El alto costo de la vida y la creciente desigualdad en Panamá parecen poner fin al mito del éxito de la “democracia liberal” centroamericana.
Desde hace dos semanas, el pueblo, agrupado en organizaciones indígenas, trabajadores y maestros, mantiene fuertes protestas en las calles -que incluyen cierre de las principales vías en la capital y en las diez provincias del país- debido a la alza de los precios de los combustibles, tarifa eléctrica, alimentos y medicamentos; así como falta de inversión social.
Aunque este domingo la agrupación Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado y demás líderes que encabezan las manifestaciones llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Laurentino Cortizo, este martes se rompió el pacto, debido a que consideran que no todas las demandas y sectores fueron atendidos.
Señalan como insuficiente la reducción a 3.25 dólares el precio del galón de combustible (3.7 litros) y el diésel. Asimismo, los movimientos sociales y sindicatos demandan que el subsidio de 200 millones de dólares para mermar el impacto del costo de los carburantes, aprobado por el Ejecutivo, debe venir del control de ganancia de los importadores y no de los impuestos que pagan los panameños.
Entre las acciones a tomar por parte de los voceros de los manifestantes y agrupaciones está crear un solo bloque que se sentará con el Gobierno para dialogar y poner fin a las protestas.
Tras la ruptura del pacto, este martes se registró una fuerte represión en la ciudad Santiago de Veraguas, en la provincia de Veraguas, al suroccidente del país, en donde se retomaron los cierres de vías.
La brutal acción policial terminó con un manifestante indígena ngobe herido y hospitalizado tras recibir un impacto de un perdigón.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) responsabiliza al gobernador de esta región de la salud del compañero herido.
Días antes, el representante de esta organización, Saúl Méndez Rodríguez, advirtió máxima movilización ante la agresión estatal.
Llamó a los trabajadores a “no dejarse intimidar y a hacer valer sus derechos a una vida digna”.
El sexto país más desigual
Desde el pasado 6 de julio, el pueblo panameño salió a las calles para decir basta a la creciente desigualdad, el alto costo de la vida, a la reinante corrupción y la desinversión social. Desde entonces, el país centroamericano atraviesa una de las peores crisis sociales desde la invasión de Estados Unidos en 1989, que dejó un saldo de cientos de muertos y miles de heridos.
Para el 2019, organizaciones internacionales señalaron a Panamá como una de las economías “más prósperas” de la región. Sin embargo, tras décadas de un férreo sistema neoliberal el país centroamericano se posiciona como la sexta nación más desigual del mundo y la segunda en el continente detrás de Brasil.
Los ingresos del 10 % de la población más acomodada son hasta 37 superiores que los del 10 % más humilde. En las tres comarcas indígenas con categoría de provincias, la pobreza alcanza 87 % y la pobreza extrema es de 6 de cada 10 habitantes. Asimismo, el 11 % de los panameños sufre de malnutrición y un 19 % se alimenta inadecuadamente, y el déficit habitacional alcanza a 1.200.000 personas, un tercio de la población del país, recogen organismos internacionales.
