Los pueblos de continente rememoran este 27 de junio 50 años del golpe de Estado en Uruguay, maniobra que, como parte del Plan Cóndor de Estados Unidos, dio pie a un período represivo y oscuro, marcado por la reiterada violación de los Derechos Humanos en crímenes como la detención arbitraria, tortura, desaparición y exilio forzado.
Al igual que Paraguay, Argentina y Chile, el régimen de Uruguay contó con una fuerte presencia militar, sin embargo, al frente los dictadores, en un afán en darle una apariencia democrática, se encargaron de mantener al frente, en la mayoría de su vigencia, a un civil que era controlado por una junta militar.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que, aunque la historia reseñe que este período comprendió los años 1973-1985, exclusivamente, varios analistas y trabajos de investigación arrojan que las medidas represivas contra la izquierda se registraron antes y después de ese período.
Las organizaciones tradicionales conservadoras, manejadas por la oligarquía de entonces, como el Partido Colorado, sirvieron de ejecutores y cómplices de esta represión pre-dictadura, antes del golpe que se consumó con la disolución del Poder Legislativo del 27 de junio de 1973, por parte del presidente Juan María Bordaberry.
“Ambas administraciones – de los colorados Jorge Pacheco Areco y Bordaberry-, si bien se encuadraron dentro del sistema democrático-republicano de gobierno, y bajo la vigencia del Estado de derecho, funcionaron con una práctica estatal autoritaria y actuaron la mayoría del tiempo como ‘gobiernos de crisis’ y ‘bajo decreto”, indican los investigadores y analistas José Miguel Busquest y Andrea Delbono en un artículo publicado en la Revista de la Faculta de Derecho de la Universidad de la República, en el que citan al historiador uruguayo Álvaro Rico.
Esos presidentes, basados en un “discurso oficial que disparaba contra la ‘inadecuada’ legislación existente para combatir” y contrarrestar a los movimientos de izquierda, apelaron a medidas de excepción, aunque constitucionalmente estaban previstas, ampliaron sus facultades y fueron abonando el camino al régimen dictatorial que comenzó a tomar forma con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, en febrero de 1973, y la posterior disolución de la Cámara de Senadores y Representantes por parte del presidente Bordaberry en junio de ese año, bajo un decreto que lo dejaba a él al frente del régimen.
Durante este período se desplegó una dura represión caracterizada por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la destitución, proscripción, exilio, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada o asesinato de opositores. Por lo general las víctimas eran políticos, líderes sindicales, sociales y estudiantiles. El gobierno de facto disolvió la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), intervino la Universidad de la República, ilegalizó partidos y organizaciones de izquierda, refieren Busquest y Delbono.
Entre los civiles que participaban en la toma de decisiones de orden económica-financiera estaban cuadros adoctrinados en universidades de EEUU, como Alejandro Vegh Villegas, quien asumió el Ministerio de Economía y Finanzas, y fue parte del Consejo de Estado, órgano legislativo durante la dictadura. Villegas fue promotor de la dolarización de la economía y de la eliminación del proteccionismo estatal, medidas que afectaron al pueblo uruguayo.
Durante toda esta época, la ciudadanía vivía bajo un estado de terror y sumisión, en el que los medios, unos bajo asedio u otros cómplices, jugaron un papel importante en la difusión de mensajes y en la censura. La mano opresora de los gobernantes también atacó a artistas e intelectuales (como el poeta Mario Benedetti y el escritor Eduardo Galeano) e incluso antes de la dictadura, estos sectores – agrupados en el conservadurismo de derecha- promovieron una intervención total en el sistema educativo en todos sus niveles, con el fin de adoctrinar a las nuevas generaciones.
“La dictadura procuró entonces, construir un nuevo imaginario nacional fundado en un ‘nuevo Uruguay’, cuya clave fundamental descansaba en el impulso nacionalista. El mismo habría de ser promovido y apoyado por un sistema de medios de comunicación y por referentes de la intelectualidad y la cultura”, refieren los historiadores, que destacan que para lograr este objetivo las corporaciones de información exaltaban supuestos valores “patrióticos” dirigidos hacia la juventud que no estaba relacionada con “el viejo Uruguay”.
