provincial- y que se acrecentó cuando Mauricio Macri llegó al poder.
En junio pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de ese país se dirigió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy para que se creen las condiciones para frenar este hostigamiento contrea la dirigente, quien atraviesa complicaciones de salud y por lo que está recluída en su residencia.
Organizaciones sociales denuncian que el caso de Salas es un secuestro, ya que ha pasado seis años en “prisión preventiva”, cifra que triplica el máximo esta condición.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas, así como diferentes organizaciones, movimientos sociales, gobernantes, presidentes y jefes de Estados, incluso juristas, consideran que contra Salas hay motivaciones políticas, la dirigente sigue sin libertad.
