Aunque suene exagerado y grandilocuente, podríamos afirmar que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. Se trata de un esquema automatizado, seguro, blindado, incluyente y 100 % auditable en todas sus etapas; es decir, antes, durante y después de la votación.
La génesis de este nuevo sistema radica en la Constitución de 1999, Carta Magna que contó con amplia aprobación en referéndum (71,78 %) y que consagra al Poder Electoral como uno de los cinco Poderes Públicos independientes, a diferencia de los tres tradicionales que rigen en la mayoría de los Estados del mundo. Es decir, el árbitro electoral es autónomo y no es una institución perteneciente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como sí sucede en otras naciones.
Asimismo, durante los últimos 24 años, los partidos políticos, expertos y voceros de organizaciones de base popular han acordado otras garantías electorales en diálogos y debates que hacen aún más inmune al sistema.
La automatización – que ha afianzado la transparencia y rescatado la confiabilidad del venezolano a sus instituciones- obedeció a un histórico reclamo del pueblo que durante décadas, especialmente en la era puntofijista (1958-1998) fue víctima de entramados fraudulentos o prácticas poco democráticas de un sistema manual viciado y manejado por cúpulas que mantenían como premisa “el acta mata votos”.
Desde su puesta en marcha, el Poder Electoral, junto al Legislativo y líderes de partidos de todas las tendencias, han redactado leyes, normativas y reglamentos para garantizar un sistema automatizado que resguarde la voluntad de los electores, así como el secreto del voto.
Asimismo, el Estado ha promovido, en las últimas décadas, nuevas políticas para aumentar la participación de todo el pueblo. Esto se ha traducido en la creación y apertura de nuevos centros de votación en zonas históricamente excluidas, la adopción de medidas para facilitar el ejercicio del voto de las personas con algún tipo de necesidad especial, la puesta en marcha de planes para incluir a la población indígena y la aprobación de reglamentos para incentivar la representación paritaria entre hombres y mujeres en las listas de candidatos.
Todo esto ha contribuido en la reducción de brecha de exclusión entre aquellas personas que están en el Registro Electoral (RE) y aquellas que, teniendo 18 años, no figuraban en dicha data. En los años 1990 este indicador se llegó a ubicar en 20% y hoy en día es de solo 3,5%.
De igual forma el registro de electores en las circunscripciones indígenas entre los años 1998-2013 aumentó en 130,7%, y la participación en las elecciones se incrementó hasta 219,2%, reseña el CNE en su publicación “Modelo Electoral Venezolano” (2016).
Auditorías a toda prueba
La automatización del voto trajo consigo la aplicación de un conjunto de auditorías. Y, aunque para cada proceso de votación se hacen en promedio 14 de ellas, previa solicitud y evaluación del CNE, los partidos y técnicos de las organizaciones postulantes podrían añadir otras. Incluso, se han llegado a realizar hasta 22 verificaciones.
Para aumentar la confianza en el electorado y participantes, al finalizar cada auditoría los técnicos del CNE, los representantes de los partidos, expertos y observadores nacionales avalan con su firma la conformidad con la experticia en un acta que es pública.
Una de las auditorías es la del software de votación. En este período se verifica el código de fuente del programa a usarse. “Se certifica que suma, asigna, totaliza y transmite de manera correcta los resultados”, explica el Poder Electoral en su página web.
Para avanzar en la certificación, se asigna un código numérico cifrado o hash, inmodificable e intransferible, que viene a ser la cédula de identidad de la máquina. “Detrás de esa llave digital reposa el programa avalado por las organizaciones políticas. En adelante, durante todas las auditorías en las que intervengan máquinas de votación se revisa que ese código no haya sufrido alguna modificación”, agrega el CNE.
Posteriormente, se realiza la auditoría de datos de electores en máquinas de votación. En esta etapa se constata que los datos biométricos (huella y dactilares y fotografía) y biográficos (nombre, apellido y cédula de identidad) de cada sufragante coincidan con los introducidos en la máquina.
Es la huella la única llave que permite activar la máquina y consagra el principio de “un elector, un voto”.
En la auditoría de producción de las máquinas de votación se verifica que cada dispositivo se esté produciendo con los códigos certificados en la fase anterior. Es decir, que cada máquina tenga la identidad correcta.
Luego, en la auditoría pre-despacho de máquinas se corrobora, mediante un simulacro y una muestra aleatoria del 1 % de las máquinas, que los aparatos estén sumando y totalizando correctamente antes de ser enviados a cada centro de votación del país.
En la revisión de infraestructura se desarma una máquina elegida al azar, en presencia de los expertos y actores políticos, para verificar que estén todos los componentes necesarios para la elección, y que no haya ningún elemento secundario que ejecute otras acciones que no estén acorde a la votación.
Los expertos, testigos y técnicos del CNE también realizan una auditoría al Sistema de Identificación Biométrica. En este proceso, lo más importante es corroborar que no exista una relación ni un orden entre la captura de la huella dactilar del votante con la secuencia de los votos. La idea es garantizar el secreto constitucional del sufragio.
