El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos (EEUU) abrió otro capítulo violento contra los pueblos de América Latina con la invasión militar a Panamá, arremetida que dejó a centenares de muertos, miles de heridos y personas sin techos, a la par de zonas vulnerables en total destrucción.
El motivo que empujó esta operación fue sacar del poder al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, que en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser colaborador estrecho de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), ambos organismos estadounidenses, a enemigo de Washington.
El giro de Noriega vino cuando este quiso sacar de Panamá a la Escuela de las Américas, un centro de adestramiento militar de EEUU que funcionaba en la nación centroamericana, en donde los ejércitos de los países de la región recibían entrenamientos y directrices para perseguir, reprimir y asesinar impunemente a líderes de izquierda, sin importar los derechos humanos.
El mandatario estadounidense de entonces, George Bush, emprendió una campaña de descrédito contra su par panameño y lanzó el operativo “Causa Justa”, con 26 mil soldados al frente, bajo el pretexto de “restaurar el sistema democrático” así como “velar por el buen funcionamiento del Canal de Panamá”.
Las bombas y artillería pesada comenzaron a caer aquel 20 de diciembre sobre enclaves militares y civiles, en la capital, Colón y Río Hato, lo que produjo un gran caos con enfrentamientos y conmoción social, que culminó en un enorme derramamiento de sangre.
La zona popular El Chorrillo, que abarca a 20 hectáreas y en las que vivían en aquel entonces unas 30.000 personas, resultó ser una de las más golpeadas.
Organizaciones de derechos humamos han denunciado, a través de los años, que la vasta destrucción causada por el Pentágono demostró que el operativo “causa justa” estuvo muy lejos de serla. Advierten, en cada aniversario, que EEUU se ensañó contra la población civil más vulnerable durante toda la invasión que duró hasta el 3 de enero de 1990.
El Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desapariciones, y otros organismos como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de Diciembre de 1989, fija el número de víctimas en alrededor de 4.000. A estas lamentables cifras se suman la de casi 18.000 desplazados y sin techos que arrojó la agresión bélica.
Años después se desclasificaron documentos que develaron la verdadera intención de la Casa Blanca en Panamá, que no era más que extender su poderío y control sobre el canal, área estratégica de operación imperial.
Desde el año 2021 se decretaron los 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, por lo que las banderas ondean a media asta para recordar a las víctimas.
Sobre esta fatídica jornada, la abogada y activista panameña Gilma Camargo dijo a la prensa local que “debe abrirse una evaluación que incluya la compensación a las víctimas, luego de años de secuelas por la inacción y obstrucción por parte de Estados Unidos”.
Para los activistas sociales, esta invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a que un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas, indica Prensa Latina.
