La actual élite acaudalada y gobernante de Paraguay se gestó bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), sangriento régimen promovido y amparado por Estados Unidos (EEUU) como parte de la campaña Operación Cóndor, con la cual, a través del terrorismo de Estado, se intentó frenar el avance en América Latina de movimientos populares.
En el caso de Paraguay, la dictadura de Stroessner, aparte de dejar miles de asesinados y desparecidos, aglutinó a pequeños grupos en el poder bajo el Partido Colorado (PC), organización que ha gobernado desde hace casi 80 años – y durante casi todo el siglo XX-, salvo la excepción del gobierno del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), quien fue depuesto por un golpe de Estado, tutelado desde la Casa Blanca.
Desde entonces, EEUU ha sido el principal aliado de casi todos los mandatarios de este país suramericano, y entre ellos está el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y el actual presidente, Mario Abdo Benítez, ambos del PC, que ahora son señalados y vinculados por Washington a esquemas de corrupción que amenazan a la “democracia”.
Este miércoles 26 de enero, el Departamento de Estado de EEUU impuso sanciones contra Cartes y el vicepresidente de Abdo Benítez, Hugo Velázquez, “por su participación en la corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay”, reza un comunicado, citado por RT.
El medio señala, además, que el embajador norteamericano en Asunción, Marc Ostfield, confirmó las medidas y que estas son – según el alto funcionario- para “proteger el sistema financiero de EEUU” y “apoyar a Paraguay en la lucha contra la corrupción”.
“Estas personas y entidades están siendo sancionadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818”, dice el Departamento de Estado, que señala que se dirige a los “perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo”.
Las sanciones, además de vetarles la entrada a territorio estadounidense, también les confisca sus bienes en ese país y les prohíbe futuras negociaciones con cualquier ciudadano de esa nación.
El antiguo aliado del exmandatario Cartes lo señala ahora de liderar un “patrón concentrado de corrupción”, en el que predomina un esquema millonario de sobornos. “Durante su mandato como presidente y desde entonces, Cartes se ha involucrado en un patrón concertado de corrupción, incluido el soborno generalizado de funcionarios gubernamentales y legisladores. Durante más de una década, Cartes aprovechó su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para expandir su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas”, señala el Departamento de Estado.
La institución estadounidense revela, además, que varios integrantes del PC, durante su paso por el Congreso, recibieron dinero proveniente de la corrupción por parte de Cartes para asegurar apoyo en el Legislativo.
Además, EEUU acusa a los políticos mencionados de mantener vínculos con Hezbolá, organización de Oriente Medio que lucha contra el sistema genocida sionista de Israel, y que Washington considera como “terrorista”.
En 2022, ya la Casa Blanca había sancionado tanto a Cartes como a Velázquez de participar en actividades ilícitas y en “actos de corrupción significativos”.
El historial de corrupción y los ya ampliamente conocidos antecedentes en violación a los derechos humanos del PC de Paraguay podría ser motivo por el cual EEUU busca deslastrarse ahora de a esta organización, y más ahora con una elección presidencial en puertas, próxima a realizarse el 30 de abril.
Según varios medios, las encuestas están lideradas entre los candidatos Efraín Alegre (político opositor del izquierdista Concertación Para un Nuevo Paraguay) y el colorista y de derecha Santiago Peña, ex ministro de Hacienda del ahora sancionado Cartes.
