Este año el mundo afrontará lo que se llama un tsunami electoral. Se trata de 75 procesos comiciales, tanto presidenciales como locales, en una lista de países que incluye a Rusia, India y Estados Unidos, y regiones como la Unión Europea. Según los expertos, unas 4.200 millones de personas en el planeta estarían convocadas a algún tipo de elección, es decir; casi la mitad de la población global.
En lo que respecta a América Latina y El Caribe, República Dominicana, El Salvador, Panamá, México, Uruguay y Venezuela vivirán elecciones. Igualmente ocurrirá en Estados Unidos, en donde la comunidad latina jugará un papel clave decisorio. Con este panorama, y los resultados que se obtengan, las fuerzas de izquierda y derecha se podrían reconfigurar o mantener sus enclaves.
El Salvador
La primera elección del año será en El Salvador, cuya primera vuelta está pautada para el 4 de febrero. En este país centroamericano, sus ciudadanos elegirán presidente, vicepresidente y a 60 miembros de la Asamblea Nacional. Para que algún contrincante gane en esta primera ronda deberá obtener más del 50 % de los votos o, de lo contrario, se pautará un balotaje para el 3 de marzo, fecha para la cual están programadas las municipales.
El candidato favorito que ya luce como posible ganador es el actual mandatario, el derechista no tradicional Nayib Bukele, quien busca, por encima de la Constitución, un nuevo período, tras haber conseguido el permiso del Legislativo.
En 2018, en plena campaña para su primera elección presidencial, Bukele, un político presuntamente “outsider” y conservador – con la experiencia de haber administrado dos alcaldías-, se presentó como una “tercera vía” ante un pueblo cansado de corrupción, violencia y desigualdad de las clases políticas tradicionales. Hace cinco años, Bukele fue el aspirante por GANA, una escisión del derechista ARENA. Su trabajada imagen, con 37 años, lo proyectó como un joven aficionado al marketing empresarial y al mundo digital. Sin embargo, por su falta de concisión y claridad en sus propuestas, analistas políticos lo catalogaron como un populista más que también llegó a usar como impulso electoral ataques a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela.
Al llegar a la silla presidencial en 2019 – con el 53.10% de los votos frente al 31.72% del arenista Carlos Calleja-, Bukele ha transitado un recorrido que lo esbozó en un principio como un demócrata al ahora autodefinido “el dictador más cool del mundo” con críticas solapadas de grandes medios de comunicación que sí se ensañan en contra de gobiernos electos y ratificados por vía popular como el de Nicolás Maduro.
Tras las parlamentarias del 2021, en las que el partido bukeliano Nuevas de Ideas y otras fuerzas de derecha obtuvieron la mayoría de los escaños, el oficialismo logró el control total de la cámara lo que facilitó al mandatario aprobar leyes sin negociación de la oposición. No obstante el control total llegó en marzo del 2022 con el visto bueno de un Estado de Excepción por parte del Legislativo que, inmediatamente, dio pie a un régimen sin garantías que se mantiene hasta hoy.
Ha sido bajo esta política que Bukele comenzó su cacería contra la desbordada delincuencia en El Salvador, en donde se llegaron a registrar el récord de 76 asesinatos en dos días, debido a los enfrentamientos de las pandillas como la Mara y la M18, nacidas en EEUU y reforzadas por la prolongada deportación de salvadoreños desde el país del norte hacia Centroamérica.
Con su decreto, Bukele suspendió la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia. También quedó en stand by la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se extendió el plazo a de 3 a 15 días la detención administrativa.
Aunque la política de cero tolerancia con la criminalidad de Bukele comenzó a ver sus efectos de manera inmediata – de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,2 en 2022- con ello también comenzaron a verse las fisuras. Según datos oficiales recabados por tres relatores de Naciones Unidas – y citados por dicha instancia internacional- en seis meses de Estado de Excepción, septiembre del 2022, ya se había detenido a 58.000 personas, incluidos 1.600 menores, y a un año la cifra de detenidos llegaba a más de 67.000.
