El 7 de diciembre del año pasado fue el inicio en Perú de un período oscuro, marcado por la represión y violación de derechos humanos por parte de la derecha de ese país. Tras el anuncio de la disolución del Congreso y convocatoria de elecciones legislativas para la redacción de una nueva Carta Magna hecho por el entonces presidente Pedro Castillo, los sectores más reaccionarios apresaron al mandatario y asestaron un golpe de Estado.
Desde entonces, el país ha estado gobernado de facto por Dina Boluarte, quien ha recibido el respaldo de Estados Unidos (EEUU) y sus aliados, y se ha dedicado a reprimir las protestas y manifestaciones que se registran en todo el país en las que se reclaman nuevas elecciones. Desde diciembre, los asesinados por la fuerte violencia de la Policía Nacional de Perú en las protestas llegan a más de 70, cifra que enciende las alarmas de los gobiernos de la región y organismos internacionales de Derechos Humanos, incluso de aquellos que sirven a la derecha como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) brazo acosador de EEUU en América Latina.
En mayo pasado, AI asomó – cuidando las formas- que el régimen de Boluarte está implicado en crímenes que podrían tipificarse como de lesa humanidad, al aplicárseles a los manifestantes sistemáticos métodos de violencia física, marcados en un patrón racista contra pueblos indígenas. “La Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria”, se lee en un informe publicado en mayo.
En este mismo tono se pronunció un grupo de congresistas del Partido Demócrata de EEUU en una carta dada a conocer por los medios a finales de julio, en la que los legisladores alertan al secretario de Estado, Antony Blinked “la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas, responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes en los últimos meses que refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Perú y contribuido a la desilusión política generalizada”.
En medio de este panorama, crece, además, la preocupación entre el pueblo peruano, movimientos sociales, activistas y gobiernos por el aumento de ventas a Boluarte de armas represivas por parte de corporaciones armamentistas de EEUU.
La adquisición, hecha por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para apoyo a la Policía Nacional, incluyó 540 escopetas, 540 pistolas, 540 fusiles de asalto M4, 540 lanzagranadas lacrimógenas y otros medios, reporta la prensa local.
En este contexto, la periodista estadounidense Jo-Marie Burt, que se ha dedicado a denunciar al régimen peruano, alertó que los armamentos fueron vendidos a Lima por parte de empresas privadas del ramo. Y recordó que es deber de las instituciones estatales de EEUU supervisar estas dotaciones a naciones terceras, y más aún cuando se sospechen que el Estado benefactor ha incurrido en violación de derechos humanos, tal y como ha pasado con Perú.
Asimismo, Burt alega que existe un marco legal que prohíbe que fondos públicos estadounidenses sean invertidos en armas a regímenes represivos, informa Prensa Latina.
“¿Qué garantías tenemos de que los efectivos de estas instituciones que han violado los derechos humanos no están actuando hoy en el marco de las protestas? Frente a esta situación, es urgente demandar al Gobierno de Estados Unidos revisar este tipo de venta privada de equipos antimotines”, manifestó la escritora, citada por la referida agencia.
Asimismo, desde hace dos meses permanecen en el país 500 militares de EEUU, de quienes no se conoce qué hacen exactamente en tierras andinas. El Pentágono acordó que a final de año llegarán al país suramericano otros 600 más para relevo.
Pero la cooperación entre Lima y Washington no es nada nueva. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) informó en junio pasado que Perú es el tercer país de la región en recibir de EEUU “donaciones” y “apoyo” financiero” y de “entrenamiento militar”.
“En lo que va de la administración (de Joe) Biden, se han otorgado 40,6 millones de dólares en asistencia para la seguridad a Perú: 39 millones desde el International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), 1,2 millones desde Political-Military Affairs; ambas dependientes del Departamento de Estado; y 269.666 a través de la DEA, del Departamento de Justicia”, cita la organización.
Entre tanto – añade el Celag- por lo menos 23.212 efectivos de seguridad peruanos han sido entrenados por EEUU entre 2000 y 2019. (15.506 entrenamientos militares y 7.706 entrenamientos registrados en las academias policiales).
Otras de las instituciones norteamericanas que ha “donado” fuertes sumas de dinero al régimen de Boluarte, y bajo la excusa de “ayuda humanitaria” – tras el paso del ciclón Yaku- ha sido la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), ampliamente conocida por promover agendas injerencistas que conducen a golpes de Estado contra gobiernos progresistas, como el de Castillo.
