Tras un juicio plagado de irregularidades y parcialidades, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida tras haber sido hallada culpable en la “Causa Vialidad”, un expediente políticamente motivado por sectores – jueces y fiscales- vinculados a la derecha.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Sin embargo, Fernández fue absuelta del delito de “asociación ilícita”, que le habían imputado los fiscales, que conllevaría a 12 años de prisión, reseña RT, medio que agrega que así concluye la causa que, durante tres años, imputó a 13 personas y estuvo plagada por denuncia de irregularidades.
La sentencia no era sorpresa para Fernández, quien venía denunciando que ya estaba escrita, como parte de un lawfare, tal y como han sido víctimas el hoy presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; y el exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, actualmente en el exilio político.
La vicepresidenta había reacusado al fiscal federal, Diego Luciani, uno de los promotores de esta causa; y al juez Giménez de Uriburu, al salir publicadas unas fotos en medios locales en los que se ven a los letrados jugando fútbol en la casa de campo del expresidente derechista Mauricio Macri.
La defensa de la líder del Senado desmontó, en los procesos previos, los alegatos de los fiscales, matrices falsas que han contado con el apoyo de grandes medios como El Clarín y La Nación.
Tras conocerse el dictamen, Fernández se dirigió al país y catalogó este proceso como “una mafia perteneciente a un Estado paralelo”. “Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, dijo.
“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio [organización liderada por Macri]. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, expresó la Vicepresidenta.
En su discurso se refirió a los chats filtrados a un medio argentino en los que varios jueces, empresarios y funcionarios de inteligencia insultan y despotrican contra políticos de izquierda, tras un lujoso viaje secreto que realizaron a la Patagonia con todos los gastos pagos por el Grupo Clarín, dirigido por el empresario Héctor Magnetto. Los involucrados trataron de ocultar el traslado, ya supone conflicto de intereses que favorezcan al grupo mediático y podría acarrear delito de dádivas.
Entre los viajeros estaba el juez Julián Ercolini, instructor de la causa de Fernández. Se trata del magistrado que reunió los supuestos elementos de “prueba” y los consideró “suficientes” para que la investigación llegara a juicio oral y público, reseña el medio ruso.
Los chats confirman que se trata de una “mafia absoluta” que maneja “un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales”, dijo Fernández.
“Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios”, como la han tenido el Clarín y La Nación, denunció.
“Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín”, añadió la vicemandataria.
Aunque haya sido condenada a seis años de cárcel, como vicepresidenta, Fernández cuenta con fueros hasta el 10 de diciembre del 2023 cuando termina su mandato.
Los alegatos del Tribunal se conocerán en marzo que viene. De igual forma la defensa de Fernández apelará la decisión por lo que acudirán a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se debatirá en la Corte Suprema de Justicia, proceso que se puede dilatar por varios años, señala RT.
Entre tanto no haya sentencia firme, la inhabilitación no entra en efecto, por lo que CFK podrá postularse a cualquier cargo de elección popular en los comicios generales del 2023.
Sin embargo, al finalizar su discurso, la vicepresidenta fue enfática y afirmó que no será candidata a elección popular. A empresario dueño de El Clarín le expresó: “El 10 de diciembre no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema a que me metan presa”.
