Además de las 700 sanciones de Estados Unidos (EEUU) y Europa que pesan sobre Venezuela, la derecha internacional ataca al país caribeño por todos los frentes, y los derechos humanos es uno de ellos.
El pasado 20 de septiembre, una «Misión Independiente» de la Organización de las Naciones Unidas – constituida en 2019 por varios gobiernos que en ese entonces reconocieron al autojuramentado Juan Guaidó como supuesto “presidente interino”- emitió detalles de lo que será un informe que señala a Venezuela con presuntas violaciones de derechos humanos.
La información preliminar, que ha sido ampliamente difundida por corporaciones mediáticas, indica que “los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
La narrativa del texto de la «Misión Independiente» de la ONU es asociar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como autor intelectual de una “maquinaria” puesta en marcha a través de organismos inteligencia para “como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición”, señala un análisis del sitio web Misión Verdad.
El colectivo de investigación además resalta que este informe se suma a otro aportado en 2020 y que, pareciera que se intenta montar un prontuario en contra de Venezuela.
De igual forma se resalta en el portal informativo que el método del reporte carece de veracidad y confiabilidad, ya que fue hecho, en parte, con entrevistas desde el extranjero, sin estar directamente en el sitio, de forma unilateral y sin contar con apoyo de instituciones y contraste de denuncias.
En 2019 se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, la resolución 45/20 que constituyó la “Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Esta instancia funcionaría por un año – hasta el 2020- pero su vigencia fue prorrogada por dos años más, hasta septiembre del 2022.
La resolución fue aprobada hace tres años por Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, España, Fiji, Islas Marshall, Italia, Japón, Países Bajos, Perú, Polonia, República de Corea, Ucrania y Uruguay, gobiernos que para el 2019 manifestaban clara tendencia derechista y que se supeditaron, en aquel entonces, a la narrativa internacional impuesta por EEUU que ordenaba el ataque a las instituciones legítimas del Estado venezolano.
Esta «Misión Independiente» nace, curiosamente, luego de un viaje de la entonces Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, a Caracas, tras una invitación por parte del presidente Maduro. Ambas partes mostraron interés de comunicación e intercambio en aquella oportunidad. Y, desde entonces, Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han venido trabajando coordinadamente, en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en septiembre del 2019.
De igual forma, la Fiscalía General de la República ha estrechado lazos con la oficina en Caracas de la Alta Comisionada, desde donde se han emanado recomendaciones – luego de visitas a espacios penitenciarios y revisión de expedientes- que han sido acogidas por el Estado venezolano.
Misión Verdad también indica que la reaparición de la “Misión Independiente” surge luego de los puentes no formales de comunicación del Gobierno Bolivariano con la Casa Blanca, eje de poder que presiona a Venezuela para que esta retorne la mesa de diálogo establecida en México con sectores de la derecha sin el fin del secuestro del diplomático Álex Saab.
El portal de análisis asoma las amenazas de EEUU de aplicar más sanciones de no haber fruto en las negociaciones, y como preámbulo pone en la mesa la reciente acusación política en materia de drogas de Washington en contra de Caracas. Todo esto, junto con el informe final de la “Misión Independiente”, que aparecerá este 26 septiembre en Ginebra, parece configurar nuevos ejes de ataque contra Venezuela.
Rechazo tajante
El informe preliminar de la “Misión Independiente” está “politizado, parcializado y es selectivo”, dijo el embajador venezolano ante la ONU con sede en Ginebra (Suiza), Héctor Constant Rosales, quien condenó dicho reporte por carecer de legitimidad.
“El informe adolece de una cantidad de falsedades e improperios que resulta imposible otorgarle la más mínima seriedad”, remarcó el viernes el diplomático venezolano en la 48° periodo de sesiones del organismo, cita HispanTV.
El representante venezolano dijo que el texto no cuenta con riguridad científica ni metodológica, ya que este fue elaborado “a distancia por los gobiernos subordinados a Washington” sin pruebas válidas.
Alertó que este informe busca “legitimar falsas realidades” con fines políticos para hacer creer al mundo que el sistema de derechos humanos en Venezuela es incompetente, agrega el referido medio.
Constant recordó en su participación que Venezuela está bajo su peor agresión en la historia, que se representa en más de 700 ilegales sanciones de EEUU y Europa. Por ello, Caracas denunció en la Corte Penal Internacional (CPI) a la nación norteamericana.
Casos con la CPI
Venezuela ha venido denunciando la estrategia de instrumentalizar los derechos humanos por parte de la derecha, con lo que busca satanizar y atacar al Gobierno Bolivariano.
Asimismo, el Estado venezolano ha manifestado su voluntad y ha dado pasos en aclarar señalamientos de violaciones graves en su contra, específicamente sobre las acusaciones del uso excesivo de fuerza por parte de efectivos, durante la contención de los grupos violentos en las acciones de calle opositoras en 2014 y 2017.
En noviembre del 2021, la CPI decidió pasar de fase de examen preliminar a una investigación formal el expediente Venezuela I, que acusa a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías de crímenes de lesa humanidad durante el 2017.
El anuncio se dio durante la visita Karim Khan, fiscal británico de dicha corte, a Caracas en donde firmó un memorando de entendimiento con el presidente Maduro. El mandatario se mostró en desacuerdo pero manifestó que respeta la decisión. Asimismo anunció toda la colaboración con la instancia internacional para esclarecer los hechos.
El fiscal general, Tarek William Saab, declaró que previamente había entregado a la CPI ocho folios con 3.000 páginas para adelantar la investigación que forma parte del expediente Venezuela I. Denunció en varias oportunidades la poca colaboración de dicha instancia judicial, en especial durante la gestión de la anterior fiscal, Fatou Bensouda.
“Destacamos nuevamente que el Estado venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, puesto que no ha recibido notificación oficial por parte de este órgano respecto a los hechos que están bajo investigación”, llegó a decir en mayo del 2021, cuando ratificó que el Ministerio Público continuará proporcionando al juzgado internacional todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos implicados.
En la CPI también reposa, desde el 2020, el expediente Venezuela II que evidencia los daños y crímenes de lesa humanidad que ha provocado el bloqueo estadounidense en contra los venezolanos.
Las más de 700 mal llamadas sanciones del imperialismo produjeron daños en la salud de la población. Debido a ellas, la producción de medicamentos se redujo en Venezuela, pues en 2016 se fueron 15 filiales farmacéuticas del país, y se congelaron los recursos para el pago de vacunas ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El bloqueo afecta el suministro de agua potable, el transporte público, la educación y dificulta el transporte de alimentos.
Sobre este expediente la CPI y la “Misión Independiente de la ONU no hacen menciones.