La embajada de la nación norteamericana en Perú, con el apoyo del Comando Sur, donó al régimen unos 100.000 dólares para “áreas de rescate” y otros 500.000 “para satisfacer las necesidades inmediatas de agua y saneamiento” por el desastre natural, cita una nota de prensa de la misión diplomática.
Golpismo por recursos estratégicos
El espaldarazo que recibe Boluarte por parte del país norteamericano, además de evitar que se consolidara un nuevo bastión de la izquierda en Suramérica, también obedece a una batalla geopolítica en torno a las grandes fuentes de litio que Perú posee y que comparte con Chile, Bolivia y Argentina.
Sobre este aspecto, el analista internacional e investigador chileno Pablo Jofre sostiene que el actual gobierno de facto peruano “desea endurecer la mano represora y al mismo tiempo consolidar la alianza con Estados Unidos, para de tal manera sacar de circulación cualquier intento de consolidar las relaciones económicas tanto con China como con Rusia, aspecto que estaba intentando concretar el Gobierno del expresidente Castillo en un intento de fortalecer su soberanía política y económica. Esto, en el marco de los enormes yacimientos de litio que posee Perú, que podrían unirse al triángulo conformado por Chile, Bolivia y Argentina –tres países que poseen el 50 por ciento de las reservas probadas de litio– y que constituyen un botín apetitoso en la idea de desarrollar lo que se ha denominado la ‘revolución verde”, dice el especialista, citado por Telesur.
“Es por ello que el análisis más fino en torno a la presencia de efectivos militares estadounidenses, agentes de inteligencia, organismos vinculados a Fundaciones de orden político, Organizaciones No Gubernamentales –ONGs– son la muestra palpable de que se prepara un escenario de aumento de la represión, fortalecimiento de los lazos con Washington y con ello contender con la ampliación de la idea y práctica de la política multilateral llevada a cabo por la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, entre otras numerosas naciones”, añade.
La ilegalidad que rodea el régimen peruano, liderado por Boluarte es tal, que la derecha agrupada en el Congreso aprobó un artilugio para que la mandataria de facto pueda asistir a eventos internacionales sin tener a un vicepresidente que se quede al mando, tal y como lo estipula la Constitución. Así, la gobernante viajará a San Francisco, California, en noviembre próximo para recibir el encargo de la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y gobernará a la distancia “empleando tecnologías digitales”, informó el primer ministro ilegítimo, Alberto Otárola.
Mientras tanto, la represión crece, el horizonte de las nuevas elecciones parece cada vez más lejos y el lawfare contra el presidente constitucional y secuestrado, Pedro Castillo, se acentúa. El mandatario cumple doble prisión preventiva en una celda de seis metros cuadrados del penal de Barbadillo, ubicado en la provincia de Lima, bajo falsas acusaciones por “rebelión y conspiración” y por “pertenecer a una organización criminal”.
El procurador general, Daniel Soria, solicitó hace unas semanas al Poder Judicial que se embarguen los bienes muebles e inmuebles del exmandatario. Se trata de tres casas que tiene Castillo en el departamento de Cajamarca, región natal del también profesor de escuela, predominada por la agricultura.
Castillo ha sido el único presidente progresista que llega a la presidencia de Perú. De origen campesino, este educador recibió todo el apoyo del pueblo en general, especialmente el de la Sierra peruana, una de las zonas más deprimidas económicamente e históricamente olvidada. En junio del 2021 ganó las elecciones y en julio Castillo juró gobernar por un país sin corrupción – una meta cuesta arriba en esta nación suramericana en el que la tradicional derecha corrupta está enquistada en instituciones estatales- y por una nueva Constitución. Basto avanzar en materia agraria, laboral y social para que la oligarquía, agrupada en el Congreso, comenzara un acoso sistemático en su contra.
Presionado por la derecha, medios, élites y círculo cercano, Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso obstruccionista para gobernar por decreto y comenzar un proceso constituyente que diera paso a un nuevo y reformado Estado, estrategia que sirvió de antesala a su secuestro y encarcelamiento, lo que posteriormente se configuró en un golpe de Estado que sigue siendo rechazado en las calles por los peruanos, quienes lideran protestas y manifestaciones en las que corren el riesgo de ser asesinados.
Foto principal: Twitter @Laotratvvzla