Resquebrajamiento inminente
Ante fracturas internas en el poder, y el creciente números de presos políticos y exiliados, los dictadores buscaron avanzar hacia un “nuevo régimen”, con la instauración de un “nuevo orden”, a través de una “novedosa” Constitución aprobada bajo consulta pública. De esa forma, se constituiría un Estado autoritario sobre la base de una sociedad capitalista de economía de mercado.
El historiador Juan Rial explica que este nuevo régimen político resultante sería una “democradura” competitiva y excluyente. “Se basaba en la persistencia de los dos grandes partidos políticos tradicionales, los colorados y los blancos (Partido Nacional) y se excluía a la izquierda que continuaría en la ilegalidad. La competitividad electoral se limitaba a esos dos grandes partidos”.
Es de esta forma se celebra, en 1980, el plebiscito, en el que la opción NO sale triunfante (57 % de los votos) frente al SÍ (43 % de los sufragios). La amarga derrota are paso a unas negociaciones para unas futuras elecciones. Sin embargo, la dictadura, gobernada bajo, el militar retirado Gregorio Álvarez, comenzó a negociar con los partidos tradicionales un nuevo marco legal para unas supuestas “elecciones libres”.
“En junio de 1982 – cuando se llevaron a cabo las elecciones internas para la posterior contienda presidencial de 1984- se llegó a un acuerdo entre los partidos tradicionales y las Fuerzas Armadas presentado como disposición del régimen militar que, de este modo, instituyó normas legales que permitiesen sucederlo. La Ley de Partidos Políticos permitía la reorganización de los partidos tradicionales, blanco y colorado, y autorizaba la acción del sector conservador del viejo partido social-cristiano, la llamada Unión Cívica”, refiere Rial.
En su articulado – detalla el historiador- “se incluyó una norma que prohibía la existencia de partidos con vinculaciones ideológicas de tipo internacional. De este modo, no sólo se refrendaba la exclusión del Partido Comunista y cualquier otro de carácter marxista, sino también la del partido Demócrata Cristiano de un partido de características socialdemócratas”.
La intención era un acuerdo que reconstruyese el sistema político partidario en base a los dos grandes partidos tradicionales, excluyendo del escenario político a los partidos de izquierda y componentes del Frente Amplio.
A partir de acá comenzó el punto de inflexión de la caída de la dictadura, apabullada por un imparable y abrumador rechazo del pueblo que, a pesar de la represión, se comenzó a organizar y a movilizar. Uno de los hitos fue la histórica concentración denominada Acto del Obelisco, el 27 de noviembre de 1983, en el que casi un millón de personas levantaron su voz a favor de la libertad. Otro factor clave para el derrumbe del régimen fue el fracaso económico que empujó al país a una enorme desigualdad y creciente deuda pública.
En unas elecciones controladas, y bajo leyes restrictivas que dieron amplia ventaja a grupos de poder de la oligarquía, en 1984 se llevaron a cabo comicios presidenciales, en los que ganó el candidato colorado, Julio María Sanguinetti (1985-1990), considerado como un agente que siguió promoviendo la represión, puso en marcha una amnistía a represores y violadores de Derechos Humanos, alentó la Ley de Caducidad (que impide juzgar a los involucrados en represiones, asesinatos y desapariciones) y trabó varias investigaciones de crímenes de lesa humanidad.
Oscuro legado
La dictadura cívico-militar uruguaya se caracterizó por ser un régimen fuertemente represivo, en cuanto a encarcelamientos y desaparecidos, que hoy se cuentan por miles. A estas personas – en su mayoría líderes sociales de izquierda, voceros de partidos marxistas, intelectuales, profesores, entre otros- les aplicaron métodos de torturas, varios de ellos incluso fueron asesinados y sus restos no han sido encontrados.