Los expertos de la ONU recogieron denuncias de familiares de detenidos y abogados defensores que alertaban sobre la celebración de juicios masivos de hasta 500 sospechosos. Los letrados añadieron que la justicia en ese país, con el decreto en vigor, les otorgaba nada más de tres a cuatro minutos para presentar los casos de centenares de detenidos.
Igualmente, el diario El País publicó un reportaje en julio del año pasado, que denunciaba que Bukele usaba como pretexto la lucha contra la inseguridad para apresar a ciudadanos – en su mayoría pobres- voces críticas, periodistas, activistas, campesinos y vendedores ambulantes. El medio español alertó que “miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes”.
A la par, Bukele se ha encargado de reforzar su imagen “cool” en las redes y medios serviles de ese país con un lenguaje hueco y demagógico que seduce a las mayorías, por lo que ha logrado calar una falsa imagen positiva de su mandato cuando su aparente combate contra el crímen no es más que una medida efectista con fecha de vencimiento. Son acciones gobierneras, personalistas y tranquilizadoras, basadas en decisiones de un dictador “millenial” – que se dice ser amante de Dios- insostenibles en el tiempo.
El gobierno de Bukele, sostenido por enclaves del Ejército y la clase empresarial aliada de EEUU, está muy alejado de un plan macro de inversión social para combatir la pobreza, que pasó de 5.6% en 2019 a 8.7% en 2022. No hay rastros de planes para erradicar las condiciones propias del capitalismo que generan la desigualdad y el caldo de cultivo multiplicador del delito violento.
La rápida salida del mandatario, para mantenerse a flote en la popularidad, ha sido la implementación de este régimen de terror y violatorio de Derechos Humanos, con el que dice perseguir a la inseguridad y con el que obviamente logrará “resultados” en la materia, no obstante este proyecto no se consolida como un escenario duradero y que realmente busque beneficiar a las mayorías. Así, con el ego y la popularidad hinchada – sin ninguna “sanción” de Washington, de la Unión Europea y sin la Carta Democrática de la OEA-, Bukele se presentará a una reelección que seguramente alcanzará el próximo 4 de febrero.
Panamá
En la misma línea de Centroamérica, están las elecciones de Panamá, acto único que se celebrará el próximo 5 de mayo. Producto de la satanización, propaganda negativa, persecución y despolitización sistemáticamente promovida durante décadas en este país desde EEUU, la izquierda real no ha tenido oportunidad de llegar a las presidencia en Panamá. En una afinada táctica comunicacional los medios y agencias de información han vendido con éxito que en ese enclave geográfico – proyectado como un milagro económico “posible”- “no hay izquierda ni derecha”. Bajo esa premisa han logrado casi desmovilizar al pueblo organizado, lo que ha dado cabida en la política nacional a una suerte de cónclave que se reparte el poder entre los partidos políticos tradicionales y empresarios.
Y este año no vislumbra ninguna novedad para este país, marcado por la corrupción, lavado de dinero y creciente desigualdad. Asimismo, uno de los asuntos pendientes para el próximo gobierno será el tema migratorio irregular y la creciente delincuencia de la selva del Darién, uno de los corredores más álgidos y peligrosos de la región con desplazados provenientes de varias partes del mundo que huyen de la pobreza resultante del neoliberalismo.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) presenta como abanderado al actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Esta agrupación fue fundada por Omar Torrijos en 1979 y en sus inicios fue considerada de izquierda. Sin embargo, con el pasar de los años, y bajo un manejo distinto de sus líderes, a sus filas se han sumado propuestas y voceros de diversas tendencias políticas, lo que dificulta encasillar a este movimiento.
Sobre las espaldas de Carrizo pesa la impopular extensión de concesión para la explotación minera de cobre a la canadiense First Quantum Minerals dada por Cortizo, permiso que finalmente fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de Panamá. Este contrato generó uno de los estallidos sociales más grandes de la historia reciente panameña, lo que impacta negativamente en la aceptación del abanderado del PRD.