Tampoco queda por fuera una revisión exhaustiva a la red de transmisión de datos. Los involucrados revisan cada uno de los dispositivos de telecomunicaciones que intervienen en la transmisión de resultados, para garantizar que la red que utiliza el CNE es exclusiva y está totalmente aislada de Internet, con lo que se blinda contra intrusos.
Días antes del evento electoral, se realiza la auditoría de predespacho. Este mecanismo de verificación consiste en un simulacro técnico del proceso de votación, transmisión y totalización, a objeto de constatar la exactitud en la intención del voto del elector con respecto a lo que queda impreso en el comprobante del voto, y “verificar que los datos registrados en las actas de escrutinio y en el sistema de totalización sean igualmente exactos”, explica el CNE.
Es una de las auditorías más importantes ya que permite a los participantes observar, de manera integral, el correcto funcionamiento del sistema automatizado, desde la votación y la emisión del comprobante de voto hasta la totalización.
Cerca de 48 horas antes de la elección, se realiza la verificación de la puesta en cero de los centros nacionales de totalización y la verificación de telecomunicaciones.
El mismo día de la elección, cada votante es veedor de que se cumpla su voluntad con la opción escogida, al revisar el comprobante de voto que debe depositar en las cajas de resguardo. Asimismo, los integrantes de mesa son autónomos en sus decisiones y no cumplen funciones partidistas durante la jornada. Ellos son escogidos al azar mediante un sistema previamente auditado y en una actividad en la que también participan expertos y representantes de partidos y del CNE.
Una vez concluida la elección, transmitido los resultados y cerradas las mesas, se realiza la auditoría de cierre y verificación ciudadana. Los técnicos del CNE, testigos, miembros de mesas imprimen el acta de totalización del 54,31 % de las mesas y constatan que los datos impresos por las máquinas coincidan con los comprobantes de votos depositados en las cajas.
Por ley, en esta etapa participan los técnicos del Poder Electoral, testigos de los partidos y toda persona que disponga el espacio. Se trata de un reconteo en presencia de toda aquella persona interesada en formar parte, siempre y cuando haya espacio físico.
El sorteo de las máquinas electorales que serán objeto de la verificación ciudadana se hace en cada centro de votación, con papeles numerados, al azar y en presencia de todos los miembros de mesa.
Las leyes contemplan una segunda verificación ciudadana, que estipula la revisión al azar del 1 % del total de mesas escogidas en la primera fase de esta auditoría. En esta etapa, que se hace de forma manual, participan también técnicos del Poder Electoral, observadores nacionales y acompañantes internacionales.
Luego de haber culminado las elecciones, se audita nuevamente la red de telecomunicaciones, y se realiza también la auditoría de fase de electores fase 2, en la que se certifica que los votantes que acudieron al acto estaban inscritos en el Registro Electoral y que nadie votó más de una vez.
Otro paso importante es la auditoría de memorias de las máquinas. En este eslabón se hace un respaldo de los datos para el caso de una eventual revisión de resultados con cualquier fin electoral. Posteriormente, las memorias son blanqueadas para que no exista la posibilidad de relacionar a los votantes con el resultado manteniendo el secreto del voto.
Previo al día de la elección también se verifica el buen funcionamiento de la boleta electrónica y los cuadernos de votación, corroborando que la data de votantes que contienen se corresponde con la que el RE prevé para esa mesa de votación.
Otras de las auditorías claves es la del RE, la gran data de todos los habilitados para votar según la ley: mayoría de edad y que no tengan procesos judiciales pendientes.
Las auditorías – que abarcan varios días y procesos- consisten en comparar, al azar, los datos guardados en el RE con actas de nacimiento, archivo de huellas dactilares, cédulas e información de fallecidos.
La idea es remover de este registro a aquellos datos duplicados, personas menores de edad, cédulas repetidas o de fallecidos y concordancia de huellas. Se verifican datos de aquellos votantes con más de 100 años.
La metodología para la revisión del RE involucra a todos los actores por medio de la creación de mesas técnicas multidisciplinarias. “Tales instancias, sobre la base de métodos previamente acordados, revisan de manera periódica, en el marco de un proceso comicial, los cortes del RE. Esta revisión ha permitido dar respuesta efectiva y satisfactoria a las inquietudes formuladas por las organizaciones con fines políticos y otras instituciones participantes”, dice el CNE en su libro Auditorías (2015).
Veeduría internacional invitada
Otra de las garantías acordadas, es la participación de los acompañantes internacionales. Los partidos políticos acuerdan previamente con el CNE la invitación de actores extranjeros para ejercer de veedores electorales, cumpliendo los preceptos constitucionales de no injerencia y respeto a la soberanía.
Estos invitados son parte del Plan de Acompañamiento Internacional que agenda la participación de ellos en las distintas etapas de la votación, incluyendo en varias de las auditorías antes mencionadas.
A nuestro país han venido, invitados por todos los partidos, veedores internacionales de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), el Centro Carter, el Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos (NGL), la Misión Electoral de la Unión Europea, Panel de Expertos de la ONU, y demás individuos como expresidentes, políticos y líderes de movimientos sociales.
