La derecha continental, financiada por Estados Unidos (EEUU), no descansa en su empeño en revertir a los gobiernos de izquierda de la región. Para ello centra sus esfuerzos en promover golpes blandos, una maniobra ampliamente denunciada que consiste en generar desestabilización interna que justifique un cambio forzoso de presidente.
Actualmente los mandatarios de Honduras, Xiomara Castro; Colombia, Gustavo Petro y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, son blancos de estas tácticas por medio de artimañas que intentan sabotear sus labores.
La jefa de Estado hondureña ha venido alertando sobre los planes desestabilizadores en su contra, que comprenden apagones de luz y trabas en el Congreso que le impiden luchar contra la corrupción enquistada por la vieja oligarquía.
Este martes 29 de agosto, Castro convocó al pueblo de ese país a marchar desde la casa presidencial Palacio José Cecilio del Valle hasta la sede del Congreso, ambas en Tegucigalpa, con el fin exigir al Legislativo, dominado por la vieja oligarquía, a que inicie el proceso para definir a los nuevos fiscal general y general adjunto.
Según la Constitución de la nación centroamericana, es obligación del Congreso elegir quienes ocupan dichos cargos, en los que están actualmente Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente. A ambos se les vence el período este 31 de agosto.
Tanto Chinchilla como Sibrián están señalados de colaborar con antiguas redes corruptas y de narcotráfico instauradas durante los dos gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), actualmente preso en EEUU, país que le apoyó.
“A pesar de nuestros esfuerzos por lograr la paz de la república y la convivencia ciudadana, a pesar de mi inmensa tolerancia, de aguantar insultos inmerecidos en contra de mi condición de mujer, líder y presidenta de la República, me veo obligada a denunciar ante el mundo la conspiración que organizan las mafias y las élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi Gobierno”, comentó frente a miles de personas al finalizar la marcha.
Ante los actos que buscan sembrar zozobra, Castro llamó a los hondureños a mantenerse unidos y movilizados, “en vanguardia y en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueos”.
Telesur informó que durante la manifestación el pueblo solicitaba a los legisladores un consenso para poder renovar a los fiscales.
Para poder elegir a las nuevas autoridades – que investigarían posibles delitos de los gobiernos anteriores -, se requieren 87 votos de los 128 asientos del Legislativo. El partido Libertad y Refundación (Libre), plataforma de Castro, solo tiene 49. Página12 especifica que muchos de los legisladores de la oposición permanecen desde la era de Hernández, sobre todo del Partido Nacional, que tiene 43 escaños, y del Partido Liberal, con 22 diputados. Muchos de ellos están salpicados por esquemas corruptos.
A este saboteo legislativo se suma la denuncia que hizo el jefe de los militares, vicealmirante José Jorge Fortín, quien acusó a cuatro generales retirados de las Fuerzas Armadas por presuntamente promover un golpe de Estado contra Castro.
Entre los sospechosos está – añade el medio argentino-, el general Romeo Vásquez, quien recibió el apoyo de Washington para dar el golpe en 2009 contra Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta. El agente castrense es presidente del ultraderechista Partido Alianza Patriótica Hondureña.
Meses atrás, la presidenta hondureña denunció en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) que era víctima de un golpe continuado con métodos no violentos, tal y como lo estipula el manual del experto neofascista estadounidense Gene Sharp, artífice de arremetidas en contra de gobiernos de izquierda.
Entre las tácticas de este tipo de golpe está la de inducir un descontento con una serie de apagones eléctricos que aplican, con saña, empresas privadas generadoras de energía, bajo la excusa de una “sequía”. Un escenario similar se registra en Venezuela previo a los procesos electorales. La diferencia es que en el país caribeño son grupos violentos, apoyados por la derecha nacional, que atacan instalaciones de electricidad.
Más ataques para Petro
Otro foco que mantiene activo EEUU es Bogotá. La ultraderecha colombiana pretende inhabilitar al presidente Gustavo Petro, bajo el pretexto de que éste no se encuentra bien de salud para continuar en el cargo. El mecanismo se activaría luego de aplicarle al mandatario un exámen de salud.