Según reflejan las encuestas, el candidato que luce como favorito es el expresidente y empresario derechista Ricardo Martinelli, quien ha sido señalado como culpable por la justicia de ese país por el delito de lavado de dinero. El exmandatario, y aspirante por el derechista Realizando Metas (RM), también tiene otras investigaciones por corrupción. Sin embargo, su candidatura fue aceptada, y sus propuestas de gobierno rayan en planes populistas y se centran en ataques a la administración actual.
“Vamos a poner orden en la casa,” dijo Martinelli en un video reciente difundido por redes digitales. “Vamos a acabar con la corrupción y vamos a trabajar por el bien de todos los panameños”, reiteró sin profundizar algún plan social, aunque aún faltan semanas para los comicios.
Otros de los candidatos, pero que no está entre los favoritos hasta ahora, es el expresidente Martín Torrijos, quien durante su mandato, entre 2004 y 2009, mantuvo acercamientos y buenas relaciones con el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, lo que en parte facilitó a Panamá avanzar en importantes acuerdos en materia internacional, en una región dominada, en aquel entonces, por gobiernos de izquierdas y progresistas.
Durante su gobierno, el país centroamericano consiguió importantes avances en materia económica, incrementando el PIB a un ritmo del 9 % anual. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo en 2008 que la pobreza había descendido del 36,7 % al 28,6 % entre 2001 y 2007. Sin embargo, para aquella oportunidad, y luego de décadas de férreo neoliberalismo, Panamá se situó como el sexto país más desigual del mundo y el segundo del continente por detrás de Brasil.
El principal contendor de Carrizo y Martinelli es el abanderado por Cambio Democrático (CD) Rómulo Roux, un abogado que se presenta como una tercera vía presuntamente alejada de la clase política tradicional que pretende luchar contra la corrupción.
Roux fue canciller del gobierno de Martinelli, una de las administraciones más cuestionadas por sus supuestos manejos turbios.
La lista de aspirante la completan otros siete candidatos y candidatas, entre los que se encuentran el derechista y pro-austeridad Ricardo Lombana (Movimiento Otro Camino); el también abogado Melitón Arrocha (libre postulación), que se opone al matrimonio igualitario; y la ultraderechista y xenofóbica Zulay Rodríguez (libre postulación), conocida por su discurso incendiario que promovió abiertamente el odio contra los venezolanos migrantes en Panamá.
Otra de las aspirantes a la presidencia de este país es la docente Maribel Gordón. Esta activista ha sido atacada por los medios, tanto por falsos señalamientos como por omisión intencional para no visibilizar su trabajo social.
En su cuenta de X, Gordón ha publicado una extensa agenda de reuniones con movimientos sociales de varias zonas de Panamá, en especial aquellas menos favorecidas. Asimismo, Gordón ha levantado la voz en contra del modelo económico que rige en su país desde hace años y que ha generado enormes asimetrías sociales
“El modelo neoliberal impuesto en Panamá desde hace cuatro décadas profundiza la inequidad y desigualdad social. No es posible seguir aplicando las fallidas políticas ejecutadas hasta el momento, que han resultado en el debilitamiento de las capacidades del país para enfrentar situaciones de riesgo y han ubicado al país en alto nivel de vulnerabilidad, en todos los campos”, señaló la candidata a la prensa local.
República Dominicana
Para el 19 de mayo está programada la primera vuelta presidencial en República Dominicana. Si cualquier aspirante no obtiene más del 50% de los votos, se pasará a una segunda ronda el 30 de junio próximo.
En este país del Caribe el escenario parece favorecer al actual presidente y empresario Luis Abinader, quien busca una reelección con el Partido Revolucionario Moderno, y con otras 17 alianzas con organizaciones más pequeñas que, aunque no aporten muchos votos son claves a la hora de un posible balotaje.
En apariencia, la gestión de Abinader parece estar marcada por una agenda centrista que no promueve cambios sustanciales algunos, y que no se diferencia de las administraciones anteriores. Sin embargo, las principales críticas contra el funcionario público más rico del país – por su legado familiar y al parecer evasión fiscal, según consta en los papeles de Pandora- recaen en el discurso de odio contra los haitianos a quienes aplica medidas que se enmarcan en violaciones de Derechos Humanos en total impunidad.