CNE a prueba de fraudes
La seguridad, confiabilidad y robustez del sistema electoral venezolano está a toda prueba. Durante más de dos décadas han sido varios los actores políticos y voceros que, sin contar el amplio respaldo popular, se han dedicado a atacar al Poder Electoral y a sus instituciones. La técnica más conocida es la de cantar “fraude” y de sembrar dudas sobre el esquema.
No obstante, estos señalamientos, por lo general, están sustentados en un doble discurso, ya que los técnicos y expertos de los partidos de estos líderes acuden a todas las auditorías y firman las actas que de ellas se expiden. Asimismo, los votantes y testigos de estos sectores avalan cada proceso de la verificación ciudadana el día de la elección, y sus observadores nacionales y los acompañantes internacionales invitados por ellos participan en la segunda etapa de dicha auditoría, en donde también constatan la transparencia de los procesos mediante actas.
Un caso particular sucedió en las elecciones presidenciales del 2013. En aquella oportunidad, el candidato derechista Henrique Capriles salió derrotado. El exaspirante esgrimía “fraude” y, acorralado ante el derrumbe de sus señalamientos – ya que todos sus expertos y testigos avalaron las actas de las 19 auditorías del proceso- comenzó a atacar la parte no automatizada del sistema: los cuadernos y cajas de resguardo de votos.
Ante una solicitud introducida por su equipo político ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE anunció una ampliación de la verificación ciudadana fase 2. Para tal fin, se decidió abrir el 100% de las cajas y no el 1% que estipula la ley, tarea que abarcó más de un mes de revisión que fueron transmitidas a todo el país vía internet.
“Fueron auditadas las 35.018 mesas de votación que funcionaron para ese evento electoral, y cotejados 15.056.716 comprobantes de votación con las actas de escrutinio. Durante el proceso de la verificación ciudadana fase II ampliada, se constató la existencia de un margen de error de 0,02%. Este índice estaba previamente respaldado en las actas de observación elaboradas y firmadas por los miembros y testigos de la mesa de votación correspondiente y testigos acreditados de las organizaciones políticas presentes, es decir, se trataba de errores que ya habían sido detectados y recogidos en las actas elaboradas por las y los miembros de mesas durante el proceso de votación”, indica el CNE en el libro “El Modelo Electoral Venezolano” (2016).
El ente electoral reseña que “es de hacer notar que durante la realización estuvieron ausentes los representantes del comando de campaña que solicitó la revisión”.
Otra de las contradicciones recaen sobre Voluntad Popular (VP), partido de extrema derecha fundado en 2009 por el hoy prófugo de la justicia, Leopoldo López. Los militantes de este partido, así como su líder se han dedicado a atacar al sistema automatizado del voto, con el fin de socavar al Estado venezolano y con ello conducir a un cambio forzoso de Gobierno. Toda esta matriz infundada la promueven, aunque hayan conquistado cargos de elección popular con el esquema automatizado.
El punto cumbre de la hipocresía llegó en 2011, cuando VP solicitó al CNE organizar sus primarias con el sistema de voto electrónico; y así sucedió. El evento se realizó el 11 de julio de ese año, y en él resultó ganador López. El Poder Electoral activó 1.180 centros en todo el país y el Plan República movilizó a 6 mil agentes para el resguardo de la actividad política.
La Comisión Nacional Electoral de Voluntad Popular, presidida por Alejandro Plaz – uno de los fundadores de Súmate junto a la inhabilitada María Corina Machado- ordenó la no utilización de las captahuellas y a su vez quemar todos los cuadernos de votación que les entregó íntegros el CNE.
Rectora brillante
El sistema electoral venezolano, construido por el pueblo y producto de debates, diálogos, intercambio de ideas, bajo el modelo de democracia participativa y protagónica de la Revolución Bolivariana, ha sido ejemplo en el mundo, a la vez que ha recibido elogios de varias organizaciones y líderes políticos del planeta.
En 2012, el Centro Carter concluía en su informe acerca de las elecciones presidenciales de ese año: “El sistema actual, usado en las últimas cinco votaciones nacionales, ha protegido de manera confiable la integridad del proceso automatizado de votación”. Esta misma organización valoró al CNE como una de las instituciones públicas mejor calificadas.
El expresidente de dicha organización, Jimmy Carter, quien adversó abiertamente al comandante y presidente Hugo Chávez, llegó a decir en 2012: “En las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.
En ese mismo tono se han manifestado los representantes de las misiones de acompañamiento de la Unasur y el Ceela; y líderes de Suramérica, Asia, Europa, Estados Unidos, África y otras latitudes.
Una de las promotoras y arquitectas de este sólido sistema fue la rectora del CNE Tibisay Lucena, quien trascendió a otro plano en abril del año pasado. Esta venezolana presidió el árbitro electoral entre 2006 y 2020, período en el que se convocaron 18 elecciones.
“Si alguien marcó todo el funcionamiento institucional, toda la construcción de un sistema impecable de garantías absolutas, de garantías políticas, de garantías tecnológicas y de transparencia del sistema electoral que hoy hay en Venezuela, esa persona tiene nombre y apellido: Tibisay Lucena, la rectora brillante”, llegó a decir el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante los actos de honor a esta política.