A 50 años del inicio de esta oprobiosa era, sus familiares aun reclaman justicia, y piden esclarecimiento de los crímenes y localizar a los restos de sus seres queridos. Varias agrupaciones denuncian que el alto mando militar actual y los expresidentes Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle Herrera no colaboraron con ellos. De igual forma, estos activistas señalan al actual mandatario, Luis Lacalle Pou – hijo de Luis Lacalle-, como un agente que busca lavar la imagen de la dictadura.
Fue recién en el 2000 que el Estado reconoció esta realidad y, cinco años después, con la entrada en vigencia del gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, se aclararon los primeros seis casos. Sin embargo, la deuda sigue pendiente.
Otra huella que dejó este régimen son los exilios forzosos. Varias organizaciones de derechos humanos contabilizan que entre 1973-1985 hubo la movilización obligada fuera del Uruguay de 380.000 personas (14% de la población total).
“El infierno en la Tierra”
“A los detenidos se les apoyaba de una tabla, desnudos, y se les sumergía en agua por un buen tiempo, lo más que pudieran soportar. Los sacaban, les preguntaba si estaba dispuesto a hablar, y si la persona se resistía volvía a ser sumergido”, narró con estupor en 2013, y al Canal América, Yenny una soldado que sirvió para el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército, uno de los comandos más represivos y torturadores durante la dictadura.
Esta hoy ex soldado, cuenta que ella fue carcelera en La Tablada, un centro clandestino de detención, ubicado en el departamento de Montevideo, en donde sistemáticamente se violaron derechos humanos. El periodista uruguayo Rubén Sánchez – quien recogió las declaraciones de Yenny- alertó que este lugar siguió funcionando incluso bajo supuestos gobiernos de la “democracia” regida por los partidos tradicionales como el Colorado y Nacional.
Ella, hoy arrepentida y víctima de trauma psicológico, asegura que ahí conoció al infierno en la Tierra.
“En el centro de una de las salas había un gran gancho, como el que usan para colgar a animales muertos en las ganaderas. Ahí eran amarrados, con las manos juntas hacia arriba y eran subidos por una roldana (polea), hasta que quedaban totalmente colgados. Pude ver a un detenido, quien tenía la espalda dislocada, salida de lugar de tanto tiempo que los tenían colgados”, dijo.
Yenny cuenta que vio cómo agentes de la dictadura aplicaban – con alevosía- electricidad a los genitales y propiciaban golpes y maltratos sexuales, métodos que en nada se diferencian a las torturas de la Inquisición de la Edad Media.
“Nunca había visto atentar tanto contra la vida humana, como pude ver en esa sala de interrogatorios, lugar al que se me invitó a participar, a ver como experiencia, como la ‘nueva’ que yo era y que estuve obligada a pasar a ver”, recuerda Yenny en el video, a la par que alega que quería salir corriendo pero que no podía por ser presa del miedo ante las consecuencias que tendría que pagar.
Filtración importante
A mediados de este mes, medios de Uruguay informaron acerca de una importante filtración de archivos de la dictadura que también comprometería a gobiernos posteriores. La página Archive.org, en donde están alojados estos documentos – en su mayoría no dados a conocer públicamente- cataloga este material como los Archivos del Terror.
“El espionaje continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta el año 2004”, dice el o los autores de la filtración, citados por dicha página.
En los documentos – que son casi 1.600 entre ellos rollos de microfilm y diversos registros- “puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas”.
A 50 años del inicio del terror en Uruguay, este pueblo difícilmente sanará sus heridas. Como en Argentina, Chile y Paraguay, las cicatrices marcan a un pueblo que aun clama por la justicia y, en medio del silencio mediático, levanta las banderas contra la injerencia estadounidense que solo ha dejado sangre derramada y saqueo de bienes en estos países del Sur.
“Durante los doce años de la dictadura militar, Libertad fue nada más que el nombre de una plaza y una cárcel… estaban presos todos, salvo los carceleros y los desterrados: tres millones de presos. A uno de cada ochenta uruguayos le ataron una capucha en la cabeza; pero capuchas invisibles cubrieron también a los demás uruguayos, condenados al aislamiento y a la incomunicación, aunque se salvasen de la tortura. El miedo y el silencio fueron convertidos en modos de vida obligatorios”, denunció el gran Galeano.
