Venezuela y Estados Unidos (EEUU) suscribieron un acuerdo que permitirá la repatriación desde la nación norteamericana de venezolanos migrantes indocumentados de forma ordenada, segura y legal.
Este plan se concretó luego de conversaciones sostenidas entre los gobiernos de ambos países, que pactaron que el operativo se realice a través del Plan Vuelta a la Patria, mecanismo activado por el Gobierno Bolivariano en 2018 que ha facilitado el retorno seguro de venezolanos que huyen de los devastadores efectos del bloqueo.
“La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el Derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, cita un comunicado emitido por Caracas.
A través de dicho plan, Venezuela dispondrá de “los recursos necesarios para la atención integral” de connacionales repatriados, “para la observación estricta de la protección que la Constitución y las leyes del país les consagran”, concluye el texto.
La ola de migrantes venezolanos que se registra en la región es producto de más de 900 mal llamadas “sanciones” que ha impuesto EEUU y sus socios de Europa. Tal y como lo ha denunciado el Estado venezolano, relatores especiales de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gobiernos amigos y distintas organizaciones sociales. Este férreo acoso conlleva a una sistemática violación de los derechos humanos de la población venezolana.
Asimismo, el asedio imperial – que se ha intensificado desde el 2013- ha centrado como objetivo a la industria petrolera nacional, específicamente Petróleos de Venezuela, corazón económico del país y principal fuente de ingreso de divisas, por lo que configura un esquema que priva el acceso al pueblo de sus derechos fundamentales, tales como agua potable, salud, educación y movilización.
En vista de esto – y debido a una campaña en redes de la derecha que incentiva el desplazamiento con fines políticos-, millares de venezolanos han emigrado hacia otros países, como Colombia, Ecuador, Chile y Perú en donde grupos extremistas locales se han encargado de poner en marcha una matriz discriminatoria marcada por la xenofobia.
De igual forma, mucha de esta población se dirige bajo falsas expectativas hacia EEUU, junto a otros migrantes de distintas nacionalidades, a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá. En dicha zona geográfica coexisten mafias de trata de personas que roban, violan y matan a los desplazados. A esto se suma el acoso y extorsión que viven en México y luego el maltrato al que son expuestos por autoridades estadounidenses.
En vista de esta creciente vulnerabilidad, el Gobierno Bolivariano ha tendido, durante años, puentes de diálogos y negociaciones con todos los gobiernos, sin distingo político, para repatriar a los connacionales de forma segura, a través de Vuelta a la Patria que en cinco años ha retornado a 30 mil personas de 25 países en 180 vuelos y 1 traslado marítimo. Venezuela ha procurado entablar conversaciones con todas las autoridades de países receptores y EEUU es una de ellas. Y, aunque Washington no reconoce oficialmente a Nicolás Maduro como presidente y jefe de Estado, el reciente acuerdo pone en evidencia el doble discurso que mantiene la Casa Blanca respecto a Venezuela.
El pacto abriría la posibilidad de futuros acuerdos, ya que el mismo podría dar luz verde a operaciones en suelo estadounidense a la aerolínea estatal Conviasa, hoy “sancionada” por el Departamento de Estado.
Las conversaciones entre Caracas y Washington son una muestra más de que cada vez se cae esa falacia que intentó instaurar de forma ilegal la extrema derecha nacional apoyada por EEUU, que produjo un ficticio Estado e interinato del hoy prófugo Juan Guaidó, acompañado de unos írritos Tribunal Supremo de Justicia, Banco Central de Venezuela y Parlamento que solo sirvieron para saquear millonarios bienes estatales al pueblo venezolano.
Así, el diálogo entre Venezuela y EEUU en esta materia desencadenaron reacciones negativas de sectores fanáticos de la ultraderecha, especialmente la localizada en Miami, Florida, que ciegamente pide invasiones en contra de Venezuela y se aferra a vías violentas e inconstitucionales para socavar al Gobierno Bolivariano.
“¿Qué viene ahora? ¿Viene el restablecimiento de relaciones consulares? Y, ¿Qué más?. Porque en el comunicado de la administración Biden dicen que: ‘Acordaron con las autoridades venezolanas’. Normalizan y legitiman a Maduro. Ese es el primer paso para restablecimiento de relaciones comerciales y consulares, aunque no lo diga ese comunicado”, escribió la activista mediática ultraderechista Carla Angola, quien fue hasta el 2013 presentadora de Globovisión, uno de los medios que se prestó para el golpe de Estado en 2002 asestado en contra del comandante Hugo Chávez, entonces presidente.
La “comunicadora”, quien desde Miami difunde odio en contra de su país, se pregunta: “¿Dónde queda el supuesto reconocimiento en las sombras a la Asamblea Nacional legítima y al canciller interino?”.