Abinader se ha dedicado a perseguir a los desplazados de su vecino país, que huyen de una de las peores crisis humanitarias de la región y del mundo. El Ejecutivo dominicano anunció la construcción de un muro, el cese de emisión de visa a los haitianos y ha aplicado un agresivo plan de persecución que conllevó a la deportación de 170.000 ciudadanos de esa otra nación que hace parte de la isla La Española. Además, el presidente – y ahora candidato- ha cerrado en varias oportunidades la frontera común, como forma de protesta por la construcción de unos haitianos en el Río Masacre, históricamente usado por ambos poblados.
Y, aunque Abinader no es el único presidente que cae en esta retórica xenofobia, sí ha sido unos de los más férreos en contra de los ciudadanos de Haití, a tal punto de emprender redadas en las que ha apresado a mujeres embarazadas.
El mandatario es caja repetidora del odio que históricamente ha inoculado la oligarquía dominicana a toda la población, a través de empresas de comunicación. La discriminación y racismo han llegado a tal punto que Abinader ha seguido con la política de arrebatarles la nacionalidad – y con ella los derechos- a los descendientes de haitianos nacidos en Dominicana.
A la carrera por la silla presidencial también se suma el expresidente Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo), quien ya tiene en su historial tres mandatos: 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.
Político versado, de 70 años de edad, Fernández es conocido por haber fomentado políticas que favorecieron los indicadores de crecimiento para su país, aunque a su vez muchas de ellas fueron recetas neoliberales como la privatización de empresas públicas (Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar), que ya venían endeudadas y listas para ser vendidas.
A la lista se suma el legislador y político Abdel Martínez, del tradicional Partido de la Liberación Dominicana, organización que se ubica en la centroizquierda, y la periodista Virginia Antares Rodríguez, quien es la opción más joven, abanderada por Opción Democrática, una agrupación emergente progresista.
En esta línea también está el empresario Miguel Vargas (Partido Revolucionario Dominicado), quien fue canciller del expresidente Danilo Medina; y la activista gremial y maestra María Teresa Cabrera, quien aboga por la transformación a través de la educación.
A ellos se une el ultraconservador y pastor evangélico Carlos Peña -quien promueve teorías conspirativas contra la inexistente “teoría de géneros”, el aborto legal y el matrimonio igualitario -, y el centrista Fulgencio Severino, médico de profesión.
Antes de elegir presidente, los dominicanos participarán en elecciones municipales el 18 de febrero.
México
Desde hace unos meses el nombre de Claudia Sheinbaum resuena en casi todo México. Se trata de la candidata presidencial del movimiento MORENA, que figura como la favorita a conquistar el Palacio Nacional el próximo 2 de junio para los próximos seis años. Esta exalcaldesa de Ciudad de México, se medirá ante la senadora opositora Xóchitl Gálvez, abanderada por el derechista Frente Amplio por México, que está integrado por las organizaciones tradicionales y conservadoras Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática.
Tras un arduo trabajo de marketing político y de imágen, Gálvez se ha presentado como una protectora de la mujer y más la proveniente de sectores desfavorecidos. Sin embargo, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) publicó en su página web en diciembre un análisis del comportamiento en el Senado de la legisladora al momento de votar leyes y decretos que favorecen a los sectores más sensibles del país.
El estudio recoge que casi la mitad de sus ausencias en las 502 votaciones en el senado, entre septiembre del 2021 hasta abril del 2023, no contó con justificación oficial.
Gálvez – dice el texto- estuvo ausente en votaciones clave en materia de igualdad o Derechos Humanos, como la votación que suspendía derechos a las personas condenadas por delitos de violencia de género y sexual, en la consulta que pretendía fortalecer el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres que operan en las 31 entidades federativas y en la que buscaba la protección a los menores de trabajos forzados.
También la legisladora no dijo presente en la votación que creaba Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) para reforzar a la Comisión Nacional de Búsqueda en su tarea de búsqueda de personas desaparecidas, y en el debate que buscaba abolir el requisito de contar con determinados títulos profesionales para acceder a puestos públicos en pro de eliminar barreras discriminatorias a pueblos indígenas.
