La historia ha demostrado que si hay algo que sabe hacer bien la corona inglesa es robar y despojar de bienes a países y naciones soberanas.
La última víctima ha sido Venezuela, país al que el Reino Unido le intenta robar 32 toneladas de oro, a través de su aparato de “Justicia”.
Es así como este viernes la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, falló a favor de una ilegal junta directiva paralela del Banco Central de Venezuela (BCV) – ente rector del manejo del oro-, designada por el autoproclamado Juan Guaidó.
El tribunal determinó que no considera como válidas las resoluciones del Tribunal Supremo (TSJ) de Venezuela que declaró nula la designación de la junta directiva del BCV de Guaidó, debido a que en el Reino Unido “no hay base legal para hacerlo”.
Sin embargo, – reseña RT- Cockerill no sentenció que Guaidó pueda disponer del metal, aunque sí reconoce a la ilegal directiva del BCV y al opositor como “presidente interino”. Será en otra audiencia que se decidirá si Guaidó pueda o no disponer del oro.
Las reservas están valoradas en más de mil millones de dólares. Fueron solicitadas en 2018 por Venezuela al Banco de Inglaterra para que el país suramericano pudiera saldar sus compromisos internacionales en medio de un brutal bloqueo, que le ha dificultado a Caracas la compra de medicinas y alimentos en medio de una pandemia.
Ante esto, Guaidó rogó a Inglaterra que se le negara el acceso al oro al Gobierno venezolano y, en su desespero, nombró a una directiva paralela del BCV, violando la Constitución. La designación del derechista fue anulada por el TSJ.
Este viernes, la jueza determinó que aunque las sentencias del TSJ invalidan los nombramientos de Guaidó, ella “no tiene base en su jurisdicción para aceptarlos”. Añadió como excusa que si se reconocieran las decisiones del TSJ se «entraría en conflicto» con la doctrina inglesa de “Una sola voz”, que obliga a los organismos del Estado inglés a proceder de una misma manera en política exterior.
Aunque Cockerill se apega a su doctrina, desde el 2019, cuando Guaidó se autojuramentó en una plaza pública, el gobierno de Reino Unido no ha roto relaciones con el presidente Nicolás Maduro. Este doble reconocimiento se presentó como argumento en una apelación del 2020 por el gobierno venezolano ante la negativa del Banco de Inglaterra de devolver el oro a Caracas.
El dictamen fue rechazado por el país caribeño que alertó – en un comunicado- que «la decisión violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades legítimas del Banco Central de Venezuela, para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela».
«Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados», reza el texto.
La institución aclaró que se reserva todas las acciones legales a su alcance para «recurrir esta insólita y nefasta decisión».
Guaidó, títere del saqueo
Desde que Estados Unidos decretó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, en 2015, la Casa Blanca intensificó el cerco contra el país caribeño, a tal punto que hoy es blanco de 502 Medidas Coercitivas Unilaterales.
Este esquema de ilegales sanciones comprende el despojo de los bienes que Venezuela tiene en el exterior. Varios de ellos pasaron a control de Juan Guaidó en 2019 tras su reconocimiento luego de una ilegal autojuramentación.
El primer asalto fue contra Citgo en agosto del 2019. El entonces presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que confiscaba los bienes venezolanos en territorio estadounidense. De esta manera Guaidó tomó control de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), valorada en 8 mil millones de dólares.
Desde entonces, el autoproclamado ha facilitado el saqueo de esta empresa y la ha puesto en bandeja de plata para que sea liquidada.
Además, la directiva nombrada por Guaidó en Citgo puso en riesgo la vida de cientos de niños con enfermedades que eran atendidos por al Fundación Simón Bolívar, instancia que recibía recursos de la filial petrolera.
“El desvío de los activos de Citgo, la subsidiaria de Pdvsa en EEUU, impidió el trasplante de hígado o médula ósea a 53 niños venezolanos”, denunció en 2021 la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, en una visita a Venezuela.
Monómeros es otro de los activos que la derecha les robó a los venezolanos en 2019. Se trata de una petroquímica también filial de Pdvsa que funciona en Colombia.
La directiva ilegal designada por Juan Guaidó ha sido señalada de enriquecimiento ilícito, dado que según investigaciones, los nuevos “gerentes” se dedicaron a establecer un esquema de corrupción que centra los delitos extorsión y chantaje.
Los responsables, que responden al prófugo líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, llevaron a que Monómeros perdiera, en cuestión de meses, el 90 % de su participación en el mercado internacional.
El doble discurso de varios gobiernos aliados de EEUU – que reconocen tanto a Guaidó como al presidente Maduro- ha dado pie también al saqueo y vandalización de embajadas y sedes diplomáticas venezolanas en el mundo.
