El presidente Pedro Castillo es el primer mandatario de izquierda en la historia contemporánea de Perú. Campesino y maestro de escuela, Castillo – originario del departamento Cajamarca- ha forjado durante muchos años un liderazgo en las zonas de la Sierra peruana, una extensa área geográfica predominada principalmente por la población indígena que se dedica a la agricultura.
Este líder llegó al poder en 2021, tras un incuestionable apoyo de los pueblos agrícolas y originarios, y en medio de una fuerte crisis política gestada por la derecha.
Durante su gestión se centró en transformar el desigual modelo económico-político peruano donde se favorece a la clase más acomodada, constituida por blancos e hijos de migrantes europeos, quienes conforman la minoría de la sociedad. Para lograr este objetivo, su programa de gobierno propone – además de incentivar la inversión social, la agricultura de base, la educación masiva y la gasificación para todo el territorio- la realización de un referendo constituyente, para dar fin a la actual Carta Magna vigente de 1993 que priva los intereses privados sobre los del colectivo.
Son precisamente esos sectores, los indígenas y los más desfavorecidos – entre los que destacan trabajadores, campesinos y estudiantes-, los que han salido a las calles desde el 7 de diciembre pasado, cuando la derecha en el Congreso gestó un golpe de Estado contra Castillo, a quien mantienen desde entonces encarcelado.
Así, estos sectores son protagonistas de las manifestaciones que piden la liberación del mandatario, la disolución del Congreso y llaman a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, con miras a dar fin al viciado ciclo iniciado hace casi 30 años que cercena los derechos de las mayorías.
En las marchas y concentraciones, los participantes exigen también la realización de elecciones anticipadas – para renovar el Congreso-, la renuncia de la ilegítima mandataria de facto, Dina Boluarte, y justicia por el genocidio y asesinato de 62 personas tras la fuerte represión policial y estatal ordenada desde el Gobierno, que es avalado por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la derecha local.
Solo el pasado 10 de enero, el brutal trato de los efectivos hacia los manifestantes en Puno – al sur del país- dejó a 19 personas muertas. Varios medios locales reseñan que la dictadura empleó munición real contra los protestantes en esa localidad.
La mayoría de las protestas se registran en el interior del país; sin embargo, el panorama cambió el 19 de enero cuando se realizó la Toma de Lima, una masiva movilización popular proveniente de varios departamentos que llegó a la capital. Los grandes medios, controlados por la derecha y la oligarquía dominante – que invisibiliza el genocidio de Boluarte- calificaron de “golpe de Estado civil” y de “terroristas” a los participantes de la extensa marcha, organizada por colectivos y organizaciones de indígenas y trabajadores y estudiantes de varias universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que fue violentada por el Estado de facto.
A 40 días de gobierno ilegítimo, y con la sombra de acusación de delitos de lesa humanidad, Boluarte ha conseguido el récord de ser la mandataria en alcanzar un alto índice de rechazo en tan breve tiempo: 71 % de impopularidad, según reportó el pasado 15 de enero el Instituto de Estudios Peruanos en su más reciente encuesta. En este mismo estudio, el Congreso – dominado por la derecha- recibió el 88 % también de rechazo.
Aunque las corporaciones mediáticas traten de silenciar o satanizar las manifestaciones que exhortan a la restitución del Estado de derecho, no se visibiliza en el horizonte una desmovilización del pueblo. Así, las grandes mayorías de este país, que paradójicamente no han gobernado, se enfrentan a enormes retos, como lo son la organización, determinación y fortalecer liderazgos para lograr una justa reivindicación de derechos que dé por terminada la histórica inequidad social en Perú.
Foto principal: @laotratv