Entre tanto, Sheinbaum trabaja sobre la alta popularidad que goza Andrés Manuel López Obrador para crear su propio liderazgo. Entre sus propuestas está la de darle continuidad a lo que llaman la 4T (Cuarta Transformación), que ha sacado de la pobreza a casi 9 millones de mexicanos. La precariedad se desplomó entre 2016 y 2022, al pasar de 43.2 % a 36.6 %.
Y aunque la prensa se dedique a visibilizar a estas dos contrincantes, a principio de mes oficializó su precandidatura el diputado Jorge Álvarez Máynez, quien se presenta como un “Bukele” al ofertar atacar la fuerte inseguridad y violencia criminal de México con una medida populista similar a la del salvadoreño, que se caracteriza por las violaciones de derechos humanos bajo un Estado de terror y persecución.
Las leyes de este país no estipulan una segunda vuelta, por lo que la candidata o candidato que conquiste la mayoría absoluta de votos queda investido como mandatario o mandataria.
Ese 2 de junio será la contienda nacional más grande de la historia de México, ya que se disputarán, además de la presidencia, 19 mil 746 cargos locales y 629 federales.
Uruguay
El penúltimo proceso electoral de este año en América Latina posiblemente serán las generales de Uruguay, en las que el pueblo de ese país eligirá – en una primera vuelta el 27 de octubre- al presidente y vicepresidente, y se renovará el Poder Legislativo. De haber un balotaje, este se realizará el 24 de noviembre.
En este caso, el panorama parece estar más claro, ya que las opciones se debaten entre el conservador y derechista Partido Nacional (que hace parte de la Coalición Multicolor en el que está el longevo y ultraderechista Partido Colorado que apoyó la dictadura militar entre 1973-1985) y el izquierdista Frente Amplio (FA), hoy oposición.
Las encuestas Factum, Equipos y Cifras recogen empates técnicos entre ambas fuerzas.
Como el oficialismo no puede volver a presentar al derechista Luis Lacalle Pou a un nuevo período, todo dependerá de las primarias pautadas para el 30 de junio de este año. Por los colorados los predilectos son el veterinario Álvaro Delgado y la economista y empresaria Laura Raffo, mientras que por el FA sobresalen los nombres de Yamandú Orsi – quien recibió el espaldarazo de José Pepé Mujica-, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el intendente de Salto, Andrés Lima; y el senador Mario Bergara.
A pesar del presunto “empate técnico” proyectado por las consultoras, al candidato o candidata que resulte ganador de las primarias en las filas de la derecha le harán sombra varios casos de corrupción, clientelismo y persecución contra la oposición que salpican a Lacalle Pou y que podrían influir positivamente al FA.
En la larga lista está el expediente del senador oficialista Gustavo Penadés, quien fue acusado de hasta 22 casos de abuso sexual y explotación sexual de menores, y la insólita complicidad criminal con el narcotráfico del entonces canciller Francisco Bustillo, quien otorgó en secreto un pasaporte al traficante de drogas Sebastian Marset. En este último entramado delictivo- del que EEUU ha guardado silencio- estuvieron involucrados la vicecanciller Carolina Ache; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel; y el asesor del presidente Lacalle Pou, Roberto Lafluf, quienes tuvieron que renunciar a sus cargos.
Marset está acusado de haber planificado el asesinato de un fiscal antinarcóticos paraguayo Marcelo Pecci, a quien unos sicarios le quitaron la vida en Colombia.
Venezuela
Según la Constitución, los venezolanos deben elegir nuevo mandatario para este 2024. Sin embargo, todo proceso eleccionario en este país – y sus garantías, como calendario y condiciones- son pactados entre las fuerzas políticas, y esta oportunidad no fue la excepción.
En Barbados, el Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y la autodenominada y derechista Plataforma Unitaria, que agrupa a una parte de la oposición, pactaron celebrar los comicios durante el segundo semestre del 2024, por los que las votaciones posiblemente sean a final de año.