Los promotores de esta iniciativa – que en días recientes fue elevada al Congreso- son políticos de los partidos reaccionarios como Centro Democrático – en el que milita Álvaro Uribe, expresidente vinculado al paramilitarismo, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad- y Cambio Radical, que también mantiene lazos con el uribismo y con Juan Manuel Santos.
La campaña, que es atizada por medios privados como Semana, es tan feroz que la líder del conservador Partido Verde Oxígeno, la ex senadora Ingrid Betancourt, llegó a difamar al mandatario.
Además de estos ataques, Petro también afronta un intento de saboteo que orquestan empresas privadas distribuidoras de energía que amenazan con un apagón, debido a una crisis en dicho sector que causó las políticas implementadas por el expresidente Iván Duque.
En medio de la pandemia, Duque subsidió a los colombianos las tarifas eléctricas, deuda que ahora se les cobra a los consumidores. Esto no lo hizo el exmandatario “con cargo a las utilidades del sector eléctrico sino como una deuda de los usuarios que se acumuló, y que se debe pagar ahora”, detalló.
En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Petro alertó que las comercializadoras – en su mayoría públicas- pagaron cara una electricidad que fueron cobrando barata. Ahora las firmas privadas eléctricas presionan al mandatario para que aplique un impopular tarifazo y saldar el acumulado que beneficia a los magnates.
“La amenaza del apagón es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque sea del presupuesto, sea de las tarifas. El Ministro de Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas más justas”, escribió Petro en la red digital, en la que también aclaró que las generadoras obtienen el recurso de las hidroeléctricas y los usuarios la compran a un precio elevado, por el gas importado en medio del operativo militar en Ucrania.
“En economía a eso se le llama una renta diferencial, enormes ganancias extraordinarias se forman en las empresas con tecnologías menos costosas que el gas importado sacadas del bolsillo de los usuarios”, añadió el jefe de Estado colombiano.
Proscribir al progresismo
A Honduras y Colombia, ahora le sigue Guatemala. El pasado domingo 20 de agosto se celebró la segunda vuelta presidencial en este país. En ese momento, el candidato del Movimiento Semilla (MS), Bernardo Arévalo, ganó con el 58% de los votos frente al 37% obtenido por la derechista Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Estos resultados, convierten a Arévalo en el presidente más progresista que ha gobernado ese país, luego del retorno de la democracia hace 40 años. En frente de esta “amenaza”, empresas de comunicación y políticos de derecha insisten en llamarlo “comunista” cuando en realidad el académico seguirá algunas líneas tradicionales, incluso conservadoras.
Sin embargo, los sectores más reaccionarios – vinculados con la corrupción- no han cesado en el acoso en contra del mandatario electo, quien asumirá el próximo 14 de enero hasta el 2028.
Parte de este asedio ha sido la inhabilitación provisional, decretada este 29 de agosto, al MS, plataforma que surgió en 2017 como alternativa política y espacio anticorrupción de la clase gobernante. En 2018 el MS se constituyó como partido.
El Tribunal Supremo Electoral informó que la medida entra en vigor a partir del 31 de octubre y aclaró que ésta no afecta la elección de Arévalo.
El origen de esta suspensión se remonta a julio pasado, en medio de la primera vuelta electoral, cuando dicho movimiento comenzó a figurar entre los favoritos, habiendo ya pasado al balotaje. En ese entonces, grupos políticos derechistas señalaron – sin pruebas- al MS de haber recabado firmas falsas para formarse como partido. Con este argumento vacío, el juez penal Freddy Orellana ordenó la proscripción, fallo que no prosperó debido a un amparo emitido por la Corte Constitucional que rezaba que era ilegal inhabilitar a un partido en pleno proceso comicial.
Arévalo señaló que el dictámen no tiene validez y explicó que todo se trata de una persecución política de fiscales corruptos del Ministerio Público y del juez Orellana, acusado de encubrir a señalados por violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Petro, Castro y Arévalo son solo tres blancos del imperialismo estadounidense en Latinoamérica, eje que viene atacando, despiadadamente y con ilegales “sanciones” a Venezuela, Nicaragua y Cuba. También intentó desestabilizar, con golpes blandos, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), en Argentina; de Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador; y Evo Morales (2006-2019) en Bolivia