Y aunque la mediática mundial y las corporaciones de redes digitales promuevan la falsa matriz de que el país caribeño está arropado por una “dictadura”, la realidad dista bastante de ello. En 25 años de Revolución, Venezuela ha vivido 27 comicios que van desde presidenciales, regionales, municipales hasta referéndums consultivos y revocatorios. En todos, las garantías electorales son acordadas entre los partidos políticos y coaliciones participantes.
El mandatario Maduro suena como predilecto a repetir en Miraflores -acción perfectamente constitucional ya que Venezuela está permitida la reelección indefinida-, en diciembre, durante una entrevista televisiva, el líder Bolivariano asomó que su candidatura dependerá de las decisiones de las fuerzas chavistas.
Sin embargo, ya está claro que dos de los aspirantes ultraderechistas que Washington intentaba imponer como favoritos quedaron fuera de juego, luego de que el máximo juzgado del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara este 26 de enero las inhabilitaciones administrativas por 15 años para ejercer cualquier cargo de elección popular a María Corina Machado y a Henrique Capriles, ambos provenientes del sector empresarial oligárquico.
Recientemente, Machado y Capriles incurrieron en delitos y faltas tipificadas en las leyes venezolanas y en la Carta Magna.
En el caso de Machado, la empresaria se ha dedicado desde hace más de 20 años a promover la injerencia e invasión militar extranjera contra su país. De igual forma, siempre rogó abiertamente a la Casa Blanca y a Bruselas por la imposición de mal llamadas “sanciones, que hoy se expresan en un férreo bloqueo que dificulta al Estado la importación de alimentos, medicinas e insumos médicos a millones de niños y pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y VIH/SIDA.
A su vez, el accionar de Machado ha provocado pérdidas al pueblo venezolano por más de 32 mil millones de dólares, con la entrega de la filial Citgo a intereses trasnacionales. A eso se suma su apoyo a las gestiones para quebrar la estatal Monómeros, que funciona en Colombia, y la solicitud para que Reino Unido se robara 31 toneladas de oro de los venezolanos.
Capriles, por su parte, quedó inhabilitado, ya que en 2017 violentó la ley mientras era gobernador de Miranda, al hacer contrataciones fuera del marco legal. En esta línea cabe recordar que este candidato presidencial dos veces perdedor promovió acciones violentas tras su derrota ante Maduro en 2013, lo que generó la muerte de al menos siete personas.
Estas inhabilitaciones no fueron impuestas por el Ejecutivo, tal y como pretende hacer ver Machado y Capriles, así como los grandes agencias informativas. Estos castigos fueron emanados por la Contraloría General, ente que pertenece al Poder Ciudadano, uno de los cinco Poderes Públicos que colinda con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Estas instancias administran, de forma independiente, las funciones estatales en Venezuela.
De igual forma, las decisiones recientes fueron expedidas por el TSJ, tras la solicitud de representantes del Gobierno Bolivariano y la misma derecha, quienes rubricaron el 30 de noviembre un proceso de revisión de inhabilitaciones producto de las negociaciones. Todos estos pactos han sido ampliamente informados en las redes por los participantes, y los representantes de los países garantes.
Por lo que resta de año, ambas alas políticas posiblemente reconfigurarán sus fuerzas, proceso que puede dar pie a más de un aspirante por parte de la derecha, sector que acostumbra dividirse y a subestimar al chavismo.
También se debe tener presente como punto a favor del actual mandatario el éxito que ha acertado al acabar con la hiperinflación inducida y acertar en planes que provocaron una recuperación económica que se evidencian en 10 trimestres consecutivas de expansión desde el 2021, lo que posicionó a este país como la nación que más creció en la región en 2023, con un nada despreciable 5 %.
A favor de Maduro también tributa la reducción en un 16 % de la criminalidad en todo el territorio, el repunte del turismo y la producción petrolera, así como el incremento del abastecimiento de alimentos y medicinas, entre otros logros.
La realidad venezolana contrasta con la crisis delictiva que atraviesa Ecuador, la galopante inflación de Argentina, y las constantes violaciones de derechos humanos en Perú, todos países gobernados por la derecha y socios de EEUU.
